Las patronales canarias de la construcción ven alguna luz y mucha sombra en el plan de vivienda

Las dos patronales canarias del sector de la construcción tienen dudas en torno a la contribución que el nuevo Plan de Vivienda realizará a la resolución del problema habitacional que recorre las Islas y el conjunto del país.

Si bien entienden como positiva la incorporación de preceptos que estuvieron presentes en las iniciativas de los años 80 y 90, consideran que el presupuesto –7.000 millones de euros para toda España, 371 de ellos para el Archipiélago– se queda muy lejos del que sería necesario para hacer que la vivienda deje de ser la principal preocupación de los ciudadanos.

Presupuesto

«Se supone que los 371 millones son el 60%», explica la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP), Salud Gil. El otro 40% tienen que aportarlo los inversores privados, «en total unos 600 millones de euros. Eso es menos que los 650 millones que teníamos ahora», detalla Gil.

Mirado desde otro ángulo, la presidenta de la AECP señala que solventar el problema habitacional de las Islas pasa por construir 12.000 viviendas cada año.

Eso implica que el sector público aporte «450 millones en cada ejercicio» mientras que el nuevo plan contempla «solo 371 millones para cinco años». En resumen, el presupuesto «no se corresponde con el tamaño del problema existente» y añade: «Otro texto plausible que no cuenta con el dinero adecuado».

Obstáculo

Su homólogo en la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Óscar Izquierdo, estima que el nuevo Plan de Vivienda tiene una alta carga electoral, en referencia a la cercanía de «las autonómicas andaluzas y a menos de un año de los nuevos comicios generales».

En su opinión, el Gobierno central ha olvidado remover el que a su juicio es el principal obstáculo al que se enfrentan los constructores: la lentitud en la tramitación de las licencias en los ayuntamientos. «La ley establece que tienen tres meses para diligenciar las licencias de obra mayor, pero en Canarias tenemos un promedio de 20». Y en las ocasiones en la que llega el permiso en ese año y ocho meses se «lanzan fuegos artificiales», añade de manera irónica.

Industrialización

Que el texto contemple la «vivienda industrializada» es un factor positivo en opinión de Salud Gil. Ahora bien, el plan pone apellido a ese tipo de construcción: «avanzada. Apostamos por la vivienda industrializada, pero necesitamos saber el alcance del término avanzada».

Según el plan, será el director de obra quien determine si el proceso industrial merece o no el calificativo. En caso de que la decisión sea negativa y las Islas tengan que importar, no se contempla las particularidades logísticas que implica estar un territorio alejado. «Nos pasa mucho», lamenta Gil.

Financiación

Las presidenta de la AECP advierte también de las dificultades con las que se encuentran los promotores a la hora de encontrar financiación para levantar viviendas destinadas al alquiler. Son muy pocas las empresas a las que los bancos atienden, «pero no para viviendas protegidas», señala Salud Gil.

Por eso, ella incide en la ausencia de una «financiación colectiva del plan», algo que ya hicieron gobiernos anteriores y que pasa por garantizar a las entidades financieras el cobro de una parte de los intereses.

Derecho de superficie

Gil destaca la introducción del derecho de superficie, actuando sobre suelo público para promoverlo en régimen de alquiler. «También para dársela a un gestor público, como puede ser Visocan», la mercantil pública dependiente de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias.