La reforma de la Ley de Extranjería facilitará los papeles a 11.000 migrantes al año en Canarias

Reducir la burocracia y facilitar la inserción laboral de miles de migrantes que ya están viviendo en España. Esto es lo que pretende el Gobierno central con la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería aprobada esta semana por el Consejo de Ministros, que abre la puerta a que 11.000 personas al año regularicen su situación en Canarias hasta 2027.

El cambio normativo conlleva importantes novedades respecto a las figuras de arraigo. Es el mecanismo que permite a las personas extranjeras que están España de manera irregular obtener los papeles y que dan derecho a residencia y trabajo. Hasta ahora existían cuatro a las que se añade una más para facilitar la regularización de quienes por diversos motivos contaran con una autorización previa y la hayan perdido. 

Otro de los principales cambios es el acortamiento de los plazos y la simplificación de procedimientos. El número mínimo de años de residencia en el país para poder acogerse a ellas se acorta de tres a dos. La reforma también homogeneiza los visados, que tendrán una duración de un año, incorpora mecanismos de protección para los trabajadores migrantes de temporada e incluye un refuerzo a la reagrupación, que permite que los ciudadanos extranjeros traigan al país a sus familiares de primer grado.

Unos cambios que, de acuerdo con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aporta mayores garantías y rigor jurídico en función de las necesidades del mercado laboral y de los propios migrantes, adaptando la regulación a la legislación europea y al reto demográfico del país.

A finales de 2023, 210.334 personas habían logrado una autorización por arraigo en todo el país. Son 84.938 más que en 2022. Pero el Gobierno central estima que gracias a esta reforma puedan ser muchas más, en concreto, unas 300.000 personas al año durante los próximos tres ejercicios. Por lo que si se extrapola esta estimación a los datos a nivel regional, el cambio normativo abrirá la puerta a la regularización de 33.000 personas en tres años en Canarias.

De acuerdo con los datos del Ministerio, a 31 de diciembre del año pasado 7.764 personas habían obtenido una autorización por arraigo en el Archipiélago. Suponen un 3,6% de todas las que se concedieron en España. Un 54% son mujeres y el grupo de edad más numeroso es el de aquellos que tienen entre 25 y 34 años.

La media de tiempo que han tenido que residir en el país antes de poder regularizar su situación es de 2,6 años y la mayor parte de ellos se encontraba en una situación de irregularidad profunda cuando lo consiguieron. ¿Esto qué quiere decir? Que no han tenido una autorización de residencia concedida previamente en España. En esta circunstancia se encontraban 7.197 de las personas que consiguieron el año pasado su autorización, mientras que 577 estaban en una situación de irregularidad sobrevenida, es decir, que han tenido uno de estos visados y lo han perdido.

En Canarias, la mayor parte de quienes obtienen la autorización por arraigo lo hacen por la vía familiar. 4.319 de las 7.764 personas la consiguieron a través de esta figura. El año pasado 2.780 personas solicitaron un arraigo social, mientras que 363 lo requirieron por tener una actividad laboral en el Archipiélago y 312 por estar desempeñando una actividad formativa.

Todas estas autorizaciones son incompatibles con las solicitudes de asilo, de manera que si la persona está cursando una solicitud de protección internacional no puede recurrir a ellas. Además, este cambio normativo es un proceso de regularización independiente del que impulsa la iniciativa legislativa popular –avalada con más de 600.000 firmas– y que prosigue su tramitación en el Congreso de los Diputados, después de que fuera apoyada de forma mayoritaria por los grupos el pasado mes de abril. Con ella, se espera que medio millón de personas en situación irregular en España puedan conseguir sus papeles, 26.000 de ellas en Canarias. Por eso, la reforma ha sido tildada de «insuficiente» por parte del departamento de Migraciones de la Conferencia Espiscopal Española (CEE), que señala que deja fuera a 75.000 personas en toda España. 

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