Crece el malestar municipal contra la ley de vivienda vacacional canaria

El ruido generado por la regulación del segmento alojativo de las viviendas vacacionales no cesa tras la aprobación la pasada semana de la norma en el Parlamento de Canarias. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) pide mayor claridad sobre la actuación que deben seguir los ayuntamientos, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, recomienda a los propietarios ignorar la norma y, ayer, su homóloga en Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, se mostró disconforme con que la Administración local tenga que convertirse en «depositaria de las normas que elaboran otros».

Enfrente, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, impulsora desde hace más de dos años de esta ley que regula los pisos turísticos, demanda «responsabilidad». Además, circunscribe a la Comisión de Turismo de la Fecam la andanada recibida. Este órgano ha solicitado públicamente «un decálogo» que ponga negro sobre blanco cómo se debe aplicar «el régimen de actividades clasificadas a las viviendas vacacionales» para despejar «la ambigüedad interpretativa».

También ayer, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) señaló que son «decenas de miles» las «familias canarias» a las que esta ley ha colocado «al borde del abismo». El colectivo de propietarios cargó contra la consejera, que denunció en una entrevista publicada en este mismo medio el pasado sábado las negativas obtenidas cuando intentó sentarse para negociar la norma.

«Inmediata rectificación»

«Estas declaraciones, arremetiendo contra una asociación legalmente constituida y que representa a miles de familias y gestores canarios que se dedican al alquiler vacacional, son, insistimos, totalmente inadmisibles y exigimos su inmediata rectificación», expuso Ascav. Se refería de ese modo a las palabras vertidas por Jéssica de León en esa entrevista asegurando que para este colectivo «pesaban más los minutos de tele» que la disposición para buscar el consenso antes de elaborar el texto.

El Gobierno de Canarias no tiene intención de dar ningún paso atrás. Pesan por encima de todo las manifestaciones ciudadanas en contra de la llegada masiva de visitantes al Archipiélago. Según el Instituto Canario de Estadística (Istac), las plazas sumadas de hoteles, villas, apartamentos y bungalós de Canarias alcanzó el pasado septiembre las 368. 511, un 11% menos (45.880) que en el mismo mes de 2017. En ese mismo tiempo, las posibilidades de alojarse en una vivienda vacacional han crecido un 89,6% (145.413 más) hasta llegar a las actuales 307.656 plazas. Siguiendo la comparación con el escenario que existía hace ocho años, entre enero y septiembre han llegado al Archipiélago 13.514.565 turistas, 1,71 millones más que en los nueve primeros meses de 2017.

Las competencias sobre el planeamiento recaen en los ayuntamientos. Esa es la postura defendida por el Ejecutivo. Si pueden determinar dónde van los equipamientos deportivos, los edificios de viviendas (residenciales) o los parques, también pueden hacerlo con los pisos turísticos. En esto entra en juego el intento por revertir una escuálida oferta inmobiliaria para los residentes que eleva los precios hasta lo impagable.

Darias se refirió a ello al recordar que la ciudad ha solicitado sin éxito al Ejecutivo autonómico la declaración de zona tensionada para la ciudad. No ha tenido respuesta, por lo que el intento por topar los alquileres y adoptar otras medidas regulatorias se ha visto frustrado. De León sostuvo en la entrevista del pasado sábado que no se trata de optar por esa vía para toda la ciudad, sino de señalar claramente las áreas donde la concentración de alquileres vacacionales provoca problemas habitacionales a los residentes.

La alcaldesa de Mogán aconsejó el miércoles a los propietarios de pisos turísticos que desoigan a la consejera y no den de baja los permisos obtenidos en los cabildos para iniciar el trámite de declarar su actividad clasificada en el ayuntamiento. De lo contrario, podrían quedarse sin título que les permita seguir explotando sus activos. Al respecto, De León ha explicado que es obligatorio desde hace diez años, que el Tribunal Supremo lo bendijo en 2017 y que el propio Mogán cuenta con formularios para cumplimentarlo.

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