Confirmado por el Gobierno: estas son las nuevas medidas del Plan Estatal de Vivienda que afectarán a quienes busquen casa en Canarias
La ley, que tiene plazo de aplicación de 2026 a 2030, apuesta por más vivienda pública, ayudas al alquiler y medidas para frenar los precios en zonas tensionadas
Agencia ATLAS / Foto: José Luis Roca
El Gobierno de España ha puesto en marcha un nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con el objetivo de hacer frente a la crisis habitacional y al fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario. Este programa incorpora una serie de medidas orientadas a aumentar la oferta de vivienda, facilitar el acceso a un hogar y reforzar las ayudas públicas, en un contexto especialmente complicado para quienes buscan casa donde vivir en Canarias.
Con varios meses de retraso, el Ejecutivo por fin ha dado luz verde a este plan, cuyo objetivo es "consolidar un sistema público de acceso a la vivienda". La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha mostrado muy satisfecha tras la reunión semanal del Gobierno en la que se ha aprobado y ha defendido que se trata de "un nuevo instrumento para impulsar una política de vivienda contundente y eficaz desde lo público".
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy en segunda vuelta el proyecto de ley que baja las ratios y fija un tope legal a la jornada lectiva de los docentes. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes informó en febrero de que esta norma fija un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) sobre las ratios y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). 21 ABRIL 2026 Diego Radamés / Europa Press 21/04/2026. Isabel Rodríguez;Diego Radamés / Diego Radamés / Europa Press
Además, las medidas tendrán muy en cuenta a las comunidades autónomas, por lo que los canarios podrán beneficiarse de una futura caída de los precio y aumento de la demanda.
7.000 millones para cambiar el acceso a la vivienda en España
La idea del Gobierno es transformar el modelo actual y reforzar el papel de lo público en un mercado cada vez más tensionado. El programa contará con una inversión total de 7.000 millones de euros, triplicando el presupuesto del plan anterior, con financiación compartida entre el Estado (60%) y las comunidades autónomas (40%).
Según el Ejecutivo, con la nueva ley se abandona un modelo centrado únicamente en criterios económicos para avanzar hacia un sistema más social, con mayor intervención pública.
La principal novedad es que la vivienda protegida que se construya con fondos públicos tendrá carácter permanente. Esto significa que no podrá pasar al mercado libre con el paso del tiempo, evitando así uno de los problemas históricos del sistema como es la especulación inmobiliaria.
El Gobierno defiende que esta medida permitirá crear un parque público estable y duradero donde el alquiler asequible tenga mayor peso.
Más vivienda pública y rehabilitación
El plan se fundamenta en varios ejes. El primero se centra en aumentar la oferta de vivienda asequible. A este objetivo se destinará el 40% de los fondos, incluyendo la recuperación de ayudas a la construcción de vivienda protegida.
El segundo eje pone el foco en la rehabilitación. Un 30% del presupuesto se dedicará a mejorar viviendas ya existentes, con actuaciones orientadas a la eficiencia energética, la accesibilidad y la regeneración urbana. El objetivo es reducir el consumo energético en más de 260.000 viviendas y alargar la vida útil del parque inmobiliario.
Además, se incrementarán las ayudas en casos específicos, como viviendas ubicadas en zonas protegidas o inmuebles vacíos que se incorporen al mercado del alquiler asequible.
Ayudas para jóvenes y acceso a la vivienda
El Gobierno también quiere facilitar la emancipación juvenil. Para ello, se incluyen varias ayudas al alquiler o subvenciones directas para que compren una vivienda. El ejecutivo pretende dar hasta 30.000 euros para el acceso a vivienda protegida y bonos extras de más de 10.800 euros para la compra en municipios con riesgo de despoblación. También se refuerzan los avales públicos.
El plan incorpora además medidas para reducir el peso del alquiler o la hipoteca en la economía familiar. El objetivo es que ningún hogar tenga que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, especialmente en situaciones de vulnerabilidad.
El plan también incluye acciones para intervenir en las zonas de mercado tensionado, con el fin de contener o reducir los precios tanto en alquiler como en compra. Estas medidas buscan aliviar la presión en las áreas donde el encarecimiento de la vivienda ha sido más intenso en los últimos años, sobre todo en grandes ciudades y zonas turísticas como Canarias.
El Ejecutivo presenta este plan como una estrategia estructural para sentar las bases de un sistema público de vivienda más sólido, capaz de garantizar el acceso a un hogar a todos los ciudadanos.
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