Canarias activa un plan urgente para frenar el impacto de la crisis energética por la guerra en Irán
El Ejecutivo autonómico mueve ficha con rebajas fiscales, ayudas directas y presión al Estado para proteger a familias, transportistas y sector primario
Imagen de archivo de ataques de EEUU e Israel en Irán / Sobhan Farajvan / Zuma Press / ContactoPhoto
El Gobierno de Canarias ha decidido actuar rápido ante las primeras consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán, un conflicto que ya está teniendo impacto directo en el precio de la energía y los productos básicos. El Consejo de Gobierno ha aprobado un paquete de medidas fiscales y económicas con el objetivo de amortiguar el golpe en el bolsillo de los ciudadanos y sostener a los sectores más vulnerables del Archipiélago.
El plan, que moviliza cerca de 29,8 millones de euros en una primera fase, busca trasladar a las Islas los beneficios de las medidas estatales que, por cuestiones fiscales, no se aplican de forma directa en Canarias. La clave está en el régimen fiscal propio canario, que impide que iniciativas como las rebajas del IVA tengan efecto inmediato en el territorio.
Rebaja fiscal para contener el precio del combustible
Una de las decisiones más destacadas es la reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%. Esta medida pretende frenar la escalada del precio en gasolinas y diésel, un problema que afecta tanto a consumidores como a empresas. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el coste de los carburantes está estrechamente ligado a los conflictos internacionales, especialmente en regiones productoras de petróleo.
El Ejecutivo canario calcula que esta rebaja supondrá un coste de 14,1 millones de euros al año, aunque en un periodo inicial de 100 días se estima en 3,9 millones. La intención es que esta reducción se note de forma directa en el precio final que pagan los ciudadanos en las estaciones de servicio.
Diversos estudios del Banco de España y de la Comisión Europea han advertido que el encarecimiento de la energía es uno de los principales factores que impulsan la inflación en Europa. En este contexto, medidas fiscales como esta buscan contener ese efecto dominó sobre el resto de precios.
Más ayudas para transportistas y agricultores
Otro de los pilares del plan es el refuerzo de las ayudas al transporte y al sector agrícola, dos ámbitos especialmente sensibles al aumento del precio del combustible. El Gobierno ha decidido aumentar la devolución del impuesto sobre carburantes del 67% al 99% para estos colectivos.
Esta medida tiene un impacto económico estimado de 19,4 millones de euros anuales, lo que refleja la importancia estratégica de ambos sectores en la economía canaria. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el transporte y la agricultura son fundamentales para garantizar el abastecimiento en territorios insulares como Canarias.
Además, informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertan de que el incremento del coste energético afecta directamente a la producción de alimentos, encareciendo toda la cadena de suministro.
Productos básicos más baratos en la cesta de la compra
El paquete de medidas también incluye una rebaja fiscal dirigida al consumo diario. Algunos productos que aún tributaban al 3% de IGIC, como la sal, la mantequilla o el café, pasarán a tener un tipo del 0%.
El objetivo es aliviar el gasto de las familias en un momento en el que el coste de la vida sigue al alza. Según el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el INE, los alimentos han experimentado subidas significativas en los últimos años, impulsadas en parte por el aumento del coste energético y logístico.
El impacto económico de esta medida se estima en 3,2 millones de euros anuales, aunque en los primeros 100 días rondará los 900.000 euros. Una cifra modesta en comparación con otras acciones, pero con un efecto directo en el día a día de los consumidores.
Menos cargas para pequeños empresarios
El Gobierno canario también ha puesto el foco en los autónomos y pequeños negocios. Para ello, ampliará el límite del Régimen Especial del Pequeño Empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual.
Esta medida permitirá reducir tanto la carga fiscal como las obligaciones administrativas para miles de pequeños emprendedores. Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, las pymes representan más del 90% del tejido empresarial en España, por lo que cualquier alivio en este ámbito tiene un impacto significativo en la economía.
La ampliación del REPEP entrará en vigor en julio de 2026 y supondrá un coste estimado de 12,5 millones de euros para este año.
Ayudas directas al sector primario e industrial
Más allá de las rebajas fiscales, el Ejecutivo ha aprobado la creación de un sistema de ayudas directas dotado con 7,2 millones de euros. Estas subvenciones están dirigidas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial, con el objetivo de compensar el aumento de los costes energéticos y de materias primas.
El impacto de la crisis energética en estos sectores ha sido ampliamente documentado por organismos como la Agencia Internacional de la Energía (IEA), que señala que el encarecimiento del gas y el petróleo afecta directamente a la producción industrial y agroalimentaria.
Los pescadores barajan amarrar sus barcos por falta de rentabilidad si no baja el gasóleo / efe
En un territorio como Canarias, donde la dependencia exterior es elevada, estas ayudas buscan evitar una pérdida de competitividad y garantizar la continuidad de la actividad económica.
Presión al Estado para ampliar las medidas
El Gobierno de Canarias no se queda ahí. Además del paquete aprobado, ha trasladado al Ejecutivo central una serie de propuestas para reforzar la respuesta ante la crisis.
Entre ellas destacan la flexibilización de las reglas fiscales, la implantación de una bonificación estatal al combustible y la reducción del IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo. También se solicita una actualización de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en áreas clave como transporte, agua y agricultura.
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la coordinación entre administraciones es clave para afrontar crisis económicas de origen externo, como la actual.
Medidas estructurales para un problema de fondo
Más allá de las soluciones inmediatas, el Ejecutivo canario insiste en la necesidad de abordar problemas estructurales que afectan a la competitividad del Archipiélago. Entre las propuestas planteadas al Estado figuran la rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias, el impulso a energías renovables como la eólica marina y la geotermia, y el refuerzo del Régimen Específico de Abastecimiento (REA).
También se reclama la exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas relacionadas con emisiones, como el sistema ETS, que encarece el transporte aéreo y marítimo.
La Comisión Europea ha reconocido en varios informes la vulnerabilidad de las regiones ultraperiféricas, como Canarias, debido a su lejanía y dependencia energética. Por ello, el Gobierno autonómico insiste en la necesidad de adaptar las políticas comunitarias a esta realidad.
La “cláusula canaria”, clave en futuras crisis
Uno de los puntos más relevantes del planteamiento del Ejecutivo es la propuesta de incluir una “cláusula canaria” en futuras medidas estatales. Esta iniciativa busca garantizar que cualquier respuesta ante crisis internacionales tenga en cuenta las particularidades del Archipiélago.
Desde el Gobierno regional se insiste en que no se trata de privilegios, sino de corregir desventajas estructurales como la insularidad, la lejanía o la dependencia de combustibles fósiles.
En un contexto global marcado por la incertidumbre geopolítica y la volatilidad de los precios energéticos, Canarias intenta blindarse con medidas propias y una mayor coordinación institucional. El reto ahora será comprobar si estas acciones logran amortiguar el impacto real de una crisis que, de momento, ya se deja sentir en la economía cotidiana.
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