Vivienda
‘Pacto de Estado’ para abrir la Reserva para Inversiones en Canarias a la construcción de viviendas
Coalición, PP y PSOE acuerdan una modificación del REF que se considera clave para hacer frente a la carestía de casas que padecen los isleños

Un obrero trabaja en la instalación de los marcos de las ventanas de un futuro edificio de viviendas. / Arturo Jiménez
La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) podrá destinarse para la adquisición, promoción y/o construcción de inmuebles cuyo fin sea el arrendamiento. Los tres grandes partidos del Archipiélago, Coalición Canaria (CC), PP y PSOE, han pactado en el Senado una modificación de la ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) que permitirá que las empresas puedan emplear los fondos que hayan destinado para la RIC en promover y levantar pisos y casas para su posterior alquiler. Una suerte de pacto de Estado, cada vez menos habitual en tiempos en los que predomina la crispación política, que permite esquivar el veto de Vox a una medida que tanto el Gobierno regional como las dos patronales provinciales de la construcción consideran clave para paliar la carestía de viviendas que padecen los isleños.
El principal problema que sufre el mercado inmobiliario en la Comunidad Autónoma es el enorme desequilibrio existente entre la oferta y la demanda. El número de familias, es decir, la demanda potencial de casas, crece en la región siete veces más rápido que la cantidad de viviendas que se ofrece en el mercado. Según el informe Necesidad de suelo en España 2024, un trabajo de la Asociación de Promotores y Constructores de España y de la consultora Colliers, las Islas contarán de aquí a 15 años con 167.380 inmuebles menos de los necesarios para que sus habitantes puedan tener acceso a una residencia en condiciones. Una residencia que puedan pagar sin comprometer su economía y, por ende, su futuro.
El acuerdo entre los tres grandes partidos mejora el texto que la maniobra de Vox bloqueó en el Congreso
No hay ninguna otra comunidad con un desequilibrio tan profundo entre oferta y demanda, de ahí que los precios y los alquileres se hayan disparatado en los últimos años. La única fórmula segura para reequilibrar el mercado es incorporar más y más viviendas a la oferta, lo que desembocará en la moderación de los precios. Por eso el Ejecutivo autonómico trata de facilitar que la iniciativa privada promueva y construya tantos pisos y casas como sea posible. La carestía de inmuebles es de tal magnitud que sin la colaboración pública-privada, esto es, sin la participación de las empresas, será imposible levantar tantísimas viviendas –de todo tipo– como las que los canarios necesitan. Y para ello es imprescindible, tal como ha venido demandando la patronal, que la RIC pueda destinarse para la compra, promoción y/o construcción de casas, tanto protegidas como libres, con la finalidad de ponerlas en alquiler. Es precisamente esto lo que CC, PP y PSOE han acordado.
La RIC es uno de los principales incentivos del REF para promover la inversión. Para las empresas –también los autónomos pueden beneficiarse de la RIC, en su caso en la declaración de la renta–, el incentivo se materializa en el Impuesto sobre Sociedades (IS). La entidad puede reservar para la RIC –de ahí su nombre– hasta el 90% de los beneficios que obtenga en el ejercicio fiscal, cantidad por la que no tendrá que tributar en el IS a cambio de invertirla en los tres siguientes años. Sin embargo, entre las posibilidades en que invertir la Reserva no se encuentran, ya sea porque no se han incluido en la ley de forma explícita o porque no hay suficientes garantías, ni la construcción ni la rehabilitación de viviendas. El texto pactado en la Cámara Alta entre nacionalistas, populares y socialistas acaba con esta exclusión. Un texto que va un paso más allá del que se negoció en el Congreso hace un par de semanas y que finalmente no prosperó porque Vox impugnó el procedimiento para las enmiendas pactadas a última hora entre el Gobierno central y los grupos de la oposición.
Las Islas son la región con más desequilibrio entre una nimia oferta inmobiliaria y una demanda disparatada
Aquella frustrada modificación de la ley del REF habría permitido invertir la RIC en la promoción de casas destinadas al arrendamiento siempre que se tratase de viviendas protegidas, que son esas que cuentan con ayuda pública a cambio de que se pongan a disposición del grueso de la sociedad.
La nueva redacción acordada por los tres grandes partidos también posibilita que las empresas empleen los fondos de la RIC en vivienda libre. Se atiende así la reclamación tanto de las patronales sectoriales de la construcción como de la CEOE-Tenerife y la Confederación Canaria de Empresarios. La necesaria modificación del REF se materializará a través de una enmienda a la polémica reforma fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez.
Por un lado se reformará el cuarto apartado del artículo 27 del REF para que la RIC también pueda emplearse en la rehabilitación y promoción de viviendas protegidas para su futuro arrendamiento aun cuando la Administración pública –y esta es una novedad– intermedie entre la firma promotora y el inquilino. ¿Por qué? Pues porque muchas empresas no tienen garantías de un mínimo retorno de la inversión y precisan la seguridad de que el edificio contará con inquilinos, que es lo que facilitará la Administración con sus listas, larguísimas, de demandantes de vivienda. Por otro lado se incorpora a la ley del REF una nueva disposición adicional, la decimaquinta, en virtud de la cual se posibilita el uso de los dineros de la RIC en la «adquisición y, en su caso, construcción de bienes inmuebles situados en Canarias, siempre que se destinen de modo novedoso al arrendamiento de vivienda con o sin opción de compra».
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