El Gobierno implanta en Canarias la jornada de 35 horas a los funcionarios de la Administración General del Estado: claves y cambios

El Gobierno de España ha dado un paso relevante en la reorganización del empleo público en Canarias y en el resto del país con la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales a los funcionarios de la Administración General del Estado. La medida del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, cuyo titular es Óscar López, afecta a cerca de 220.000 empleados públicos en todo el territorio nacional y se enmarca dentro de los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales.

La decisión se ha formalizado mediante la publicación este miércoles, 15 de abril, en el Boletín Oficial del Estado de la resolución de 14 de abril de 2026, que establece las instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración. Las 35 horas en personal de la Administración Generado del Estado en toda España entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, es decir, mañana jueves.

Este cambio supone un avance en las condiciones laborales del sector público y continúa la línea iniciada con el Acuerdo Marco para la mejora del empleo público firmado en 2025.

Una medida fruto del diálogo social

La reducción de la jornada laboral no es una decisión unilateral. Se trata del resultado de un proceso de negociación en el seno de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, celebrado el pasado 27 de marzo.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha destacado que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a mejorar tanto las condiciones de los trabajadores públicos como la calidad del servicio ofrecido a la ciudadanía.

Desde el Ejecutivo se subraya que el objetivo es modernizar la organización del trabajo, adaptándola a nuevas necesidades sociales sin comprometer la eficiencia administrativa.

Cómo se aplicará la jornada de 35 horas

La nueva normativa fija una jornada general de 35 horas semanales de trabajo efectivo, lo que equivale a un total de 1.533 horas anuales. Su aplicación se realizará con carácter general en todos los organismos dependientes de la Administración General del Estado, incluyendo:

• Entidades gestoras de la Seguridad Social
• Organismos autónomos
• Agencias públicas
• Otras entidades de derecho público vinculadas al Estado

No obstante, quedan excluidos de esta regulación:

• El personal militar de las Fuerzas Armadas
• Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

En determinados sectores, como el ámbito sanitario, educativo o penitenciario, la aplicación de esta jornada deberá adaptarse a sus características específicas mediante acuerdos propios.

Garantías para mantener los servicios públicos

Uno de los aspectos clave de la medida es que su implantación no debe afectar negativamente a la atención a la ciudadanía. El Gobierno insiste en que se llevarán a cabo ajustes organizativos y de planificación para asegurar:

• La continuidad de los servicios públicos
• La calidad en la atención
• La correcta cobertura de funciones

Esto implicará revisar plantillas, turnos y sistemas de trabajo para garantizar que la reducción de jornada no genere disfunciones.

Además, los calendarios laborales deberán hacerse públicos, facilitando así la transparencia y el conocimiento tanto por parte de los trabajadores como de los ciudadanos.

Nuevos horarios y flexibilidad laboral

La resolución establece diferentes modalidades de jornada que permiten mayor flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo:

Jornada de mañana

• Horario fijo: de 9:00 a 14:00
• Tramos flexibles: entre 7:00 y 9:00 y entre 14:00 y 18:00

Jornada de mañana y tarde

• Horario fijo: de 9:00 a 16:30 (lunes a jueves)
• Viernes: de 9:00 a 14:30
• Incluye pausa para comida (mínimo 30 minutos, no computable)

Jornada de tarde

• Horario fijo: de 15:00 a 20:00
• Tramos flexibles: entre 13:00 y 15:00 y entre 20:00 y 22:00

En todos los casos, se mantiene una pausa de 30 minutos dentro de la jornada, que sí computa como tiempo efectivo de trabajo.

Esta flexibilidad busca facilitar la conciliación laboral y personal, adaptándose a distintas necesidades de los empleados públicos.

La figura del cuidador: refuerzo de la conciliación

Una de las novedades más relevantes es la incorporación de la figura del cuidador dentro del ámbito del empleo público.

Esta medida está alineada con la normativa europea sobre conciliación y reconoce el derecho de los trabajadores que deben atender a familiares o convivientes con necesidades derivadas de un problema médico grave.

El objetivo es:

• Clarificar esta figura dentro de la administración
• Facilitar su aplicación práctica
• Mejorar el equilibrio entre vida laboral y personal

Calendarios laborales y control administrativo

Otro elemento destacado de la resolución es la regulación de los calendarios laborales. Estos deberán:

• Respetar la jornada anual establecida
• Ajustarse a los horarios de apertura de los centros
• Mantener el número de festivos legales

Asimismo, deberán ser remitidos a la Dirección General de Gobernanza Pública en el plazo de un mes desde su aprobación, con el fin de facilitar su seguimiento y control.

Este sistema busca garantizar una implementación homogénea en todo el territorio.

Un paso más en la modernización de la Administración

La implantación de la jornada de 35 horas se enmarca en un proceso más amplio de transformación del sector público. Entre los objetivos del Gobierno destacan:

• Mejorar las condiciones laborales
• Aumentar la eficiencia organizativa
• Adaptar la Administración a los nuevos tiempos

La medida también responde a una demanda histórica de los sindicatos, que ven en esta reducción un avance significativo en derechos laborales.

No obstante, su éxito dependerá en gran medida de cómo se gestione su aplicación práctica en los distintos organismos.

Perspectivas de futuro

La entrada en vigor de esta jornada abre un nuevo escenario en el empleo público español. A corto plazo, será necesario evaluar:

• Su impacto en la productividad
• La satisfacción de los empleados
• La calidad del servicio al ciudadano

La reducción de la jornada laboral se consolida como una tendencia creciente en Europa, vinculada a modelos de trabajo más flexibles y sostenibles.