Canarias culmina solo 476 viviendas de protección oficial en una década

La escasez de vivienda tensiona cada vez más el mercado inmobiliario canario. En este contexto, y ante unos precios cada vez menos accesibles, la vivienda de protección oficial (VPO) -con precios regulados por debajo del mercado, tanto en alquiler como en venta- debería ser una alternativa para las familias con menor capacidad económica. Sin embargo, en la práctica apenas lo es. El Archipiélago no registra desde 2022 ningún proyecto de vivienda protegida con calificación definitiva, el trámite que acredita la finalización de la obra y el cumplimiento de los requisitos para ser considerada VPO. En cifras más claras y para entender la situación, Canarias solo ha concluido 208 casas con esta calificación en los últimos cinco años y 476 en la última década, según datos que recopila el Gobierno central.

Este tipo de calificación alcanzó uno de sus niveles más altos en 2012, cuando se contabilizaron 892 VPO con denominación definitiva. Desde entonces, la cifra se ha reducido un 57,5%, hasta las 379 registradas en 2025. Cabe añadir que estos datos incluyen planes tanto estatales como autonómicos. El problema, sin embargo, viene de lejos. Tras la burbuja inmobiliaria, en una etapa marcada por el crédito fácil y el acceso relativamente sencillo al préstamo hipotecario, las administraciones fueron relegando el papel de la vivienda protegida, concebida para ofrecer precios por debajo del mercado. Así, los datos del Ministerio muestran desde 2008 una evolución irregular y, en todo caso, insuficiente para responder a la demanda real de las Islas.

La diferencia es que ahora estas bajas cifras se producen en un contexto de emergencia habitacional, con una oferta muy limitada que presiona al alza los precios y expulsa del mercado inmobiliario tradicional a muchas familias. En este contexto la compraventa de viviendas protegidas descendió un 10,6% en febrero frente al mismo mes del año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque en términos absolutos esta reducción se traduce en que en el segundo mes de 2026 se compraron 42 casas de protección oficial frente a las 47 que se adquirieron en el mismo periodo tan solo un año antes.

Eso sí, se trata de una caída mayor que la de la oferta libre, que en su lugar crece en Canarias un 8,3%, síntoma de que su producción ya no es suficiente. La emergencia habitacional en las Islas se resume, precisamente, en ese desequilibrio: una necesidad de vivienda que no deja de acumularse frente a una oferta escasa, limitada y cada vez más inaccesible para buena parte de la población.

Calificaciones provisionales

A todo ello se le suma que la rentabilidad de las empresas del sector de la construcción es de apenas un 3,1%. Por lo que la falta de viabilidad y rentabilidad en esta área dificulta y frena la inversión y el lanzamiento de nuevas promociones. Especialmente si se le añaden los problemas de encarecimiento de los fletes y los materiales para la edificación a causa del contexto internacional actual, convulso por la guerra en Irán.

En esta línea, ningún proyecto de vivienda protegida recibió una calificación definitiva en 2025, lo que supone repetir el mismo ‘cero’ anual en tres ocasiones hasta retroceder a 2022, donde se alcanza un pico de 208 obras culminadas. Pero es que incluso las calificaciones provisionales, es decir, aquellos proyectos que no han iniciado las obras pero certifican que el plan cumple con los requisitos para ser una VPO, tampoco dibujan un mejor panorama. En 2025 fueron un total de 379, un ‘100%’ más que el año anterior, cuando no entró ninguna casa en esta categoría. Aunque la cifra sí indica un incremento del 45,1% con respecto a 2021, en el que fueron 208 casas. Si se retrocede aun más en el tiempo hacia los años de la burbuja inmobiliaria, el dato aumenta en 2008 hasta las 1.277, último año del que hay registros, y alcanza un pico en 2009 con 2.540 hogares de protección oficial con calificación provisional.

Solicitudes para clasificación

Por su parte, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha registrado en los últimos dos años un incremento «sin precedentes» en las peticiones para la puesta a disposición en el mercado de hasta 3.426 nuevas VPO.

Durante ese periodo, se han recibido 118 solicitudes para la calificación de esos 3.426 inmuebles como protegidos, para llevar a cabo su construcción o rehabilitación en el Archipiélago. Se trata de un aumento significativo en comparación con los dos años anteriores. En este sentido, en 2021 solo se recibieron tres solicitudes para la calificación de 112 viviendas; y en 2022, la cifra bajó a dos solicitudes con 78 viviendas. Unos datos que se vieron incrementados en 2023 con 14 solicitudes para 414 viviendas, y en 2024 con 46 peticiones para 1.723 inmuebles.

De las solicitudes recibidas durante el último año y medio, 37 pertenecían a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para un total de 1.234 viviendas, mientras que en la provincia de Las Palmas se contabilizaron 19 peticiones, sumando un total de 903 inmuebles.

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