Hacienda controlará los movimientos con tarjeta: nueva obligación para bancos y entidades financieras en 2026

La transformación acelerada del sistema de pagos ha obligado al Ministerio de Hacienda a mover ficha. Con el Real Decreto 253/2025, publicado en el BOE el 2 de abril, el Gobierno introduce una de las medidas de control financiero más amplias de los últimos años. Y no es menor: afecta a todos los bancos, a las entidades de pago y a millones de usuarios que realizan compras, devoluciones o recargas con tarjetas.

La norma comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2026 y supone un salto cualitativo en el acceso que tendrá la Agencia Tributaria a datos financieros agregados. ¿El objetivo? Reforzar la trazabilidad en un panorama donde los pagos digitales ya superan ampliamente al efectivo, también en Canarias, donde las operaciones con tarjeta marcaron récord en 2023 según datos del Banco de España.

El auge del pago electrónico obliga a un cambio normativo

El uso de la tarjeta —física o virtual— se ha disparado. Solo en 2023 se registraron más de 5.500 millones de operaciones con tarjeta en España (Banco de España). El comercio electrónico, por su parte, sigue creciendo a doble dígito en territorios como Canarias, que según la CNMC continúa entre las comunidades que más intensifican sus compras digitales.

En paralelo, la presencia de fintech, monederos electrónicos y emisores sin estructura bancaria tradicional complica el control fiscal. Organismos como el BCE y la OCDE vienen advirtiendo que la supervisión debe adaptarse a estos nuevos modelos de pago.

Hacienda recoge este guante y actualiza el Reglamento General para que la AEAT reciba información más precisa y periódica sobre movimientos electrónicos.

Qué cambia exactamente: así funcionará la nueva obligación

La modificación incorpora el artículo 38 ter, que obliga a las entidades financieras a presentar una declaración informativa anual con todos los movimientos realizados con tarjetas de:

• crédito
• débito
• débito diferido
• dinero electrónico
• tarjetas virtuales

La norma afecta también a entidades extranjeras que operan en España, siempre que el titular de la tarjeta sea residente fiscal en el país.

El criterio clave es el límite de 25.000 euros al año. Quedan incluidos todos los contratos de tarjeta cuyo volumen sumado de cargos y abonos supere esa cifra. No se trata solo del gasto: también pesan recargas, retiradas de efectivo, devoluciones o ingresos realizados a través de la tarjeta.

Para muchos ciudadanos, incluidas miles de personas en Canarias que concentran pagos familiares, viajes o actividad profesional en sus tarjetas, este umbral puede alcanzarse sin ser consciente de ello.

Qué datos enviarán los bancos a la Agencia Tributaria

Las entidades deberán remitir una información detallada que incluye:

• Número de contrato de la tarjeta.
• Datos personales completos del titular: nombre, NIF, fecha de nacimiento y país de residencia.
• Número PAN de la tarjeta y tipo.

• Identificación de otros usuarios autorizados o beneficiarios.
• Totales anuales de gastos, ingresos, recargas, compras y retiradas.
• IBAN asociado, si lo hubiera.

Aunque la medida amplía la visibilidad fiscal, no implica sanciones automáticas ni un cambio en la tributación. Se trata de información de contraste que permitirá detectar incoherencias o flujos inusuales.

Un sistema que busca mayor transparencia fiscal

La AEAT contará con una capacidad reforzada para cruzar grandes volúmenes de datos. El objetivo es identificar conductas de riesgo o incongruencias sin aumentar la carga administrativa del ciudadano medio.

Con esta información estructurada, Hacienda puede:

• detectar diferencias entre ingresos declarados y gasto real,
• seguir movimientos asociados a fraude en comercio electrónico, un problema señalado por la Comisión Europea,
• aplicar modelos predictivos de riesgo fiscal recomendados por el GAFI/FATF.

En territorios fragmentados como Canarias —donde el tráfico de mercancía digital y las operaciones online son especialmente intensas— la medida refuerza la supervisión en importaciones, recargas y compras digitales.

Quiénes serán los perfiles más afectados

Aunque la mayoría de usuarios no alcanzará el umbral de los 25.000 euros, sí quedarán incluidos aquellos que cumplan alguno de estos perfiles:

• Personas con varias tarjetas o productos financieros digitales.
• Usuarios que combinan compras, devoluciones y pagos recurrentes.
• Autónomos que centralizan gastos profesionales en una sola tarjeta.
• Consumidores que realizan pagos internacionales frecuentes.
• Familias que agrupan gastos comunes en una tarjeta principal.

No habrá sanción automática, pero sí mayor capacidad de revisión si Hacienda encuentra discrepancias.

España se alinea con Europa: una tendencia generalizada

Países como Francia, Alemania o Finlandia han reforzado sus sistemas de reporte digital. La medida española está alineada con la Directiva DAC7, que amplía el intercambio de información fiscal entre Estados miembros.

El propio Banco Central Europeo, en su informe The use of electronic payment instruments in Europe, subraya la necesidad de que las administraciones aumenten la trazabilidad en pagos no presenciales.

Con esta reforma, España se suma a esa corriente europea de control avanzado sobre operaciones electrónicas.

Qué significa para ti a partir de 2026

• Si no superas los 25.000 € en movimientos anuales con una tarjeta:
• No te afectará directamente. No habrá cambios en cómo declaras ni en cómo operas.
• Si superas ese importe:
• Tu banco enviará la información a la AEAT dentro del modelo anual correspondiente.
• Si gestionas varias tarjetas o realizas muchos movimientos digitales:
• Conviene llevar un control más ordenado de tus operaciones para evitar inconsistencias.

En un contexto donde los pagos electrónicos ya son el estándar, esta reforma busca que el ecosistema financiero sea más transparente, más seguro y más alineado con el control fiscal europeo.