Canarias tiene suelo ‘reservado’ para edificar 255.446 viviendas pendientes

El desequilibrio entre la falta de oferta y la elevada demanda explica, en gran medida, la tensión que existe en el mercado inmobiliario y la crisis habitacional que sufre Canarias. La construcción de viviendas es clave para atajar la problemática y el Archipiélago cuenta con suelo reservado para hacerlo. Así lo refleja el informe Mercado inmobiliario en España: tres claves para bajar la tensión, de OBS Business School, que cifra en 255.446 las viviendas pendientes por construir en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable de las Islas. Es decir, en terrenos urbanos que necesitan obras complementarias o alguna transformación y en aquellos que, aunque no son urbanos todavía, el planeamiento indican que son aptos para desarrollarse en un futuro.

El estudio, que se apoya en los datos del Sistema de Información Urbana (SIU), indica que Canarias dispone de áreas de desarrollo urbano con capacidad para 363.744 viviendas, de las cuales solo se ha ejecutado el 30%. No se trata de un problema exclusivo del Archipiélago. El informe apunta que el número total de viviendas que pueden llegar a edificarse en este tipo de suelo en España asciende a 9.503.170 unidades, pero la mayor parte de ellas aún no se ha construido, en consonancia con la propia naturaleza de las áreas de desarrollo. De hecho, de las más de 9,5 millones de viviendas previstas en estas áreas, aún faltan por edificarse cerca de 6,9 millones.

Gran freno

Desde el punto de vista de los constructores y promotores, el gran freno para levantar vivienda en Canarias no es tanto la falta de intención como la excesiva complejidad y lentitud de los trámites urbanísticos. Antes de poner un ladrillo, el sector debe pasar por un auténtico laberinto: desde la aprobación del suelo urbanizable en los planes generales, la definición concreta de parcelas hasta la clarificación de la propiedad de las fincas. A ello se suman la elaboración y tramitación del plan parcial. Y después llega la redacción del proyecto de urbanización, la aprobación municipal y la licencia de obra. Solo entonces empieza la construcción. En conjunto, un proceso que puede extenderse más de cinco años.

El problema de la falta de oferta en las Islas no está tanto en el suelo como en el farragoso proceso burocrático que hay detrás de la construcción de vivienda. La clave hacia la solución está en avanzar hacia una simplificación administrativa. Ya que entre que se clasifica un suelo como urbanizable y que realmente se convierte en barrio habitable pueden pasar años, o incluso décadas. Además, intervienen múltiples administraciones –ayuntamientos, cabildos, Gobierno autonómico y ministerios– lo que multiplica los plazos. En el caso de Canarias, los retrasos en licencias y aprobaciones son especialmente acusados.

También hay que tener en cuenta el interés de los promotores y los costes de la producción. Los constructores de las Islas se han quejado en más de una ocasión del encarecimiento de los materiales y, además, la escasez de mano de obra se ha convertido en un obstáculo añadido. La situación ha llegado a tal punto que la patronal de la construcción de Las Palmas ha iniciado gestiones para traer alrededor de un millar de trabajadores extranjeros, con el fin de cubrir la falta de mano de obra cualificada que sufre el sector. La carencia de personal es tan acusada que algunas obras se ven ralentizadas o paralizadas, hasta el punto de que los empresarios estudian habilitar viviendas modulares para alojar a estos empleados y garantizar así el avance de los proyectos.

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