Los inversores canarios se blindan contra futuras ampliaciones de capital en Baleària

Socios inversores canarios. Ese es el nombre de la mercantil de responsabilidad limitada a través de la que Baleària y un grupo de inversores canarios se repartirán el negocio del transporte por vía marítima interinsular y las rutas que unen las Islas con el sur de la Península. La aceptación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la operación de compra de Naviera Armas lleva las partes a retomar las conversaciones que deben conducir a la firma del acuerdo.

Todas las cartas están sobre la mesa. Las partes solo estaban aguardando la decisión del organismo de defensa de los intereses que preside Cani Fernández, que en enero exigió más garantías de que la compra de Armas no superaría el umbral de lo tolerable en concentración de la oferta. Tras ponerse en verde el semáforo, Baleària y el grupo inversor canario cerrarán la alianza.

Límite del 80%

Una de las preocupaciones del capital isleño participante en la operación era la de dejar blindado el 30% que tendrán en la compañía de nuevo cuño. La fórmula aceptada por Baleària es la de impedir cualquier futura ampliación de capital que diluya la presencia canaria; si no hay un 80% de los títulos de acuerdo, este tipo de operaciones no se podrán llevar a cabo. Suficiente teniendo en cuenta que la compañía de Utor tendrá un 70% de la empresa.

El 30% que se queda en la comunidad autónoma se reparte del siguiente modo. Un tercio (33%) quedará en manos de Dinosol y la misma cuota será la que se queden un ramillete de industriales (Jucarne, Arehucas, Ahumados Canarios y Agua de Firgas) a través de un vehículo inversor ad hoc. Satocan se queda con casi la mitad (16%) del restante tercio a través de Alisios Zone, y Fund Grube y Acosta Matos completan el equipo con un 8,5% cada una de ellas.

30 millones comprometidos

El desembolso comprometido con Baleària asciende a 30 millones de euros. Por su parte, la compañía levantina anunció este miércoles una inversión de 45 millones de euros destinada a la mejora técnica y prestacional de los buques. A ello añadirá un plan para "potenciar la formación y estabilidad de los equipos de tierra y flota", con el objetivo de "asegurar la fiabilidad operativa y la puntualidad en todas las frecuencias".

Según lo comunicado a la CNMC, lo que es seguro es que la naviera que preside Adolfo Utor -también accionista único- pondrá sobre la mesa 25 millones de euros durante los próximos tres años. Ese compromiso adquirido con Competencia, ni ninguno de los restantes, "representan un esfuerzo adicional, sino que están plenamente alineados" con la "estrategia comercial de situar al cliente —de pasaje y carga— en el centro de todas las operaciones", explicó Baleària a través de un comunicado.

Blindaje normalizado

Las conversaciones desarrolladas hasta la fecha entre el grupo inversor canario y la compañía de transporte marítimo de pasajeros y mercancía se han caracterizado por la ausencia de reticencias. De hecho, el blindaje contra las ampliaciones de capital no ha supuesto un problema. Fuentes próximas a la negociación señalaron que se trata de una cláusula habitual en los acuerdos que dan entrada a socios minoritarios.

En el inicio de los días puramente festivos de la Semana Santa, no hay fisuras que indiquen que la operación no se cerrará por completo en los próximos días. En ella ha tomado parte activa el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien nunca ocultó el interés de su Ejecutivo por propiciar la presencia de empresarios de las Islas en un servicio de carácter "estratégico", tal y como el propio jefe del Ejecutivo autonómico lo definió el martes tras conocer el visto bueno de la CNMC a la compra de Naviera Armas por parte de Baleària.

"Mayor certidumbre"

En el mismo sentido se pronunció el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, quien consideró que la iniciativa de Competencia aporta “un horizonte de mayor certidumbre” al transporte. “Es una buena noticia que se avance con garantías, incorporando condiciones y compromisos que buscan proteger el interés de los ciudadanos canarios”, añadió.

Tras obtener la aprobación de la CNMC la parte canaria de la operación queda ahora en manos del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la decisión. El recientemente nombrado vicepresidente primero de España tiene quince días para elevar el expediente al Consejo de Ministros, que será el órgano que termine por bendecirlo. Cuerpo también tiene la posibilidad de retener en su poder los papeles, con lo que la decisión de Competencia adquiriría toda su firmeza.

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