Canarias presenta a Madrid el plan para salvar 250 millones de fondos europeos para la descarbonización

Canarias insiste ante el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en que es posible incrementar en dos años el plazo de ejecución de los fondos Next Generation destinados a la descarbonización. En la Consejería para la Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias señalan que en Madrid ya se preocupan por un asunto que podría suponer la pérdida de 242 millones de euros repartidos entre más de 1.200 proyectos .

Todo esa suma está tramitada, pero en junio deben partir desde Canarias en dirección a la Administración central todos los expedientes con las ayudas plenamente justificadas. Para ello es necesario que los proyectos se hayan ejecutado. Gestionar casi 27.000 expedientes ha puesto de manifiesto que el plazo concedido no se correspondía con la realidad.

Concentracion de la demanda

La consejería está finalizando el trabajo en estas semanas y los beneficiarios de las ayudas no tienen tiempo de hacer realidad los proyectos que han presentado. Tampoco el tejido empresarial da abasto. Los instaladores de placas fotovoltaicas no tienen manos para atender una intensa demanda concentrada en escaso tiempo. Además, hallar trabajadores formados les resulta imposible.

En el IDAE -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco)- conocen el problema porque la comunicación con la consejería que dirige Mariano Hernández Zapata ha sido continua durante los últimos meses. "Ahora ya se están preocupando por la situación", afirma el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández.

El plan

El IDAE negoció con Bruselas el pasado diciembre dos años más de plazo para ejecutar los proyectos que gestiona de manera directa, entre ellos los destinados a la búsqueda de energía geotérmica en el subsuelo del Archipiélago. El Gobierno de Canarias defiende que el resto de ayudas pueden seguir el mismo camino, pero en el IDAE han negado durante meses la posibilidad.

"En la última reunión les expusimos la estrategia jurídica a adoptar y ahora nos han pedido el detalle", explica Hernández. Es decir, las dos administraciones están hablando el mismo idioma, y de ahí nace el plan remitido el miércoles por el consejero Zapata al director general del IDAE, Miguel Rodrigo. El objetivo es salvar 170 megavatios de potencia renovable y otros 140 megavatios hora de almacenamiento.

Contexto internacional

En Madrid no se escapan las especiales dificultades que está teniendo la penetración de renovables en la comunidad autónoma, por lo que dejar escapar esta oportunidad debería ser una posibilidad descartada del todo. Más aún cuando el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha disparado el precio de un petróleo que continúa teniendo excesivo peso específico en la generación eléctrica en Canarias.

O peor, la escasez de hidrocarburos por el cierre del estrecho de Ormuz podría poner en peligro un abastecimiento que es del todo estratégico, por la mencionada presencia en el mix de generación eléctrica y por la traslación que esto tiene a las plantas de desalación de agua. No obstante, la inclusión de la ampliación del plazo de ejecución entre las medidas que aprobará el Consejo de Ministros este viernes se da por descartada.

Doble vía

La propuesta remitida tiene una doble vía. La más deseable para el director general de Energía de Canarias es que haya una ampliación de plazo de dos años para la justificación de todos los proyectos, "como el IDAE ha hecho con los que gestiona de manera directa". Sin embargo, se confía poco en que esa decisión llegue a puerto, porque el organismo que dirige Rodrigo acaba de arrancar a Bruselas sus dos años de gracia; no va a volver a tocar poco después en esa puerta.

El otro y más plausible camino pasa por ampliar el plazo de ejecución solo hasta el 31 de julio de los proyectos considerados claves, lo que permitiría poner en funcionamiento 66 megavatios de potencia renovable. Sumando la aportación de Baleares, que está en la misma situación que el Archipiélago y alineada con su estrategia, se alcanzarían los 128 megavatios. Sería la prueba ante la Unión Europea (UE) de la pertinencia y utilidad de las ayudas, y el mejor modo de convencerla de que es vital ampliar el plazo.

Modificación legal

El resto de los proyectos, que aportan otros 105 megavatios en el caso de Canarias, tendrían como nuevo plazo líimte de ejecución el último día de 2028. Habría, eso sí, que modificar un real decreto (451/2022) y habilitar una nueva vía de financiación; las ayudas se pagarían ahora con cargo al Programa REPowerEU.

Ante Bruselas, primero explicar que no se llega a tiempo por problemas ajenos a los beneficiarios de las ayudas y, segundo, que no cambiar el paso supondría la pérdida de inversiones que ya están adjudicadas y una parte importante de los fondos habilitados para propiciar un proceso de descarbonización que se vería dañado.

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