Competencia cuestiona el mandato del Gobierno de realizar informes periódicos sobre las eléctricas tras el apagón

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuestiona el mandato del Gobierno de realizar informes periódicos sobre el control de tensión que realizan las empresas eléctricas. El organismo regulador considera "innecesaria" la principal medida del Gobierno para evitar otro cero eléctrico como el del 28 de abril y cree, además, que sería injusto asignar más recursos a esta tarea que a otros ámbitos que también son de su competencia.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cree que uno de los motivos del apagón fue que las empresas generadoras de energía que tenían que velar por el control de tensión del sistema no lo hicieron y planteó la necesidad de vigilarlas más de cerca. "La gran lección del apagón es que hay que reforzar la supervisión de todos los operadores eléctricos", afirmó la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, en una entrevista en EL PERIÓDICO.

La manera de impulsar esa vigilancia fue requiriendo a la CNMC la elaboración de un informe cada tres meses de seguimiento de las empresas para ver si cumplen o no sus obligaciones de control de tensión, según se recoge en el proyecto de real decreto que sustituye al decreto 'antiapagones', que decayó el 22 de julio después de que el Congreso rechazase su convalidación.

El organismo que dirige Cani Fernández comparte con el Gobierno "la importancia de que la implementación y prestación del servicio de control de tensión se realice adecuadamente". Pero considera que elaborar un informe trimestral de forma periódica "no aportará valor adicional" con el nuevo marco regulatorio sobre control de tensión aprobado en junio de 2025, según se desprende del informe del regulador sobre el proyecto de real decreto.

Se refiere el 'superregulador' a lo que se conoce como procedimiento de control de tensión 7.4, una normativa técnica actualizada este año, pero que tardará todavía unos meses en ponerse en marcha. Esta norma incorpora penalizaciones económicas para las empresas eléctricas en caso de incumplimiento de sus obligaciones de control de tensión, así como un plan de inspección extraordinario sobre las capacidades de reposición de las instalaciones de generación que debe repetirse cada tres años.

La CNMC considera que estas dos cuestiones "junto con las capacidades de supervisión e inspección", que ya ostenta el organismo como regulador del sector eléctrico, "hacen innecesario establecer obligaciones periódicas específicas en estas materias". Y añade, además, que "no resulta justificado prever de antemano una supervisión o una inspección del control de tensión o de la reposición más estricta que para otros ámbitos, como el cumplimiento de los servicios de balance o de las limitaciones de seguridad, que impidan una óptima asignación de los recursos de la CNMC".

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