Hasta 50.000 euros de multa: la nueva ley que cambia el empleo doméstico en España y protege a las trabajadoras

Desde este viernes, la normativa en España da un paso decisivo en la protección de las trabajadoras del hogar: las familias que mantengan una empleada del hogar deberán contar con un plan de prevención de riesgos laborales disponible para inspección y firmado tanto por el empleador como por la trabajadora. De no hacerlo, podrían enfrentar sanciones que van hasta los 50.000 euros, según reflejan distintos medios especializados.

La obligación emana del Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, que regula por primera vez con detalle la prevención de riesgos laborales en el servicio del hogar familiar.

Este nuevo marco legal supone que el domicilio o vivienda donde se presta un servicio de empleo doméstico deja de estar al margen de las reglas tradicionales de prevención para centros de trabajo, y exige que las familias-empleadoras pasen a asumir responsabilidades similares a las de empresas o negocios en este plano.

¿Qué obliga la norma exactamente?

El Real Decreto 893/2024 establece que la persona empleadora en el ámbito del servicio del hogar familiar debe realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de las trabajadoras domésticas.

Dicha evaluación debe:

• tener en cuenta las características de la vivienda, de la tarea que realiza la trabajadora, y de la persona empleada.
• afectar a cualquier persona trabajadora del hogar, con independencia de la jornada o modalidad de trabajo.
• dar lugar a la adopción, si la evaluación revela riesgos, de medidas preventivas para eliminarlos o reducirlos, documentadas por escrito y entregadas a la trabajadora.
• entregarse a la persona trabajadora información sobre esos riesgos, las medidas adoptadas, y permitir su participación.
• proveer los equipos de trabajo y equipos de protección individual gratuitos cuando sean necesarios.
• garantizar formación adecuada a la persona trabajadora en materia preventiva, desde su contratación.

Además, el empleador puede delegar esta obligación o contratar un servicio de prevención externo, pero la responsabilidad final continúa siendo suya.

La herramienta gratuita puesta a disposición por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) a través de la plataforma Prevencion10.es facilita esta evaluación/plan de prevención.

¿Cuáles son las sanciones?

El incumplimiento de esta obligación pasa a ser una infracción en materia de prevención de riesgos laborales y conlleva sanciones que ya se publican en la prensa especializada como hasta 49 000 o 50 000 euros en su grado más grave. Por ejemplo, las cuantías podrían partir de unos 2.451 euros si no existen agravantes, y llegar a entre 24.000 y 49.000 euros en casos graves.

Se trata de sanciones que afectan a la persona empleadora (la familia, pensionista, etc) en su calidad de contratante de una empleada del hogar.

¿Y en las Islas Canarias? ¿Lo varía el territorio?

La norma española es de aplicación general, tanto en territorios peninsulares como en archipiélagos. Por tanto, las familias de las Islas Canarias están sujetas a la misma obligación: evaluar los riesgos laborales de sus empleadas del hogar, disponer de un plan de prevención y firmarlo.

No obstante, se suma un factor contextual: según datos de inspección del empleo en Canarias, hay una elevada proporción de empleo doméstico irregular o sumergido. Por ejemplo, en informes se indicaba que “sólo cien de cada veinte mil inspecciones controlan el empleo sumergido de trabajadoras del hogar” en Canarias.

Este escenario plantea que el reto para muchas familias en Canarias no sólo es cumplir la nueva obligación, sino hacerlo en un contexto donde la formalización del empleo doméstico sigue siendo incipiente.

¿Por qué se regula ahora el empleo del hogar de esta manera?

El colectivo del servicio doméstico ha estado históricamente exento o con menor alcance de las normativas ordinarias de prevención de riesgos laborales. Con esta regulación, se equipara —al menos formalmente— al resto de los trabajadores en términos de protección.

Los datos del sector apuntan a algunas estadísticas relevantes: se estima que el empleo doméstico está mayoritariamente feminizado, con porcentajes que oscilan entre el 87 % y el 95 % de mujeres.

Ante esta situación, la norma persigue otorgar más derechos, más seguridad y más dignidad laboral a un colectivo que, por años, quedó fuera de buena parte de la regulación preventiva.

¿Qué implicaciones prácticas deben tener las familias?

Para las familias (y pensionistas) que emplean a una persona en el hogar, los pasos a seguir son los siguientes:

• Acceder a la plataforma Prevencion10.es (gratuita) y cumplimentar el cuestionario de autoevaluación de riesgos para el trabajo doméstico.
• Generar el documento de evaluación inicial de riesgos, que debe estar firmado por la persona empleada del hogar y por el empleador/familia.
• Si la evaluación detecta riesgos, aplicar y documentar las medidas preventivas: modificar tareas, uso de equipos de protección, señalización, planificación del trabajo, etc.
• Entregar a la persona trabajadora copia de la evaluación y del plan de medidas, informarla de los riesgos, participar en esos procesos.

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• Mantener la documentación a disposición de la inspección de trabajo en caso de requerimiento.
• Revisar la evaluación cuando cambien las condiciones de trabajo, haya modificaciones o tras un accidente, tal como exige la norma.
• Estar preparado para que la documentación sea requerida por la inspección, especialmente en territorios donde el empleo doméstico irregular es elevado.

Riesgos típicos en el trabajo doméstico que se deben evaluar

La normativa y los expertos señalan varios escenarios de riesgo concretos en el entorno doméstico:

• Uso de productos químicos de limpieza: detergentes, lejías, desinfectantes que pueden implicar riesgo químico o de contacto.
• Posturas forzadas, manipulación de cargas, escaleras para limpiar lámparas o zonas elevadas, suelos mojados que incrementan riesgo de caída.
• Riesgo de incendio o quemaduras en la cocina, cortes con utensilios, manipulación de aparatos eléctricos.

• Ambientes domésticos con mobiliario inadecuado, espacios reducidos, poca ventilación, lo que puede afectar la seguridad y salud.
• Situaciones de acoso, violencia o riesgo grave e inminente: la norma introduce el derecho a abandonar el domicilio si existe un riesgo grave.

Por tanto, no se trata únicamente de “llenar un formulario”, sino de que las familias asuman una cultura preventiva dentro de su propio domicilio cuando contratan a una persona.

¿Y para las familias qué representa este cambio?

Para muchas familias – especialmente en territorios como Canarias, donde los contratos de empleadas del hogar pueden haberse formalizado menos– esto implica un salto en responsabilidad. No sólo la obligación de dar de alta a la trabajadora, sino ahora de evaluar su entorno laboral (aunque sea en el domicilio particular).

El incumplimiento puede suponer sanciones muy elevadas, lo que pone sobre la mesa que lo que antes se veía como “trabajo informal dentro del hogar” debe pasar a tener una dimensión pública, formal y documental.

Para muchas familias pensionistas o de ingresos ajustados, esto puede suponer costes de tiempo, necesidad de asesoramiento, o incluso dudas sobre cómo cumplir correctamente.

En este sentido, la administración ha dispuesto la herramienta gratuita, pero también se espera que las comunidades autónomas y las inspecciones orienten a usuarios particulares que no están acostumbrados a la cultura preventiva.

Especial mención al contexto canario y nacional

En Canarias, la estructura de empleo doméstico es relevante: la economía turística, la inmigración y la estructura demográfica generan una dependencia relativamente mayor de servicios de hogar.

Según datos señalados, en Canarias “sólo cien de cada veinte mil inspecciones controlan el empleo sumergido de trabajadoras del hogar”.

Este aspecto sugiere que muchas familias quizá ni conocían esta obligación antes de ahora. El cambio normativo llega en un momento que puede generar incertidumbre, pero también oportunidad para que el servicio doméstico se regule mejor y se adapte a estándares de seguridad laboral que hasta ahora quedaban “al margen”.

A nivel nacional, la medida supone un avance en la equiparación de los derechos de las trabajadoras del hogar al resto de sectores laborales.

¿Qué deben hacer las familias en Canarias y en el resto del país ahora mismo?

• Verificar si tienen una empleada o empleado del hogar contratado (aunque sea pocas horas). Según la norma, cualquier jornada exige la evaluación.
• Acceder y cumplimentar la evaluación de riesgos laborales antes del plazo marcado (este viernes).
• Guardar bien los documentos firmados, con fecha, copias para la trabajadora y archivo de la persona empleadora.

• Informar a la trabajadora de los riesgos y de las medidas preventivas adoptadas.
• Cuando existan cambios de tareas, jornada, condiciones o tras un accidente, actualizar la evaluación.
• En caso de dudas, acudir a un servicio de prevención o a recursos de asesoramiento laboral.

Si se cumplen estos pasos, la familia queda cubierta desde la perspectiva de prevención laboral; si no lo hace, y en caso de inspección, podría enfrentar sanciones de hasta 49 000 – 50 000 euros.

La llegada de esta normativa marca un antes y un después en el empleo del hogar en España. Las familias ahora tienen una responsabilidad adicional —y significativa—: garantizar la seguridad y salud de sus empleadas del hogar mediante una evaluación formal de riesgos, un plan preventivo y su firma por ambas partes.

Para las familias en Canarias, donde el empleo doméstico ha sido muchas veces informal o no regulado, esta medida implica organizarse y actualizar procesos. Pero también es una oportunidad de avanzar hacia un empleo del hogar más digno, seguro y formalizado.

Desde la perspectiva de la trabajadora doméstica, supone que sus derechos empiezan a equipararse a los de otros sectores: formación, información, protección ante riesgos, incluso el derecho a interrumpir la actividad en peligro grave.

Para el empleador-familiar la urgencia es real: a partir de este viernes la norma se vuelve exigible y las sanciones ya se anuncian elevadas. Más allá de la multa, lo relevante es garantizar un entorno de trabajo seguro, digno y legal. En definitiva, cumplir no sólo porque la ley lo exige, sino porque la seguridad y la salud también importan en el domicilio.

En resumen: si tienes una empleada del hogar, no lo dejes para después. Evalúa los riesgos, firma el plan, archívalo. Porque el cambio normativo no distingue entre regiones: Canarias, península, islas, todos estamos sujetos. Y la sanción no es hipotética.