20 años de retraso en el principio de unidad de explotación

ASCAV tiene conocimiento que desde el 2005, la Comisión Europea ha reclamado al Gobierno de Canarias la supresión del principio de unidad de explotación turística en los complejos de apartamentos y bungalows turísticos.

Así consta en el Dictamen motivado de Infracción de la Comisión Europea nº 2002/4861 en el que se insta al Gobierno de Canarias a restituir los derechos de los propietarios de apartamentos turísticos.

Esta resolución de la Comisión no fue atendida y más de veinte años después, los operadores turísticos han continuado explotando dichos apartamentos contraviniendo el Dictamen europeo.

En el año 2022, ASCAV, en defensa de una parte de sus asociados, interpuso una denuncia ante las autoridades europeas por la mencionada situación, entendiendo que se vulneraban los derechos de los propietarios.

Desde la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias y la Ley 2/2013, más de 200.000 pequeños propietarios se han visto obligados a ceder sus propiedades a un único explotador turístico, sin derecho a usarlas ellos mismos temporalmente, como vivienda habitual o alquilarlas a terceros. Sin embargo, las derramas de mejoras en los complejos no van a coste del explotador, sino van a cargo de los propietarios. Obligaciones imposibles para propietarios que perciben de las explotadoras rentas ridículas.

Recordemos que muchos complejos fueron abandonados por los explotadores, durante las diferentes crisis turísticas, dejando a los propietarios desamparados. Algunos complejos fueron residencializados, pero en ningún caso se abrió la mano por parte del Gobierno de Canarias a que los propietarios pudieran legalmente hacer cualquier uso de estos.

Durante años, se han sucedido multas y sanciones a propietarios de apartamentos turísticos por hacer uso propio o alquilarlos a terceros, sanciones que han obligado a los propietarios a acudir a los Tribunales.

Es más, a pesar de encontrarse dichos complejos abandonados por explotadores en suelo turístico o mixto-turístico residencial estaban vetados a dedicarlos a vivienda vacacional, cuando el uso debía ser turístico. Una contradicción en sí misma.

ASCAV se sorprende ante los titulares de que la consejera de Turismo anuncia, también a las patronales, que ha de ser modificada la Ley del 95 por exigencias de Europa, no por la emergencia habitacional o por atender las reivindicaciones de los afectados que llevan luchando desde hace años.

ASCAV y miles de familias afectadas no sólo merecen una explicación por parte del Gobierno de Canarias, sino que se tomen medidas urgentes para, como mínimo, restablecer los derechos de los propietarios y que se paren inmediatamente todo tipo de sanciones.

Asimismo, ASCAV y más de 733 asociaciones, federaciones, empresas y autónomos, esperan que el Gobierno de Canarias recapacite con las modificaciones de la Ley 6/2025 de VV por el grave perjuicio que causaría a otra importante parte de la ciudadanía y a la actividad económica del Archipiélago no declarando la actividad clasificada inocua. A todas luces, esta Ley también tiene visos de contravenir los derechos europeos de los pequeños propietarios.

Durante la última estancia en Bruselas, ASCAV ya ha sido instada por parte de la Comisión a redactar un informe sobre la Ley 6/2025, que será revisado en aquellos términos que contravengan las normativas de la UE.