Canarias actualiza el tamaño de los ‘pezqueñines’ tras 40 años

Pezqueñines ¡No gracias!. El eslogan de la mítica campaña publicitaria de los años 80 vuelve a cobrar sentido. El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, quiere actualizar las tallas mínimas para la captura de determinadas especies de peces en aguas interiores del Archipiélago con el objetivo de armonizar la normativa autonómica con la nacional y la comunitaria. La tallas actuales se establecieron en 1986, hace casi cuarenta años, y los criterios que se fijaron en su momento no se basaron en ningún estudio científico local, por lo que muchas especies no llegan al grado de maduración cuando son capturadas. Lo que está impactando en la biodiversidad de las aguas canarias. El Ejecutivo autonómico acaba de realizar la consulta pública previa a la elaboración del proyecto y ahora analizará las sugerencias, observaciones y propuestas del sector para configurar la futura norma.

«La situación actual es desastrosa. Entre todos nos estamos cargando el caladero canario. Revisar las tallas es la única manera de intentar hacer algo sostenible, algo ético», reconoce el portavoz de la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables (Acpesur), Pedro Ferrer, quien afirma que se han presentado –a través de sus socios– más de cien alegaciones.

La actualización que plantea el Ejecutivo autonómico implicaría modificar el decreto de 1986, que hoy recoge tallas mínimas para un número limitado de especies y con errores científicos en la identificación de algunas de ellas. Durante casi cuatro décadas no se han revisado esos criterios y, según la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables, existen peces que se capturan de forma habitual en las Islas sin talla mínima establecida. Es el caso del jurel o del medregal, muy presentes en las costas canarias y en la actividad pesquera diaria. Pero también el de la sama, el sargo o la bicuda.

Especies icónicas

Además, otras especies icónicas ―como el mero, el abade o el pejeperro― figuran en la norma, pero con tallas muy inferiores a la edad real de maduración. El mero, por ejemplo, puede capturarse legalmente a 45 centímetros cuando los estudios recomiendan no hacerlo por debajo de los 80.

La asociación lleva años recopilando estudios y ha elaborado un informe científico que ha servido de base para las alegaciones que presentaron durante la consulta pública. Argumentan que la normativa vigente permite capturar ejemplares que aún no se han reproducido y que eso está acelerando el agotamiento del caladero. Desde el colectivo aseguran que la resistencia al cambio viene, en parte, por la presión del sector profesional, que obtiene gran parte de sus ingresos de ejemplares que aún no han alcanzado su madurez reproductiva. «Llevamos años reuniéndonos con los consejeros, con los presidentes y con el sector profesional, y los últimos incluso se han levantado de la mesa», recuerda el portavoz.

En la Asociación confían en que los técnicos de la Consejería, «biólogos y científicos marinos», se guíen durante el proceso por la evidencia y no por los intereses económicos de los operadores.

La modificación de las tallas mínimas también obligará a adaptar las artes de pesca a las nuevas tallas, desde el tamaño de las mallas hasta los métodos de captura empleados por la flota profesional. Desde la asociación insisten, además, en que la sostenibilidad no distingue entre pesca profesional y recreativa: «un pez inmaduro es inmaduro lo atrape quien lo atrape».

Criterios científicos

Más allá de la protección ambiental, el ajuste también busca alinearse con la normativa estatal y europea. Bruselas exige que las tallas mínimas estén basadas en criterios científicos y que garanticen que al menos una parte significativa de la población de peces se reproduzca antes de la captura. A nivel estatal también se trabaja en la revisión de la normativa. La orden en la que trabaja la Consejería afecta a la pesca en las aguas interiores del Archipiélago, las aguas exteriores las regula el Gobierno de España. «Estamos intentando, nos es más difícil obviamente, que también se regulen las tallas mínimas siguiendo los mismos parámetros científicos; ahí e Gobierno canario puede tener una influencia fundamental», afirma. Desde la Asociación también están peleando para que reconozcan las peculiaridades de las especies Canarias en la lista de especies permitidas para los pescadores recreativos.

La orden persigue luchar contra el problema de sobreexplotación de los recursos pesqueros. Los estudios del Gobierno de Canarias estiman que en la pesca profesional solo se declara un 33% de lo que se pesca. Esto no significa que no se cumpla con las tallas establecidas en el 67% restante –no existen estudios sobre esto–, pero sí que las cifras de toneladas pescadas son muchos más altas que las que estimas los registros oficiales. Por lo tanto, un mayor vaciado del caladero.

«El Ejecutivo siempre ha hecho activismo de la preservación de los recursos naturales, y la búsqueda de la soberanía alimentaria de los residentes en el Archipiélago y esto es una oportunidad para ello», apuntan desde la Acpesur. Casi cuarenta años después, el mensaje sigue siendo el mismo: sin tallas mínimas reales, no hay futuro para la pesca en Canarias.

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