¿Mandaste un burofax? La clave legal para blindar 40.000 contratos de alquiler en Canarias ante el rechazo del Congreso

Son 97.137 los canarios que están en vilo tras el rechazo del Congreso a la prórroga obligatoria de los alquileres. La negativa de PP, Vox, PNV y Junts a convalidar el decreto deja vía libre a los caseros en las Islas para actualizar unos 40.000 contratos a precios de mercado, lo que supondrá un encarecimiento de hasta 2.267 euros anuales (unos 190 euros más al mes) frente a las rentas limitadas que rigen desde la pandemia.

En toda España, son 1,6 millones los inquilinos que pierden el sueño ante la posibilidad de que sus caseros impongan la actualización de los arrendamientos a precios de mercado, muy por encima del 2% anual al que limita el decreto la revisión de las rentas.

Los caseros podrán subir los alquileres muy por encima del 2% al que lo limita el decreto rechazado

Los datos de afectados los extrae el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Panel de Hogares (lo firman el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales), que hace una estimación del número de contratos de alquiler que se firman cada año. En lo que se refiere a las Islas, son alrededor de 40.000 los arrendamientos que están afectados (600.000 en todo el país).

Los que se libran

Sin embargo, un número indeterminado de ellos pueden haberse librado. "Miles de inquilinos corrieron a mandar un burofax a su casero exigiendo esos dos años extra en cuanto salió la noticia en el telediario", señala el abogado Andrés Roda. Se refiere de ese modo a quienes hayan realizado ese trámite entre el 22 de marzo en que el real decreto entró en vigor hasta este martes en que el Congreso rechazó su convalidación.

¿Librado del todo? El letrado hace algunas aclaraciones. Para empezar, recomienda a los inquilinos estar preparados "porque muchos caseros van a pensar lo contrario y tratarán de enseñarles la puerta de salida". No obstante, se muestra convencido de que, presiones aparte, "si hicieron esa comunicación mientras la norma estuvo viva, el derecho es suyo".

Judicialización

Imposible saber cuántos de los más de 40.000 arrendatarios afectados en el Archipiélago tomaron ese camino. De lo que sí está seguro Roda es de que habrá una elevada judicialización. La base para esa segura pelea en los tribunaleso es la correcta o no comunicación al casero de la intención de acogerse al decreto y el momento en el que se encuentre el contrato.

El Real Decreto-ley 7/2019 establece un periodo de duración inicial de cinco años para las personas físicas y de siete, para las jurídicas. A partir de ese momento, si no hay comunicación por ninguna de las partes, rige una prórroga por otros tres años.

¿A cuáles afecta el decreto?

La prórroga obligatoria de dos años estaba prevista para todos los alquileres cuya finalización se produjera -o produzca- entre el pasado 21 de marzo y el último día de año próximo (2027). Se trata de aquellos alquileres que el Gobierno central decidió proteger ante la escalada desaforada de precios que siguió a la salida de la pandemia por coronavirus. Una manera de detener mediante regulación el continuo incremento del precio de los alquileres.

Derribado el decreto impulsado por el ministro Pablo Bustinduy (Sumar), los propietarios de los inmuebles tienen las manos libres para renovar el alquiler o expulsar a los inquilinos a la fecha de la finalización del contrato. En caso de querer mantener a sus actuales inquilinos son libres también de redactar las nuevas cláusulas sin ningún obstáculo.

Subida del precio

Tampoco en lo que se refiere al precio. Pueden aplicarse subidas ligadas al incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC), pero también traer de golpe la renta al momento actual del mercado. Obvia decir que el coste de los alquileres de hoy difiere en mucho –por encima– de los que había en 2021.

Si complicado está encontrar hoy en día un alquiler pagable, tampoco mejora mucho la situación de quienes mantengan el domicilio en el caso de actualización del alquiler. El salto de los últimos cinco años puede ser de hasta 2.267 euros al año. O lo que es lo mismo, casi 190 euros más cada mes.

Malas noticias

Ninguna buena noticia para una sociedad en la que tres de cada diez de sus integrantes se mueven en un contexto de riesgo de padecer pobreza o exclusión; uno de cada diez es pobre de solemnidad.

Ayer, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (PSOE), desaconsejó volver a llevar al Congreso el decreto. Se inclina por aprovechar las leyes que ya están en tramitación en el Congreso.

Sumar aboga por repetir la jugada pero con los incentivos fiscales para los caseros que exige Junts

Sumar, formación impulsora de la frustrada medida, quiere repetir la jugada, pero con cesiones a Junts como las bonificaciones fiscales a los caseros. A ese respecto, la ministra de Vivienda ha dicho: «No desecho esa fórmula, pero que hay que garantizar es que ese Real Decreto Ley vaya a ser convalidado», informa EP.

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