Canarias recaba la ayuda del sector privado para salir del atolladero de la vivienda

Una crisis habitacional que necesita al sector privado. Bajo esa premisa el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, daban la bienvenida al I Congreso de Vivienda de Canarias a los casi 30 especialistas de múltiples disciplinas –la mayoría del ámbito privado, conformado por promotores, bancos, constructoras, consultoras inmobiliarias y agentes– y representantes de administraciones públicas. Con esta participación, y a través de varias mesas redondas y talleres, dieron perspectiva a la situación de la vivienda y reunieron distintos debates sobre el futuro del «principal problema en la agenda Canaria», subrayó Rodríguez.

El panel del acto destacó con logotipos de bancos y grandes inmobiliarias en una reunión que sostiene la necesidad de consolidar una estrategia en el tiempo para responder a las necesidades del Archipiélago. Pablo Rodríguez explicó esta puesta en común con los negocios particulares en un contexto en el que «el sector público no tiene capacidad por sí sola de dar respuesta a la emergencia habitacional: ni el Gobierno de España, ni el gobierno de cualquier comunidad autónoma, ni siquiera la propia Comisión Europea», advirtió. Por lo tanto, el consejero puso el foco en que el remedio a la crisis de la vivienda «viene a través de la participación de absolutamente todos los agentes implicados en el sector».

En apoyo a este trabajo conjunto, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, arrojó los últimos datos del país en los que cuatro de cada cinco viviendas protegidas en España, a lo largo de los últimos 40 años, han sido edificadas por el sector privado y que, además, en el caso de las Islas «llevaba sin edificarse vivienda pública seis años en Tenerife y nueve años en Gran Canaria».

En lo que compete a las administraciones públicas, Rodríguez destacó que, durante los dos últimos años, el Archipiélago ha realizado «un cambio profundo» en la forma de afrontar sus retos estructurales. En este sentido, hizo hincapié en que el presupuesto para el próximo año para atacar el problema habitacional supera los 200 millones de euros. Además, «hemos movilizado, solo en construcción de hogares públicos, más de 300 millones de euros en estos dos años. Una medida que nos va a permitir incrementar el parque público de vivienda en más de 2.000 construcciones», agregó.

El consejero insistió en que el problema de la vivienda se ha ido gestando durante años en un contexto de «crecimiento de la demanda, falta de planificación y escasa reacción». Así, explicó que entre los planes a poner en marcha antes de terminar la legislatura destaca la puesta en marcha del proyecto piloto de la Bolsa de Vivienda en Alquiler Asequible, orientado a incorporar casas vacías de propietarios particulares al mercado del alquiler con precios limitados y condiciones equilibradas.

Intervenir en la oferta y demanda

La iniciativa, que se desarrollará junto a Visocan y la Asociación Provivienda, persigue «ofrecer garantías, incentivos y acompañamiento tanto a propietarios como a inquilinos», con el objetivo de «permitir activar casas en desuso y facilitar alquileres entre un 20% y un 25% por debajo del precio de mercado», entre otros.

Por su parte, Fernando Clavijo señaló que el Congreso nace «con el propósito de analizar y compartir soluciones reales para seguir avanzando en la política de vivienda en Canarias». Así, en su intervención aseguró que la política de vivienda en las Islas se está abordando desde tres ópticas que destacó como «fundamentales»: garantizar vivienda para los canarios, asegurar que puedan acceder a ella en función de sus recursos, y evitar que las familias destinen más del 30-35% de sus ingresos a pagarla, lo que supone «una línea roja para prevenir la exclusión social».

El presidente defendió la necesidad de intervenir tanto en la oferta como en la demanda del mercado. En la oferta, recordó medidas como la aprobación de tres decretos ley para agilizar la construcción, la movilización de suelo, el impulso a más de 2.000 nuevas viviendas públicas y la modificación de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) aprobada en el Congreso de los Diputados para destinar inversión privada a vivienda habitual.

En la demanda, Clavijo anunció medidas que permitirán a los ayuntamientos limitar la compraventa de viviendas a usos residenciales, evitando la presión especulativa en zonas tensionadas. En esta línea, insistió en que «todo el trabajo y desvelo del Gobierno de Canarias va a orientarse a que los canarios y canarias puedan acceder a una vivienda, en propiedad o en alquiler, sin hipotecar su futuro».

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