Ascav recurre ante el Supremo el doble registro de casas turísticas

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) solicita al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del real decreto que regula los alquileres de pisos turísticos a través de un registro único de arrendamiento, tanto para uso turístico como de temporada, y de la creación de una ventanilla única digital para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos. Los propietarios de este tipo de inmueble consideran que se les obliga a duplicar trámites. 

Ascav recuerda que las competencias en turismo, y por tanto, en la ordenación de los alojamientos turísticos, son exclusivas de las comunidades autónomas. De hecho, Canarias ya cuenta con un registro general en el que deben estar inscritas todas las viviendas vacacionales de las Islas, o al menos esa es la obligación si quieren operar de manera legal en plataformas de alquiler.  

Con la aplicación de la norma estatal, un canario que tenga una casa turística, además de anotarla en el registro autonómico, deberá acudir al registro de la propiedad, dependiente del Ministerio de Justicia, para hacer una nueva inscripción y verificación -por parte de un registrador- de un inmueble que ya estaba previamente inscrito.

Ante «el perjuicio irreparable» que, desde el punto de vista de Ascav, el real decreto va a causar en el subsector de las viviendas turísticas, la asociación reclama su suspensión. 

El vicepresidente de la asociación, Javier Valentín, es contundente: «vulnera las competencias de las comunidades autónomas y, por tanto, es anticonstitucional». Además, añade que «España se ha saltado a la torera lo que dice la Unión Europea». Precisamente porque las normas europeas «tienen primacía» frente a las estatales, y existe un reglamento europeo que deja claro que «los Estados miembros garantizarán que no exista un doble procedimiento». Algo que, de aplicarse el decreto, estaría incumpliendo el Ministerio de Vivienda, que impulsa la iniciativa, y por ende, el Gobierno de España. 

De ahí que Ascav considere que es una medida que «vulnera la normativa comunitaria europea» y haya presentado, también, una denuncia formal ante la Comisión Europea para hacer constar esta situación. 

Suscríbete para seguir leyendo