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Sareb acelera su despedida: casi 3.000 viviendas nuevas en camino y el papel clave de Canarias

La promotora Árqura mantiene activos 50 proyectos que culminarán antes de 2028 mientras crece la incógnita sobre el impacto real en el archipiélago

El Gobierno de Canarias compra nueve viviendas a la SAREB en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria

El Gobierno de Canarias compra nueve viviendas a la SAREB en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria

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Las Palmas de Gran Canaria

La cuenta atrás para la desaparición de la Sareb entra en su fase decisiva. El conocido como “banco malo”, creado en 2012 tras la crisis financiera para gestionar los activos tóxicos de la banca, encara su recta final con un último impulso: la entrega de casi 3.000 viviendas de obra nueva en los próximos años. Estas promociones, canalizadas a través de su filial promotora Árqura Homes, forman parte de los activos que no se integrarán en la nueva empresa pública estatal de vivienda y que seguirán su curso en el mercado privado.

Este movimiento se enmarca en un proceso más amplio de reestructuración del parque inmobiliario público en España. Mientras el Gobierno ha decidido transferir decenas de miles de viviendas existentes a una nueva entidad estatal para impulsar el alquiler asequible, las promociones en curso de Sareb quedarán fuera de ese circuito y se venderán a particulares.

Árqura: promociones comprometidas hasta 2028

El papel de Árqura Homes resulta clave en esta fase final. La promotora cuenta actualmente con alrededor de 50 proyectos en construcción, cuya entrega está prevista de forma progresiva hasta 2028. Se trata de viviendas que ya estaban comprometidas antes del giro estratégico del Gobierno y que, por tanto, seguirán su curso comercial habitual.

Estas promociones representan una parte significativa del stock de Sareb que aún no ha sido absorbido por el sector público. La decisión de mantenerlas fuera del nuevo sistema responde a su naturaleza: son desarrollos de obra nueva orientados a la venta, no al alquiler social.

El edificio propiedad del Sareb está situado en la calle Diego de Alcalá, número 45, en Vecindario.

El edificio propiedad del Sareb está situado en la calle Diego de Alcalá, número 45, en Vecindario. / LP/DLP

El volumen total —cerca de 3.000 viviendas— es relevante, aunque pequeño en comparación con el conjunto de activos de Sareb, que incluye decenas de miles de inmuebles heredados de la burbuja inmobiliaria. De hecho, el Gobierno ha identificado más de 40.000 viviendas susceptibles de integrarse en el parque público, junto a miles de suelos para nuevas promociones.

El mapa de Sareb: impacto desigual en España

La distribución territorial de los activos de Sareb ha sido históricamente desigual. Las zonas con mayor peso de la burbuja inmobiliaria —especialmente la costa mediterránea— concentran gran parte de las viviendas disponibles.

En este contexto, el impacto de las nuevas promociones de Árqura también dependerá de su localización. Aunque la compañía no ha detallado públicamente el reparto exacto de estos 50 proyectos, sí se sabe que siguen la lógica del mercado: se ubican principalmente en áreas con demanda residencial y viabilidad comercial.

Esto deja en segundo plano a regiones como Canarias, donde el problema de acceso a la vivienda es especialmente agudo pero donde el peso de Sareb en obra nueva es más limitado.

¿Cuántas viviendas de Sareb llegan a Canarias?

La pregunta clave es cuánto de este proceso afecta realmente al archipiélago. En términos generales, Canarias recibirá en torno a 1.161 viviendas procedentes de Sareb dentro del nuevo parque público estatal de vivienda, lo que representa apenas un 2,5% del total nacional.

Anuncio de una promoción de viviendas de obra nueva de Árqura Homes, la promotora de Sareb

Anuncio de una promoción de viviendas de obra nueva de Árqura Homes, la promotora de Sareb / Idealista

Estas viviendas no forman parte de las promociones nuevas de Árqura, sino del stock ya existente destinado a alquiler asequible. Aun así, permiten dimensionar el peso real de Sareb en las islas.

El reparto interno también es desigual:

  • Gran Canaria concentra unas 419 viviendas
  • Tenerife, alrededor de 380
  • Fuerteventura, 249
  • Lanzarote, 111

Mientras tanto, otras islas como La Gomera apenas cuentan con unidades testimoniales y algunas, como La Palma o El Hierro, quedan fuera del reparto.

Además, estimaciones recientes apuntan a que el conjunto de activos vinculados a Sareb podría situarse en torno a 1.161 viviendas en Canarias destinadas a uso social, una cifra que evidencia la limitada capacidad de este instrumento para resolver la crisis habitacional del archipiélago.

Una aportación insuficiente para la crisis de vivienda

El problema de acceso a la vivienda en Canarias sigue siendo estructural. A pesar de los esfuerzos institucionales, el parque público continúa siendo reducido en comparación con la demanda.

En los últimos años, algunas promociones vinculadas a Sareb han sido adquiridas o finalizadas por administraciones públicas. Sin embargo, el ritmo de entrega sigue siendo lento: numerosos proyectos permanecen en fase de ejecución o planificación, con miles de viviendas aún sin materializar.

En este contexto, las nuevas promociones de Árqura no tendrán un impacto directo en el alquiler asequible en las islas, ya que están destinadas a la venta privada. Esto limita su capacidad para aliviar la presión del mercado, especialmente en zonas tensionadas como el sur de Tenerife o Gran Canaria.

El final de Sareb y el nuevo modelo de vivienda

La desaparición progresiva de Sareb marca el cierre de una etapa iniciada tras la crisis de 2008. Su misión original —liquidar activos problemáticos de la banca— evoluciona ahora hacia un modelo más orientado a la intervención pública.

La transferencia de viviendas a la nueva empresa estatal busca precisamente corregir uno de los grandes déficits del sistema: la falta de un parque público suficiente. Sin embargo, el hecho de que promociones como las de Árqura queden fuera de este circuito refleja las limitaciones del proceso.

Por un lado, se prioriza el uso social de viviendas ya existentes. Por otro, se mantiene una parte del negocio inmobiliario en el mercado privado para intentar recuperar parte de la inversión pública.

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