El Gobierno avisa a las eléctricas de que “sin duda” España está preparada para cerrar las nucleares

El Gobierno se ha mostrado dispuesto a estudiar una ampliación de la vida de las centrales nucleares si las compañías eléctricas propietarias lo solicitan formalmente y siempre que no esto no implique de ninguna manera que los consumidores asuman costes extra, ya sea con subidas en el recibo de la luz o de manera indirecta con las rebajas de impuestos que reclaman las energéticas. El Ejecutivo se abre a tramitar una petición de las empresas si llega, pero no considera que aplazar el cierre de las centrales nucleares sea imprescindible.

El Gobierno considera que “sin duda” España está preparada para cerrar sus nucleares siguiendo el calendario previsto, pactado por las propias compañías eléctricas y que contempla clausuras escalonadas entre 2027 y 2035 hasta el apagón nuclear total en el país. “Nadie plantea quitar [la energía nuclear] de un plumazo, nadie plantea un todo o nada. Solo los que dicen que no se puede cerrar”, ha indicado en una entrevista con Cope el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, que defiende el calendario de cierres “gradual, escalonado y técnicamente viable” actualmente programado.

El ‘número dos’ del Ministerio para la Transición Ecológica ha subrayado que las eléctricas pactaron entre ellas en 2019 el actual calendario de cierre de todas las centrales nucleares porque "no les salían las cuentas" y "a día de hoy dicen que siguen sin salirles los números", por lo que aparentemente descartan pedir una ampliación de la vida de los reactores si el Ejecutivo no accede a una rebaja de impuestos o a revisar a la baja la tasa que pagan las centrales para financiar los costes de gestionar sus residuos radiactivos. "Y el Gobierno les ha dicho que no".

“No hay ningún tipo de negociación ni diálogo abierto” con las eléctricas para aplazar los cierres de las centrales, ha sentenciado Groizard, subrayando que las compañías no han trasladado ninguna petición formal para ampliar la vida de los siete reactores operativos en el país. "No hay ningún movimiento. No sabemos si es más un tema de escenificar ante la prensa que [los cuatro propietarios de las instalaciones: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP] no quieren ser los responsables del cierre, porque seguimos sin tener ningún tipo de petición de ampliación",

El Gobierno ha venido trasladando en los últimos meses que mantener abiertas las centrales nucleares más allá de las fechas de cierre programadas no es imprescindible, y que no existe ninguna evidencia de que suprimir la energía nuclear de manera progresiva implique riesgo para la seguridad de suministro en España. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuya última versión fue aprobada por el Ejecutivo el año pasado, contempla los objetivos energéticos del país hasta 2030 y ahí se contempla el cierre de las centrales nucleares de Almaraz I, Almaraz II y Ascó I sin que el Gobierno haya detectado riesgos para la seguridad de suministro.

"España tiene un plan muy ambicioso que apuesta sobre todo por las renovables, que es la opción más competitiva y mejor en costes. España está preparada para ello", ha indicado Groizard. "El modelo más barato y más competitivo son las renovables. (…) Lo que nos da independencia energética en España son las renovables. Tenemos la tecnología y los recursos", frente a la dependencia que implica la necesidad de importar uranio enriquecido para que funcionen las nucleares y del que un proveedor fundamental es la Rusia de Putin.

Vetos cruzados

Las cuatro grandes eléctricas pactaron en 2019 entre ellas y con el Gobierno un calendario de cierre de todas las centrales nucleares, que contempla clausuras escalonadas entre 2027 y 2035. Las compañías piden aplazar esos cierres y ampliar la vida, pero solo si hay una revisión de las condiciones económicas y fiscales de las plantas.

La exigencia gubernamental de que la propuesta de las eléctricas no conlleve el traslado de costes a todos los consumidores en el recibo de luz es la que ha condenado hasta ahora a una parálisis total el proceso para intentar aplazar el cierre de las centrales nucleares españolas. Y es que para las eléctricas propietarias de los reactores resulta imprescindible una rebaja de los impuestos que pagan las centrales para plantearse una ampliación de las operaciones y aplazar su clausura. Si no hay una revisión de las condiciones de fiscalidad y económicas de las plantas nucleares, las compañías dicen no estar interesadas en seguir con ellas porque no son rentables. Es su propia línea roja.

Gobierno y eléctricas están protagonizando una gran ‘partida de póker' que bloquea el inicio de una negociación formal sobre el futuro de las nucleares. Un juego en el que ambas partes buscan llegar en una posición de fuerza en el momento en que se abran las conversaciones de verdad. Las exigencias previas e irrenunciables de uno y otros sobre los impuestos de las nucleares se han convertido en el escollo fundamental para que se produzca cualquier avance.

Las eléctricas quieren que el Gobierno acabe reconociendo que aplazar el cierre de las nucleares es necesario para dar estabilidad al sistema eléctrico, y así la negociación se centrará en qué condiciones permiten mantener abiertas las plantas (fundamentalmente las condiciones económicas y fiscales para garantizar su viabilidad y rentabilidad). Y el Ejecutivo niega que mantener las nucleares sea imprescindible y presiona para que las compañías, si piden prorrogar las licencias de las plantas, lo hagan en todo caso asumiendo el actual marco económico y regulatorio. El primero que se mueva de su posición maximalista inicial ‘pierde’. El que aguante más llegará en una posición de fuerza a la mesa de diálogo

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