Los dueños de apartamentos residencializados tupen el ‘mail’ de los diputados autonómicos

Por centenares recibieron este lunes correos electrónicos los diputados y diputadas autonómicos. Los remitentes eran afectados por el uso residencial de apartamentos turísticos que protestaron así contra el proyecto de ley que regula el alquiler vacacional. El texto «es una gran trampa», en opinión de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT).

«¿Quieres seguir usando tu vivienda como primera o segunda residencia o bien alquilarla? Pues es hora de actuar». Con estas palabras, la presidenta de la PALT, Maribe Doreste, animó en la mañana del domingo a dirigirse a sus señorías a través de correo electrónico». El resultado fueron los centenares de emails cursados desde entonces.

«¿Quieres seguir usando tu vivienda como primera o segunda residencia o bien alquilarla? Pues es hora de actuar», rezaba el Whatssapp enviado por la PALT el domingo

Dar un uso residencial a estos inmuebles es la reivindicación que la PALT ha puesto sobre la mesa en los últimos años. Poder hacerlo sin la amenaza de multas de 3.000 euros, que se convierten en 300.000 si persiste la actividad y que desembocan en la sustitución del titular, es decir, la expropiación sin contraprestación alguna.

¿Por qué si la ley contra la que protestan solo regula el alquiler vacacional ha recibido esta respuesta por parte de la PALT? «Porque es un caballo de Troya, una estafa», sostuvo ayer Doreste. El argumento es la descripción que, en su interpretación, hace de sus inmuebles el proyecto de ley que se tramita en la Cámara regional.

Maribe Doreste asegura que no habrá remodelación legislativa posterior que les pueda proteger

Dentro de la renovación de las leyes turísticas, la Consejería de Empleo y Turismo del Gobierno de Canarias incluye la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias. Una ventana abierta para la solución de los problema derivados de la residencialización. Algo que para la presidenta de la PALT ya no tendrá sentido si se aprueba la norma sobre vivienda vacacional como está redactada.

Lucha en Canarias por la derogación de la ley que limita el uso residencial de viviendas en zonas turísticas

En el vacacional, no

«Solo tiene sentido su reacción si lo que desean es poder destinar sus inmuebles al alquiler vacacional, pero eso tiene difícil explicación; no quieren ceder sus apartamentos para la explotación turística, que es para lo que eran esos inmuebles cuando los adquirieron y, sin embargo, desean entrar en el negocio alojativo por otra vía; eso no va a poder ser», señalaron fuentes del Gobierno canario.

«Pon expropiación encubierta: la gran estafa, en el asunto del correo», animó en el texto enviado desde su cuenta de Whatssapp Maribe Doreste a los integrantes de la plataforma en la mañana del domingo. Y continuó en mayúsculas: «Tienen que saber qué es lo que opina la calle, tienen que saber que tu voto cuenta. Esto equivale a una gran manifestación. Les estamos hablando a ellos directamente».

«Esto solo tiene sentido si quieren destinar sus apartamentos al alquiler vacacional», señalan en el Gobierno

En esta ocasión, sin proponer un texto cerrado. «Sé tu mismo», señaló la presidenta de la PALT para explicar que se trataba de que cada afectado por la residencialización explicara su caso particular. «Es ahora o nunca. O defiendes lo tuyo, o te quedas sin ello», añadió. Como además, hizo extensivo el llamamiento a la acción a «todos los miembros de la familia con distintos email» y también a «amigos y gente que apoya», cada diputado se encontró en la mañana de este lunes con entre 200 y 400, en el peor de los casos, correos electrónicos en su bandeja de entrada. 

Tampoco fueron tantos si, como sostiene Maribe Doreste existen «17.000 censados en San Bartolomé de Tirajana» en estas circunstancias «y otros 3.000 en Mogán». A los que hay que añadir los residentes en «Adeje, Arona y otros municipios» del Archipiélago.

Los parlamentarios regionales recibieron entre 200 y 400, en el peor de los casos, correos electrónicos

La libertad de acción dada por la PALT a la hora de exponer cada caso particular se tradujo en una casuística casi infinita sobre el entendimiento de la situación por parte de los afectados o quienes les apoyan. La ausencia de malos modos fue prácticamente absoluta, si bien el tono agrio se convirtió en mayoritario. «Como ustedes no tienen un inmueble en esta situación, el resto de los canarios les dan igual», se leía en uno de ellos.

Alusiones al 20A

En otro, uno de los afectados aseguró que el «pueblo despertó el 20A», si bien las movilizaciones celebradas en esa fecha en las capitales canarias y las convocadas justo seis meses después en los enclaves en los que se concentra más intensamente la actividad alojativa exigían un menor impacto de la actividad turística en la vida de los canarios y el medio ambiente de las Islas.

Un objetivo que, a decir de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), acerca esta ley que regula los pisos turísticos. Al menos atendiendo al alto número de inmuebles en los que hoy se desarrolla esta actividad y en los que, según ellos, será imposible que continúe. Una reducción de la actividad que, según explicó la presidenta de Ascav, Doris Borrego, costará a las arcas canarias 170 millones de euros al año.

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