Anabel Navarro, 70 años: "Nadie ha parado este abuso y he pasado de pagar 700 euros de alquiler a 1.500"

Cuando Anabel Navarro alquiló la vivienda no tenía problema para pagar los 550 euros al mes que le pedían. Fue hace 15 años, en plena crisis inmobiliaria, y aunque el piso estaba inhabitable la mujer decidió quedárselo con el compromiso del dueño de no cambiar de inquilino. Ella buscaba estabilidad y tenía el salario asegurado gracias a su pensión de mujer recién jubilada. Y el dueño necesitaba alguien que se quedara en la vivienda sin tener que invertir ni un euro en adecentarla. Ella lo limpió, lo pintó, lo adecentó y lo transformó en el hogar que es hoy.

La mujer ha invertido tiempo y dinero para trasformar lo que se encontró en lo que es hoy, y el precio del alquiler ha ido aumentando conforme al IPC. Por eso, los 550 euros de hace 15 años se transformaron en los 700 euros de enero de 2026. Sin embargo, sus caseros ya habían decidido duplicarle el alquiler. "El próximo contrato será a precio de mercado", le dijeron los dueños del piso, herederos de aquel hombre con el que firmó el contrato por primera vez. Y así, la mujer ha pasado de pagar 700 euros a 1.500, mientras en Madrid se debatía qué hacer con un decreto que prorrogaba alquileres y limitaba la subida interanual de la renta del alquiler, una norma que finalmente ha caído con los votos en contra del PP, VOX, JUNTS y UPN

Los 700 euros con los que comenzó pagando Anabael el 2026 (cada año le aplicaban una subida del IPC) se han transformado en los 1.500 a los que ahora debe hacer frente con una pensión de 1.700 euros al mes. Las cuentas no le salen, pero no tenía alternativa posible. Sabe que en el "mercado libre" los caseros exigen una nómina que ella ni tiene ni va a tener. También sabe que los precios están desorbitados. "Me sentía desamparada. No podía acogerme a ninguna normativa y nadie podía parar ese abuso. Qué injusticia más grande. Me vi en la calle así que decidí firmar el contrato, cuando me dijeron y cómo me dijeron. No pude negociar nada, ni protestar por nada. Y ahora no vivo. Es así de sencillo. Tengo un techo, pero me han dejado sin vida. Pago el alquiler, gasto lo mínimo en suministros y tengo verdaderos problemas para llenar la nevera", explica una mujer que habla sin tapujos, pero se niega a ser reconocida. Y admite que es porque no quiere "problemas" con sus caseros.

"Mi contrato vencía en febrero y no sabía a qué normativa acogerme para parar ese abuso. Me vi forzada a firmar ese contrato y vivo asfixiada, al día, pidiendo dinero y sin poder hacer nada. Ni salgo de casa, la verdad. No entiendo estas leyes que no nos protegen de un abuso así, que no garantizan un techo. Lo peor es la sensación de impunidad. Pensar que pueden hacer lo que quieran con nosotros sin que haya consecuencia alguna. He trabajado toda mi vida, como educadora. Y no pensaba que lo pasaría tan mal como lo estoy pasando", concluye la mujer.

Un tsunami de desahucios

La Coalición #NiUnDesahucioMás afirma que con la caída de la moratoria anti-desahucios y la prórroga de alquileres, en los próximos meses "se puede producir un tsunami de desahucios". "La activación de los 70.000 desahucios paralizados, más todos los desahucios invisibles que se produzcan de aquellos alquileres que no se hayan acogido a la prórroga, agravará de manera exacerbada la crisis de vivienda que atraviesa el país", explican.

Y añaden: "Reclamamos una vez más un plan de contingencia o 'de choque' valiente que aborde de manera estructural e inmediata el problema de la especulación con la vivienda. Entre las medidas propuestas debería incluir la recuperación de la moratoria de desahucios, contratos de arrendamiento indefinidos, control de precios de la vivienda y captación de vivienda mediante la figura del tanteo y retracto para ser destinada a alquiler social y asequible. Se trata de medidas coyunturales imprescindibles mientras se trabaja para aumentar el parque de vivienda social que nos equipare a los países más avanzados del mundo en la materia, en los cuales afirmar que “la vivienda es el quinto pilar del estado del bienestar” no suena a eslogan sino a realidad". 

Por último, explican que a su vez, mientras que se reduce la protección en materia de vivienda con la población vulnerable, "se está produciendo una inacción por parte de las administraciones públicas ante el mercadeo de fondos buitre con antigua vivienda pública. Hace escasas semanas se hacía pública la venta de 5.000 viviendas de Blackstone a Brookfield, dejando en el limbo la situación de sus inquilinos". 

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