La protección contra robos le cuesta 201 millones al año a la construcción

No hay casas, no se construye lo suficiente y, por tanto, el precio del mercado sube. La explicación, a grandes rasgos, de por qué comprarse una vivienda se ha convertido en el mayor reto de las generaciones actuales parece sencilla. Aunque la solución más inmediata luce evidente –construir más–, el sector atraviesa unos niveles de rentabilidad especialmente bajos de un 3,1%. Esta realidad ralentiza la puesta en marcha de nuevos proyectos residenciales y alimenta un círculo vicioso para el que, según los expertos, seguirá derivándose un aumento sostenido de los precios. Entre los costes que más pasan desapercibidos pero que le ‘roba’ al sector unos 201,53 millones de euros al año es el de la seguridad. Los robos en las construcciones son tan comunes que las empresas del Archipiélago deben dedicar un sobrecoste a la vigilancia de sus trabajos.

El sector en el Archipiélago asegura que no ha notado variaciones en la actividad delictiva en el último año. La inversión que se hace anualmente es de unos 54.000 euros por empresa. Con lo cual, según fuentes cercanas a la industria de la edificación, precisamente por estos recursos que se destinan a la vigilancia no han notado un repunte en los casos de robos, tanto internos como externos, pero reconocen que es un problema habitual al que deben hacer frente.

Teniendo en cuecnta que en Canarias hay unas 3.732 empresas dedicadas a la construcción con al menos un trabajador, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto total en vigilancia supera los 200 millones de euros al año. La problemática, además, no se limita a las Islas, sino que se extiende por todo el continente europeo en donde Austria (71%) y Francia (71%) registran los mayores incrementos de la delincuencia en la construcción, mientras que España, con un 58%, presenta un aumento más moderado pero igualmente significativo, según el último informe Crime Report 2025 elaborado por el proveedor europeo de soluciones de vigilancia, BauWatch.

La delincuencia en el sector supone pérdidas anuales superiores a los 1.500 millones de euros en Europa

Las empresas de construcción en las Islas insisten en que los robos son un problema real en su sector, pero que está estabilizado. Es decir, que no perciben un aumento en los robos, en gran medida, por el dinero que ya se deposita para controlar la problemática. A nivel general esta necesidad se refleja en la adopción de medidas de protección en las obras. Entre las más utilizadas destacan el vallado perimetral (53%), la vigilancia presencial (43%) y los sistemas de alarma (40%), a lo que se suman otras soluciones como el control de accesos, la iluminación, la videovigilancia y el uso de tecnologías más avanzadas.

Tomando en cuenta el estudio, la delincuencia en esta área no solo está creciendo en toda Europa, sino que se está «profesionalizando, organizando y sofisticando cada vez más». Según la Asociación Europea del Alquiler (ERA), las pérdidas anuales estimadas por robos en obras de construcción superan los 1.500 millones de euros en el continente, por lo que la inversión en vigilancia es, prácticamente, un requisito indispensable a la hora de ejecutar cualquier edificación.

Aumento en los costes

Pero, ¿qué implica realmente que se produzcan robos en las construcciones? En primer lugar, crea la necesidad de reemplazar los materiales sustraídos, una situación que se da en el 56% de los casos. A esto se suman consecuencias igualmente relevantes, como el retraso en las obras (39%) y los sobrecostes en los presupuestos (21%).

En plena crisis de la vivienda la necesidad de construir es acuciante, por lo que este tipo de trabas se suman a una larga lista de inconvenientes que ralentizan aún más la creación de nuevos inmuebles. De hecho, los proyectos de construcción afectados por la delincuencia experimentan retrasos medios de entre una y cuatro semanas, según el estudio de BauWatch. Esto ocasiona un impacto económico significativo no solo para las empresas implicadas, sino también para toda la cadena de suministro, los programas públicos de infraestructuras y el desarrollo de viviendas de uso residencial.

Esta ‘factura silenciosa’ se suma a las numerosas trabas burocráticas, de planificación y de rentabilidad, entre otras, que presenta el sector. En este marco, el Archipiélago necesita unas 37.600 viviendas nuevas para cubrir la demanda actual, mientras que la realidad es que la producción anual no supera las 2.500 viviendas. Así lo recoge el informe Diagnóstico del Mercado de la Vivienda en Canarias que desarrolló la CEOE-Tenerife y que describe un «desfase» en la falta de vivienda que «seguirá intensificándose si no se actúa de forma decidida sobre la oferta residencial».

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