El fracaso de las licitaciones frena 192 obras públicas por 160 millones

El problema persiste. Con la inflación ya controlada, pudiera parecer que se reducirían las licitaciones que se quedan desiertas en Canarias porque ninguna empresa se presenta para realizarlas. Nada más lejos de la realidad. La situación no solo se mantiene, sino que se agrava y amenaza con convertirse en estructural. Hasta agosto, los contratos públicos que no han recibido ninguna oferta han crecido en el Archipiélago de forma exponencial. En total, 192 obras se han visto frenadas al no encontrar quien las construya. En conjunto, suman 160 millones de euros, una inversión paralizada que en ocho meses incluso supera a la de todos los contratos que quedaron desiertos en años anteriores. Y esto, no es solo un problema para el sector privado, por la reducción de actividad que supone; o de las administraciones públicas, que deben buscar cómo sacarlos adelante, sino también para los ciudadanos. Porque su de salud sigue deteriorado al no empezar la reforma, sus hijos de dos años no pueden iniciar el curso porque no se han hecho las obras necesarias en los colegios o no dispone de una nueva oficina de la Seguridad Social más cercana.

En 2021 y 2022 la cantidad de contratos públicos que quedaron desiertos comenzó a multiplicarse. 293 obras por 136,5 millones de euros no fueron adjudicadas. ¿El motivo? La crisis inflacionista disparó el precio de los materiales de construcción y los proyectos –muchos de ellos redactados antes de la pandemia– no tenían precios acordes a la nueva situación económica. Las empresas no se presentaban a los concursos ante la imposibilidad de finalizarlas. Pero la situación no se corrigió en 2023 ni en 2024 con la subida de precios ya más controlada. Gobierno, cabildos y ayuntamientos declararon desiertas más de 300 obras, con un montante total de 177 millones. Este año se ha recrudecido y la inversión que se ha visto frenada en solo ocho meses está muy cerca de la cantidad de los dos años anteriores en su conjunto, según los datos de las patronales canarias de la construcción.

Pero las asociaciones empresariales del sector advierten de que las razones de que se sigan quedando muchas obras sin adjudicar ya no debe buscarse en la inflación, sino que sistemáticamente se licita por debajo del coste real de la obra.

Precios desfasados

«Muchos precios son poco realistas», recalca Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), que detalla que «muchas administraciones sacan concursos con precios base ajustados, que no cubren el coste real de materiales, mano de obra, seguridad o imprevistos».

Para María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas, los precios de muchos de los proyectos «están desfasados y totalmente fuera del mercado». El tiempo que pasa entre que se redactan y salen a licitación pública tiene mucho que ver –ya que muchos de ellos tardan incluso años pero, también la incapacidad de la propia administración «que trata de hacer los proyectos con el dinero que tiene en el presupuesto y muchas veces no es viable».

Las patronales insisten en que se han encontrado contratos públicos en los que el precio de la mano de obra está fijado por debajo del convenio, no se tiene en cuenta la gestión de residuos o los precios del acero son un 150% inferiores de lo que marca el mercado.

Licitadores

Circunstancias que provocan que el número de empresas que acuden a los concursos se haya reducido en un 50% y que aquellos que solo reciben una oferta alcancen ya el 40%. «Están cargándose no solo el tejido productivo sino la competencia, la transparencia y la concurrencia», critica Gil.

Ante este panorama, la fiebre licitadora que ha llevado la cuantía de los contratos públicos a números récord se desinfla. Porque de nada sirve licitar mucho si luego no se encuentra quien ejecute las obras. Entre los proyectos que este año se retrasarán por no encontrar quien los realice se encuentra la construcción de un centro cultural en La Matilla, en Fuerteventura, o la rehabilitación del teatro Baudet, en Santa Cruz de Tenerife. También han quedado desiertos el contrato para construir un área de compostaje comunitario en La Matanza, la ampliación de un centro de mayores en El Tanque o las obras de un nuevo paseo peatonal en Arguineguín. Y como estas, muchas otras hasta un total de 192, solo en los primeros ocho meses de este año.

Si se echa la vista atrás, puede comprobarse que en los últimos cinco años y medio, se ha dejado sin adjudicar 822 obras en el Archipiélago, por un valor de 473,8 millones de euros. Las administraciones responsables del 45% de los contratos que han quedado desiertos son los ayuntamientos. Y no es de extrañar, las corporaciones municipales son las que están tirando del carro de la licitación pública en los últimos años, llevando la inversión a números que están incluso por encima de los de la burbuja inmobiliaria. Le siguen los cabildos, con un 16% de los contratos desiertos y en tercer lugar el Gobierno regional, con el 14%. El Estado es el responsable de otro 13%, mientras que otras administraciones y empresas públicas licitan el otro 12% restante.

Pliegos exigentes

Para las patronales, a los precios poco realistas de las licitaciones que quedan desiertas hay que añadir otros factores que también empujan para que este problema vaya en aumento. Los pliegos excesivamente exigentes, la existencia de inseguridad jurídica o una mala planificación de las licitaciones, con plazos muy cortos, que impedirían realizar la obra en tiempo y forma, son algunos ejemplos. Además, inciden otros condicionantes empresariales como la falta de personal o recursos limitados por los años de crisis.

El sector se queja también porque buena parte de los contratos de obras que quedan desiertos son adjudicados a empresas públicas como Tragsa, que en los últimos siete años y medio ha recibido encargos por valor de 985 millones de euros. Estos autoencargos de la administración a entidades públicas restan actividad al sector privado y ya han recibido sentencias en contra por bordear la ley de contratos públicos.

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