Competencia advierte a las eléctricas que no pueden subir el precio de la factura de la luz por el apagón

Las compañías eléctricas no pueden repercutir los sobrecostes del apagón a sus clientes en la factura de la luz. Así de clara se muestra la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en una resolución en la que afirma que solo se podrá cambiar el precio de un contrato si existe una cláusula específica para ello y anima a los consumidores a denunciar en los tribunales cualquier cambio de precio de sus contratos por el cero energético.

Desde el 28 de abril, Red Eléctrica opera el sistema eléctrico en lo que ha denominado como 'modo reforzado', que supone tener a su disposición más centrales convencionales (ciclos combinados, nucleares o centrales de carbón) de las habituales para poder utilizarlas ante cualquier desequilibrio que se pueda producir en el sistema eléctrico. Esto se traduce a la práctica en un incremento de los costes de los servicios de ajuste, que afectan directamente al precio final de la electricidad.

Según datos publicados por Red Eléctrica de España, el coste medio de las restricciones técnicas en el mercado diario durante mayo fue de 22 euros por megavatio-hora (MWh), frente a los 9 euros por MWh registrados en mayo de 2024, lo que representa un incremento superior a 13 euros por MWh. Esta cantidad se suma al precio del mercado diario y otros componentes para determinar el precio final de la energía, que es uno de los tres principales componentes de la factura de la luz (junto a los costes regulados y los impuestos).

En el mercado regulado (unos 8 millones de usuarios), la factura está indexada al precio del mercado eléctrico; mientras que en el mercado libre (casi 22 millones), la mayoría de consumidores tienen un precio fijo, que establece la comercializadora de forma anual en función de las previsiones de precio del mercado de la electricidad. El problema es que en esas estimaciones no se incluyó la posibilidad de que Red Eléctrica operase bajo un modo reforzado que elevaría los precios del mercado.

Las comercializadoras se quejan ahora de tener que asumir unos costes que no han podido incluir en sus cálculos porque no existían. Y de ahí que "alguna comercializadora" haya planteado a la CNMC la posibilidad de modificar las condiciones de sus contratos para "trasladar al consumidor el incremento de esos costes", según explica el 'superregulador'. Pero el organismo que preside Cani Fernández descarta esta posibilidad.

"Cualquier modificación de un contrato a precio fijo, más allá de la que corresponda a una variación prevista de los componentes regulados de la factura, no sería acorde a las cláusulas del contrato", defiende la CNMC en una resolución del 16 de junio publicada este lunes. "El coste de los servicios de ajuste de la operación del sistema no puede considerarse un componente regulado y, por tanto, en este tipo de contratos a precio fijo, el traslado de posibles incrementos al consumidor de este término antes de la finalización o prórroga del contrato no es acorde al mismo", añade.

Pero no solo eso. La CNMC anima a los consumidores a dirigirse a "los Juzgados o Tribunales del lugar donde se ubique el suministro" en caso de que se encuentren con cambios en su contrato motivados por el apagón o acudan al "sistema alternativo de resolución de conflictos, que debe ser ofrecido por las comercializadoras". Además, recuerda que todas las facturas deben incluir un código QR con el que se puede acceder al comparador de ofertas de la CNMC y comparar la propia factura con otras opciones disponibles.

Cuantía del sobrecoste

La Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE), la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (acie), la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aeléc), que agrupa a las grandes compañías, han pedido en una declaración conjunta que Red Eléctrica publique "de manera inmediata el sobrecoste" que esta situación de operación reforzada está generando en relación con una situación normal y que indique "durante cuánto tiempo va a estar vigente" para que comercializadores y consumidores "dispongan de la visibilidad necesaria para adoptar decisiones informadas basadas en datos públicos".