Canarias empieza a pasar a rústico el suelo afectado por la moratoria

Las sentencias condenatorias contra la comunidad autónoma como resultado de la moratoria de 2009 comienzan a tomar forma en la vertiente formal, que obliga a recalificar como suelo rústico las parcelas en las que varios hoteleros proyectaban nuevos establecimientos. En paralelo, el Gobierno de Canarias negocia una quita con los empresarios titulares de las parcelas para evitar el pago de unas indemnizaciones que se sitúan en el entorno de los 1.000 millones de euros.

Para contextualizar el problema, es necesario retrotraerse a los tiempos del primer Gobierno de Paulino Rivero. Dicho Ejecutivo, que compartían Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) –el acuerdo se rompió en octubre de 2010 tras apoyar los nacionalistas los últimos presupuestos estatales del entonces presidente José Luis Zapatero (PSOE)– impulsó en mayo de 2009 la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial de Canarias. 

La ley que dio origen al problema la impulsó el primer Gobierno de Paulino Rivero (CC)

A la postre y visto el resultado, abrió la puerta a una exitosa judicialización para los empresarios del sector alojativo. La norma daba en su artículo 17.1 un plazo de medio año a «los titulares de suelos urbanos de uso turístico» para optar «por su reclasificación a rústico (...) mediante la modificación del planeamiento general, reconociéndoles a cambio la correspondiente indemnización por los derechos edificatorios». De no hacerlo, tendrían que guardar en un cajón durante cinco años sus intenciones de construir nueva planta hotelera, y ver luego.

36 reclamaciones

Error de cálculo de aquel gobierno o no, los hechos revelan un uso intensivo –36 expedientes– de la vía indemnizatoria por parte de las empresas. Sin embargo, sus solicitudes toparon con el silencio administrativo en su vertiente más kafkiana: la ley señalaba cómo debían operar y nadie atendía sus peticiones para devolver el carácter de rústicos a los suelos de su propiedad. Esa inactividad administrativa les determinó a acudir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El resultado de todas las sentencias es idéntico. Por un lado instan a los ayuntamiento a concretar el proceso de cambio de uso de las parcelas afectadas y, por el otro, conminan al Gobierno autonómico a calcular el justiprecio aplicable para compensar a los propietarios de los terrenos y pagar. Hasta la fecha, no había ocurrido ni lo uno ni lo otro. Algo que ha empezado a cambiar.

La inactividad administrativa decidió a los empresarios a acudir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Fuentes del Gobierno de Canarias confirman que las conversaciones con los empresarios «avanzan», si bien aún no se ha llegado a un acuerdo que remitir a los juzgados. La sentencia deja en manos del Ejecutivo el establecimiento de las cantidades, pero no basta con eso. La suma ha de satisfacer también los intereses de los empresarios para evitar otra vía abierta para la judicialización del caso.

El avance se ha producido en lo que respecta a la recalificación de los suelos. Desde el 18 de diciembre, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) comenzó a recoger anuncios de la Viceconsejería de Planificación Territorial y Reto Demográfico dando cuenta de los acuerdos de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental sobre modificaciones menores de los planeamientos de varios municipios.

Desde diciembre, el BOC enumera acuerdos de Evaluación Ambiental para iniciar las recalificaciones

Las recalificaciones a las que obligan las 36 sentencias condenatorias «se inician con estos documentos», explicó el viceconsejero Onán Cruz. Restan por publicarse en el BOC alrededor de una decena, cosa que ocurrirá «en breve», añadió.

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