Santa Bárbara recurrirá también al Supremo los dos grandes contratos de obuses para Indra y Escribano

Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics European Land Systems (GDELS) y con una fábrica de blindados en Oviedo, ha dado un paso más en su batalla contra la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para convertir a la española Indra en la compañía de referencia del sector de la defensa. Así, la filial de GDELS también recurrirá en el Tribunal Supremo los dos grandes contratos de obuses que el Gobierno ha adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) por un importe total de 7.240 millones de euros. Los contratos prevén desarrollarse en la nueva factoría de vehículos militares que Indra ha establecido en El Tallerón, en Gijón.

La intención de Santa Bárbara está recogida en el recurso contencioso-administrativo que el Supremo admitió hace dos semanas a trámite y en el que la compañía solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la mencionada UTE. El objetivo de los créditos es financiar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar del Ejecutivo español.

Se trata de los programas de los obuses autopropulsados de ruedas y de cadenas. La aprobación de los créditos fue el paso previo a que el Gobierno adjudicara el pasado 22 de diciembre sendos programas a la UTE, que suponen la producción de 536 vehículos en El Tallerón hasta 2034.

Las intenciones de Santa Bárbara están recogidas en un reciente auto del Supremo en el que este desestima la petición de la compañía de acelerar la tramitación del recurso en las fechas navideñas. El auto resume los principales argumentos de la filial de GDLES para oponerse a los planes de Indra.

Así, en dicha documentación la compañía lamenta que "no ha sido ni tan siquiera invitada al procedimiento negociado sin publicidad" tramitado por el Ministerio de Defensa para la adjudicación de los dos contratos, "por lo que recurrirá y solicitará la suspensión" de los mismos.

A pesar de que ambos contratos ya han sido adjudicados, Santa Bárbara todavía no ha presentado el recurso con el que pretende que se suspendan. Cuando la compañía hizo lo propio para bloquear los préstamos estatales para esos proyectos, el Gobierno aún no los había adjudicado.

"Un perjuicio irreparable"

En el recurso, Santa Bárbara también argumenta que, de no adoptarse las medidas cautelares solicitadas para suspender los préstamos, se le causará un "perjuicio irreparable", dado que es "el único fabricante español de sistemas de artillería y también la empresa líder del segmento de la industria de defensa española dedicada a la fabricación de vehículos de combate terrestre".

"Lo anterior contrasta con la situación de Indra y Escribano que, como veremos, carecen de experiencia, recursos o productos equivalentes", añade el documento presentado ante el Supremo.

Santa Bárbara también sostiene que la concesión de los préstamos y la consiguiente adjudicación de los contratos a Indra "restringirá las posibilidades efectivas" de que pueda competir "durante la próxima década en el mercado español de la defensa en los ámbitos foco de su actividad (plataformas blindadas y sistemas de artillería)", en los que, según asegura, "sus capacidades están más que acreditadas".

La filial de GDELS advierte de que esta situación no sólo le perjudicará a nivel español, sino que "afectará a su proyección en el mercado internacional".

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