El Gobierno destinará un tercio de los 13.600 millones de inversión en la red eléctrica a mejorar la seguridad del suministro

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destinará un tercio de las inversiones en la red eléctrica a asegurar la operación del sistema eléctrico. Así se desprende de la propuesta de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, publicada en audiencia pública este jueves, y que estima unas inversiones totales de 13.590 millones de euros, frente a los 8.203 millones de euros de la planificación vigente (2021-2026).

En concreto, el Ejecutivo destinará unos 4.400 millones de euros a actuaciones dirigidas a reducir las restricciones técnicas identificadas. Las restricciones técnicas son limitaciones en el funcionamiento del sistema eléctrico que afectan a la seguridad y calidad del suministro, así como a la incapacidad de la red para mover la electricidad desde el punto de generación al de consumo y que suponen un sobrecoste para los consumidores.

Según el Ejecutivo, estas limitaciones se producirán, principalmente, "por la imposibilidad de integrar producible renovable para asegurar el control de la tensión en condiciones de seguridad", lo cual tiene una mayor relevancia tras el apagón del 28 de abril, provocado por fallos en ese control, según el regulador europeo. Las dificultades en esa integración se producirán, sobre todo, desde “zonas con excedente de generación a zonas de alto consumo o hacia las interconexiones internacionales”.

“De no desarrollarse la red de transporte más allá de la red de partida, será necesario limitar la generación renovable en dichas zonas excedentarias, sustituyéndola por generación convencional en otras zonas”, afirma el Gobierno en uno de los seis documentos que componen la planificación eléctrica. Esto supondría, añade, “un coste adicional para el sistema"; así como una "merma en la integración de generación renovable y, por ende, un alejamiento de los objetivos establecidos en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima)”.

Foco en la demanda

Aunque la red de alta tensión la gestiona Red Eléctrica, en régimen de monopolio, compete al Gobierno decidir qué actuaciones se realizan y en qué lugares. Y las enumera en un documento que denomina planificación eléctrica, que se elabora por quinquenios a partir de las necesidades de cada autonomía. A diferencia de las planificaciones anteriores, centradas principalmente en la integración de energías renovables, la propuesta para el próximo lustro pone en el foco en el desarrollo de infraestructuras que permitan el consumo.

En concreto, el plan plantea multiplicar por 14 la capacidad de acceso a la red de transporte para nuevos consumidores, con hasta 27,7 gigavatios (GW), frente a los 2 GW de la planificación vigente. En este sentido, y tras el aluvión de propuestas (5.000, frente a las 1.200 de la planificación actual), el Ejecutivo ha priorizado consumos asociados a la descarbonización de la industria, al tiempo que ha dado respuesta a “todos” las demandas de futuros corredores ferroviarios y de puertos.

En el caso de nuevos consumos, como el hidrógeno, la electrificación del transporte y los centros de datos, ha seleccionado aquellos más maduros, destacados por las comunidades autónomas o con apoyo público. Así, la propuesta incluye 422 ampliaciones de conexión, de las cuales 142 se reservan para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales como ADIF y los puertos, y 196 como apoyo a la red de distribución.

Protagonismo de la industria

Entre las actuaciones destacan la conexión de la petroquímica de Tarragona y las desalinizadoras de Tordera y Foix en Catalunya; el entorno del puerto de A Coruña y la zona de As Pontes, donde se ubica la antigua central de carbón, en Galicia, o la incorporación de infraestructuras eléctricas en Río Caya, Don Álvaro y Arenales, en Extremadura, dirigidas a proyectos industriales, logísticos, de fabricación de componentes y combustibles renovables.

En Valencia, donde se prevé un aumento de la demanda del 52%, se atiende al polo industrial de Sagunto, los proyectos de hidrógeno renovable en Castelló o el refuerzo de la zona de Les Alqueries, para la evacuación de energía renovable. En Castilla-La Mancha se refuerzan zonas industriales en Puertollano, Romica, Noblejas, Ocaña, Manzanares y La Sagra, además de Brazatortas, donde se impulsa un desarrollo industrial, previsiblemente asociado al hidrógeno, que se sumaría al bombeo.

En Castilla y León las actuaciones se centrarán en maximizar el aprovechamiento de la red existente y, adicionalmente, se llevará a cabo un análisis de los refuerzos necesarios en la zona de Miranda del Ebro, en la frontera con País Vasco, dadas las necesidades de consumo industrial en ambos casos. Mientras, en el País Vasco se atienden los proyectos estratégicos de hidrógeno renovable, electrificación de industria siderúrgica y la ampliación de fábricas de automoción.

Y en Aragón se da apoyo a la fabricación de baterías y proyectos de hidrógeno renovable, si bien la comunidad tiene como principal apuesta los centros de datos. El Gobierno ha pedido a la región “ordenar” los permisos que ya tiene concedidos para diferenciar “entre lo que es especulación y lo que son proyectos firmes, sostenibles y beneficiosos social y económicamente para la región”. La comunidad tiene garantizada capacidad para 6.000 megavatios (MW) de centros de datos, lo que supone el 150% de las expectativas de todo el sector para 2030.

Más allá de 2030

Además, y como es habitual en las planificaciones eléctricas, el Gobierno plantea necesidades más allá del horizonte 2030, que en este caso afectan a dos interconexiones adicionales con Francia por el centro de los Pirineos, el refuerzo del suministro en zonas en expansión como el sureste y suroeste de Madrid, y actuaciones en Navarra, Córdoba, Badajoz y el Pirineo aragonés para garantizar la conexión de nuevos consumos y sistemas de almacenamiento.

Además, propone una nueva conexión submarina entre Gran Canaria y Fuerteventura, que permitirá integrar los sistemas eléctricos de Lanzarote-Fuerteventura con el de Gran Canaria, mejorando la estabilidad y eficiencia del suministro insular. Y prevé refuerzos eléctricos vinculados a la futura red de hidrógeno, especialmente en Zamora, La Rioja, Tarragona, Barcelona y Cantabria, para asegurar el suministro a estas infraestructuras estratégicas.