Canarias tiene un límite vuelve a sacar a las calles a la ciudadanía contra el turismo de masas

Pasan trece meses desde que el movimiento Canarias tiene un límite llamara por vez primera a la ciudadanía a tomar las calles de las Islas en unas manifestaciones contra el modelo turístico de masas y las negativas consecuencias que este trae para, entre otras cuestiones, el medioambiente o el acceso a la vivienda. Hoy llega el tercer asalto porque los convocantes consideran que nada ha cambiado desde la primera llamada de atención.

Y nada ha cambiado en lo que tiene que ver con las derivadas principales: la llegada masiva de turistas continúa produciéndose y encontrar un hogar en el que asentar un proyecto de vida continúa siendo igual o más difícil que el 20 de abril del pasado año, fecha de la primera protesta. Sí ha cambiado, sin embargo, el espacio que ocupan ahora en el debate político algunas de las demandas de los colectivos que integran el movimiento. Por ejemplo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya ha advertido a los empresarios del sector de que sus beneficios tienen que llegar de algún modo al conjunto de la sociedad. Por las buenas o por la vía fiscal.

La ecotasa de Mogán

Hay más. El PSOE, que durante los cuatro años que estuvo al frente del Gobierno autonómico no abrió ese debate, aboga ahora –el golpe que la pandemia propinó al motor económico es el argumento para no haberlo hecho antes– por instaurar un impuesto que grave la actividad alojativa. Y Mogán tiene en vigor una tasa que deben pagar los visitantes por cada noche que pasan en el municipio.

Y sin abandonar el flanco político, la regulación del subsector del alquiler turístico está en pleno proceso de tramitación parlamentaria. La norma, aseguran los propietarios de viviendas vacacionales, está diseñada para que muchos de ellos tengan que dejar esa actividad, lo que debería devolver sus inmuebles al segmento residencial. De ser así, el mercado inmobiliario podría registrar un ansiado descenso de precios, además de ofrecer más posibilidades a los aspirantes a ser arrendatarios.

También se ha movido el árbol en otros lares. Como en el de las relaciones laborales. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los trabajadores de hoteles y apartamentos fueron a la huelga tras una frustrada negociación entre ellos y patronal (Ashotel). Las partes mantienen abiertas las negociaciones en este momento. 

En la de Las Palmas sí hubo entendimiento, con un importante incremento salarial y la garantía de que en negociaciones próximas se introducirán aspectos hasta el momento inéditos como la compra de camas que permitan a las camareras de piso realizar su trabajo sin comprometer su salud.

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Abrir el debate

El breve análisis de lo sucedido durante el último año niega el inmovilismo declarado por algunos de los convocantes, pero permite al mismo tiempo concluir que las protestas –en los enclaves más turísticos se repitieron seis meses después de las primeras– han logrado abrir de par en par las puertas del debate y se han traducido en resultados.

No obstante, lo que no ha cambiado es el modelo de negocio, basado en la llegada de cuantos más viajeros mejor. De hecho, el pasado ejercicio se cerró con la cifra récord de 17.767.834 turistas, millón y medio más que los que escogieron el Archipiélago a lo largo del ejercicio inmediatamente anterior. Mientras se enuncia el objetivo de conseguir que lleguen menos pero con mayor poder adquisitivo, los números revelan que la senda que se recorre es la de siempre. Junto a esto, tampoco amainan los problemas cuando se trata de encontrar vivienda.

Frente a todo este contexto, el movimiento Canarias tiene un límite ha puesto sobre la mesa sus demandas, de corte ambientalista. Entre ellas la de paralizar los «proyectos destructivos», catálogo en el que incluyen complejos como el de Cuna del Alma, en Tenerife. 

En esa misma línea, quieren frenar el crecimiento de la oferta alojativa para reducir la presión de la población flotante sobre el entorno. Uno de los grandes retos que tiene que solucionar de manera más urgente el Archipiélago es el del tratamiento de los residuos que en él se generan, y el turismo, a pesar de la concienciación de un alto porcentaje de los visitantes, no es un buen socio.

Ley de residencia

La carga poblacional es otro de los grandes problemas y por ello abogan por una ley de residencia. Un objetivo en el que coinciden con el Gobierno de Canarias, pero que, al menos hasta el momento no encuentra encaje legal en la normativa europea. 

La tasa turística la quieren hacer extensiva a la totalidad de la comunidad autónoma, así como la implantación de sendas leyes para la restauración ambiental y ecológica de las áreas que se han visto degradadas durante las últimas décadas. En ese mismo orden de cosas, exigen que se protejan los espacios naturales y se defienda el patrimonio cultural canario.

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