El Gobierno, dispuesto a que Sepi entre en el consorcio de Sidenor para salvar el caso Talgo

El Gobierno está dispuesto ahora a facilitar que Sepi (su brazo inversor) participe en la operación Talgo para que el consorcio encabezado por Sidenor cierre oficialmente la compra del 29,7% del fabricante de trenes. Han pasado cinco meses desde que el grupo que encabeza José Antonio Jainaga (dueño de Sidenor), en unión de las cajas vascas BBK y Vital y el propio ejecutivo vasco, anunciase un preacuerdo para comprar la participación del fondo Trilantic en Talgo. Y todo apunta a que la entrada del Estado, que ha frenado la entrada de Sepi, está a punto de solventarse. Las fuentes consultadas señalan que en este sentido es clave el encuentro bilateral que el martes mantiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Imanol Pradales para cerrar los traspasos de competencias pendientes en un momento en el que el Ejecutivo central necesita asegurarse el apoyo de sus socios. De hecho, la semana pasada, el PNV, el partido que gobierna en el País Vasco, dio un puñetazo en la mesa al asegurar que el Ejecutivo central estaba torpedeando la operación.

La fórmula de entrada

La idea fundamental, según algunas fuentes, pasa porque Sepi aporte, a través de un préstamo convertible en acciones, unos 75 millones de los 150 millones que estaban pendientes inicialmente. Los restantes 75 millones los aportaría el consorcio vasco. Jainaga siempre ha condicionado la firma oficial del acuerdo a que en la operación participase el Estado como una forma de aliviar las tensiones financieras de Talgo, tanto desde el punto de vista de inyectar recursos directamente, como de usar la presencia del Estado como una garantía en la renegociación de los créditos de la compañía, que mantiene una deuda de 400 millones de los que unos 140 millones se deben renovar este año.

Pérdidas

También la presencia del Estado en el capital de Talgo ayudaría en el espinoso asunto de la multa que la estatal Renfe impuso al fabricante de trenes por los retrasos acumulados en la entrega de material, cuyo importe, de 116 millones, llevó el año pasado a que Talgo arrojase pérdidas por 108 millones. La ayuda se materializaría no en el perdón de la multa, pero sí en flexibilizar el pago, fundamentalmente a través de unos plazos más dilatados, que podrían llevar los pagos al 2040.

Además, hay que tener en cuenta que el consorcio que lidera Jainaga pactó pagar un precio fijo de 4,15 euros por acción por el 29,7% de Talgo, lo que, junto a los variables acordados, elevaba el total del pago de la operación a 185 millones. El problema es que la cotización de Talgo está ahora más de un 20% por debajo del precio que se pactó. El 1 de agosto, tras el cierre del mercado, Talgo presenta sus estados financieros en lo que se percibe como una nueva prueba de fuego para la empresa.

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