Detectados en Canarias 5.028 contratos fraudulentos de fijos discontinuos

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó el pasado año en el Archipiélago más de 5.000 (5.028) fraudes de empresas que tenían contratados a trabajadores en la modalidad de fijos discontinuos. Ese dato coloca a Canarias como la sexta comunidad autónoma con mayor volumen de estos casos. Las cinco que la adelantan comparte un patrón con las Islas: el peso específico que tiene la actividad turística y hostelera en la estructura de sus economías.

Es una de las conclusiones que se extraen del informe anual correspondiente a 2024 y que se ha conocido recientemente. El documento, de casi 250 páginas, constata un total de 22.885 actuaciones en el conjunto de las ocho islas, el 7,3% del total que se acometieron en todo el país (313.136). En el 9,4% de las ocasiones (2.171), las pesquisas de los inspectores constataron irregularidades que condujeron a sanciones por valor de 13,13 millones de euros contra empresas isleñas; 295,37 millones en el conjunto del Estado.

Miles de cartas

Pasan poco más de dos meses desde que el Gobierno central diseñó y anunció la hoja de ruta por la que se guiará la Inspección de Trabajo durante los dos próximos ejercicios. El Ejecutivo aprobó un plan estratégico que pone el acento en el control y seguimiento de los fraudes en materia de contratación. Decenas de miles de cartas han salido ya en dirección a empresas de toda España que, según El Economista, están en el punto de mira por tener contratados como temporales o fijos discontinuos a empleados que, al menos según los primeros indicios, entran en el perfil de contratos indefinidos.

Los 5.028 casos aflorados de personal contratado como fijo discontinuo en el Archipiélago solo los superan Andalucía (26.055), Comunidad Valenciana (13.004), Cataluña (8.271), Madrid (7.670) y Baleares (5.298). En todas ellas, el negocio alojativo es protagonista, casi único en ocasiones, de sus respectivas economías. Con el añadido de que, a diferencia de Canarias, la temporalidad es mucho más acentuada en los destinos turísticos peninsulares y el balear. Es decir, las plantillas de los hoteles permanecen invariables –al menos así puede ser–, pero los establecimientos solo abren durante una parte del año, entre Semana Santa y el final del verano en función de cómo se comporte la meteorología.

Objetivo, la hostelería

Es este modo de funcionamiento el que provoca que la Inspección de Trabajo desarrolle la mayor parte de su actividad en el ámbito de la hostelería. Un total de 188.931 actuaciones se llevaron a cabo en este sector a lo largo de todo 2024. Esta actividad fiscalizadora condujo al establecimiento de sanciones por valor de 119,99 millones de euros, de largo la más cuantiosa de entre todas las ramas de actividad. Los servicios profesionales se sitúan a continuación y la cuantía de las multas frenó en 73,16 millones de euros.

Este tipo de fraude de mantener como fijos discontinuos a quienes deberían ser indefinidos tiene a las mujeres como víctimas mayoritarias. De los cinco millares de situaciones irregulares de esta naturaleza detectadas en la comunidad autónoma, 2.624 tienen acento femenino. Los restantes 2.404 estafados eran hombres.

Competencia desleal

Otra de las prácticas recurrentes de quienes se dicen empresarios pero se sitúan al margen de las normas –las patronales animan a la Inspección a actuar contra ellos por su deslealtad en la competencia– es la de extender contratos por un número de horas que luego exigen superar sin un incremento paralelo de la remuneración. En 3.230 casos afloraron actuaciones de este tipo en las Islas. Y de nuevo con mayoría de mujeres afectadas: 1.762 (54,6% del total) frente a 1.468 hombres.

Un vistazo al panorama nacional basta para detectar que son de nuevo las mismas comunidades autónomas –salvo Baleares– las que adelantan a Canarias en número de estas prácticas espurias. Otra vez con Andalucía a la cabeza (10.492 casos), seguida por Cataluña (6.580), Comunidad Valenciana (5.083) y Madrid (3.794). Para cerrar este capítulo en el Archipiélago, en otros 3.287 casos las actas levantadas por los inspectores obligaron a convertir contratos temporales en indefinidos.

De las 1.222 prestaciones por desempleo analizadas en Canarias, se detectó fraude en 230 casos

Por otra parte, la memoria anual también guarda espacio para uno de los capítulos que mayor nivel de conflicto propicia en los últimos tiempos, el de las incapacidades temporales. Las organizaciones empresariales ponen el acento en cómo se han disparado tras la pandemia. Los inspectores siguieron de cerca 313 casos durante el pasado año en las Islas y determinaron que solo en seis de ellos los trabajadores estaban actuando de manera fraudulenta. En el caso del cobro de algún tipo de prestación por desempleo, fueron 230 los empleados –de un total de 1.222– a los que se les retiraron los pagos que estaban recibiendo hasta ese momento.

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