El Gobierno de España plantea endurecer el IRPF a caseros que suban el alquiler en nuevos contratos

El Gobierno de España prepara un cambio relevante en la fiscalidad del alquiler que podría transformar el actual sistema de incentivos. La propuesta, todavía en fase de negociación, plantea reducir las bonificaciones en el IRPF a los propietarios que suban el precio del alquiler al firmar nuevos contratos, introduciendo por primera vez un enfoque que combina premios y penalizaciones.

Este giro en la política de vivienda se está analizando en los departamentos de Hacienda y Vivienda, dentro de una estrategia más amplia para contener la escalada de precios en el mercado del alquiler, una de las principales preocupaciones sociales en España en los últimos años.

De incentivar a penalizar: el cambio de modelo fiscal

Hasta ahora, el sistema fiscal español ha estado basado fundamentalmente en incentivos para los propietarios. Sin embargo, el nuevo planteamiento del Ejecutivo propone ir un paso más allá: no solo premiar a quienes bajen o congelen precios, sino penalizar a quienes los suban.

En concreto, la medida afectaría a la actual reducción general del 50% en el IRPF que pueden aplicarse los arrendadores sobre el rendimiento neto del alquiler. Este beneficio fiscal podría reducirse progresivamente en función de cuánto aumente el precio del alquiler en un nuevo contrato.

Es decir, cuanto mayor sea la subida aplicada por el casero, menor será la ventaja fiscal de la que podrá beneficiarse.

Qué cambios se plantean en el IRPF del alquiler

Actualmente, los propietarios tributan únicamente por la mitad del rendimiento neto obtenido del alquiler, una vez descontados gastos como:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
• Gastos de comunidad
• Mantenimiento y otros costes deducibles

Además, la normativa permite incrementar la reducción fiscal hasta el 60%, 70% o incluso el 90% si se cumplen determinadas condiciones, como:

• Reducir el precio en zonas tensionadas
• Alquilar a jóvenes
• Realizar obras de rehabilitación

Con la nueva propuesta, este esquema se mantendría, pero se introduciría una escala de penalización fiscal para quienes incrementen las rentas en nuevos contratos.

Eso sí, desde el Ejecutivo se subraya que:

• La deducción no desaparecería completamente
• Se mantendría un tratamiento fiscal diferenciado frente al alquiler turístico
• El objetivo es corregir comportamientos, no eliminar incentivos