Competencia abre 20 expedientes por el apagón, repartidos entre Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol

Casi un año después del apagón del 28 de abril, que dejó a la Península Ibérica sin electricidad durante horas, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha incoado varios expedientes sancionadores por "indicios de infracción" durante el evento. El organismo regulador ha abierto 20 expedientes, uno al operador del sistema, Red Eléctrica, y los 19 restantes a distintas empresas de generación eléctrica de Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, así como la central de ciclo combinado de Bahía de Bizkaia.

En concreto, Iberdrola acumula cinco expedientes, repartidos entre la matriz, la filial Iberdrola Generación y la compañía propietaria de las centrales nucleares de Almaraz- Trillo; Endesa suma otros cinco, a través de Endesa Generación, así como dos más para la compañía como propietaria de las centrales Ascó-Valdellos II. Naturgy Generación cuenta con dos expedientes y su filial de ciclos combinados agrega tres más. Y los dos restantes son para la filial de generación de Repsol y el ciclo combinado de Bahía de Bizkaia, que se encuentra en Ciérvana (Vizcaya).

Pero si bien el 'superregulador' acusa a Red Eléctrica (compañía semipública de la que el Estado cuenta con el 20% del capital) de haber incumplido sus obligaciones "con perjuicio para el sistema" y, por ello, la enfrenta a una infracción "muy grave", sujeta a multas de entre 6 y 60 millones de euros, el resto de empresas, aunque habrían vulnerado la normativa, no habrían puesto en riesgo la garantía del suministro. Y esto es clave porque supone que Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Bahía de Bizkaia encaran infracciones "graves", que están sujetas a una penalización inferior a la del operador del sistema, pues se sitúan en una horquilla de entre 600.000 y 6 millones de euros.

En cualquier caso, el organismo que dirige Cani Fernández advierte de que estas 'malas prácticas', que ahora se dispone a investigar en profundidad, no constituyen por sí mismas la causa del incidente. Es decir, Competencia sugiere que aunque finalmente se demuestre que las empresas expedientadas incumplieron con sus obligaciones, no se les podrá por ello responsabilizar del cero eléctrico.

Esta advertencia no es menor. Desde hace un año, el Gobierno asegura que serían estos procedimientos los que dirimirían las responsabilidades del fatídico evento. Y así lo volvió a reiterar la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su intervención en la Comisión de Investigación sobre el apagón del Senado. “Los procedimientos administrativos tienen que ser garantistas” y “serán estos procedimientos los que dirimirán las responsabilidades”, en alusión a la investigación de la CNMC y a las causas abiertas o por abrir en los tribunales.

Un año de investigación

En una nota de prensa publicada este viernes el organismo que dirige Cani Fernández revela que tras el 28 de abril de 2025 inició una serie de investigaciones que le llevaron a concluir que "el incidente tuvo un origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión", que es lo mismo que habían apuntado otros informes, como el del Gobierno, el de Red Eléctrica o el del regulador europeo, Entso-e.

No obstante, a partir de estas investigaciones, el 'superregulador' sí ha detectado "diversos indicios de incumplimiento" de la Ley del Sector Eléctrico "durante periodos prolongados de tiempo" por parte de algunas compañías. Y por eso ha abierto varios expedientes sancionadores, para "investigar formalmente" esas prácticas.

En concreto, la CNMC atribuye al operador del sistema el incumplimiento del artículo 64.25 de la Ley del Sector Eléctrico, relacionado con sus obligaciones de programación y de dar las instrucciones e información necesaria para la correcta operación del sistema. Mientras que al resto de compañías las acusa de vulnerar el artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico por realizar actividades sin autorización, no mantener las instalaciones en las adecuadas condiciones o utilizar instrumentos que pongan en riesgo la seguridad.

La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final, que se conocerá en un plazo de entre 9 y 18 meses. Entremedias, los interesados podrán formular alegaciones y proponer las pruebas que estimen procedentes. En cualquier caso, la CNMC advierte de que ese resultado final, por muy malo que sea, no determinará la causa ni el origen del apagón, que "respondió a un origen multifactorial". "Los hechos objeto de estos procedimientos no implican la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas", remacha el organismo supervisor.

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