Francisco Lama: «En cada crisis se ataca al bolsillo de los empleados públicos»

¿Cuál es el estado actual de la jubilación parcial en el sector público?

Los funcionarios y el personal estatutario tenían ese derecho reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero decayó con los recortes de 2012. Eso ya se ha derogado en la última ley de presupuestos y lo único que queda es que se regule en la normativa básica para que tanto el personal funcionario como el estatutario puedan ejercer ese derecho. A día de hoy se está tramitando el proyecto de ley de la función pública, y ahí ya se ha introducido una enmienda, a propuesta de CSIF, para restablecer ese derecho. Pero es muy complicado sacar normas con la fragmentación parlamentaria actual y la falta de consenso político que existe en estos momentos.

En breve se publica ese real decreto.

Sí, pero las últimas noticias que tenemos son que únicamente va a modificar la jubilación parcial respecto del personal laboral, para que pueda seguir acogiéndose y para darle a la figura del relevista ese carácter temporal. Pero para el personal funcionario y estatutario, de momento, por parte del Gobierno no hay ningún avance. Únicamente está en ese proyecto de ley de función pública, que está en un cajón desde hace ya casi dos años. Cuando lo saquen otra vez para debate y votación en el Parlamento, si se aprueba, sí se recuperaría ese derecho.

¿Qué valoración hacen de esta diferenciación entre trabajadores públicos?

No estamos de acuerdo con el trato diferenciado. Lo que pedimos es que se recupere un derecho que estaba reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público desde 2007 y que se recortó por una situación excepcional derivada de la crisis económica. En este país siempre pasa lo mismo: cada vez que hay una crisis económica se ataca al bolsillo y a los derechos de los empleados públicos. Luego pasa la crisis y se mantiene ese recorte de derechos. Nuestro posicionamiento es que eso debe reconocerse cuanto antes. Pero la única fórmula para que vuelva a estar en vigor es que el Parlamento apruebe una norma.

La figura del relevista es quizás la más importante para llevar a cabo de manera efectiva la jubilación parcial. ¿Se ha resuelto ya el problema de los contratos?

La fórmula habitual era que, cuando alguien quería jubilarse parcialmente y había que nombrar al relevista, la Administración contrataba a una persona con carácter temporal. Como esa jubilación parcial se producía tres años antes de la jubilación ordinaria, no había ningún problema. La cuestión aparece cuando el Gobierno y los sindicatos de clase ponen encima de la mesa que el relevista tiene que tener una contratación indefinida. En la empresa privada no hay problema, pero en la Administración pública sí, porque para que una persona tenga la condición de indefinida tiene que superar un proceso selectivo. Estos tienen sus fases y, en el mejor de los casos, pueden pasar dos o tres años. Como esa es la fórmula que actualmente está en vigor, el resultado final es que los empleados públicos laborales no pueden acogerse a ese derecho reconocido. La Administración se encuentra atada de pies y manos. Por eso, la fórmula que propusimos, y que seguimos defendiendo, es que el contrato del relevista sea temporal.

Otro de los problemas de la Administración es, precisamente, la alta tasa de temporalidad.

Sí. Y eso no se va a solucionar si las Administraciones no cumplen con el mandato legal en cuanto a las ofertas de empleo público y la ejecución de los procedimientos selectivos. La tasa de reposición es uno de los grandes males que tenemos, porque si no puedo ofertar plazas pero tengo que prestar el servicio al ciudadano, al final tengo que acudir a la contratación temporal. Todo eso ha generado esta situación caótica y esa alta tasa de temporalidad en el conjunto de las Administraciones, en especial en la Administración local y en las Administraciones autonómicas.

Los procesos de estabilización se presentaron como una vía para reducir esa tasa. ¿Han servido realmente?

La primera impresión que tenemos es que, gracias a los procesos de estabilización, más de 400.000 personas han podido estabilizar su puesto de trabajo. ¿Ha logrado el objetivo? No. No lo ha logrado porque las Administraciones han incumplido. Había una serie de plazos, desde la convocatoria hasta la ejecución del proceso selectivo, que finalizaban el 31 de diciembre de 2024. A día de hoy todavía hay Administraciones que están convocando plazas del proceso de estabilización, dos años más allá de la fecha límite.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha cuestionado las medidas adoptadas por España para reducir la interinidad en las Administraciones públicas. ¿Qué lectura hace CSIF de estos pronunciamientos?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya venía diciendo que los procesos de estabilización, tal y como estaban planteados inicialmente, no eran la solución, porque no se establecían fechas concretas. Precisamente por eso se firmó el acuerdo de 2021, en el que se fijaron los plazos para la oferta de empleo público, el desarrollo de los procesos selectivos y su ejecución, que debía finalizar en diciembre de 2024. El problema es que, como las Administraciones han incumplido esos plazos, seguimos en la misma situación que al principio.

La UE da ahora un plazo de dos meses para mejorar la tasa de temporalidad. ¿Considera que puede ser efectiva la sanción?

La realidad es que, por muchas medidas que se adopten, si cada Administración no oferta las plazas que necesita y no lo hace dentro del plazo que marca la ley, vamos a seguir teniendo una temporalidad muy alta en las Administraciones públicas. Al final, la Unión Europea nos sancionará, nos quitará fondos europeos y, lógicamente, muchas personas se verán afectadas. Por eso siempre hemos defendido que la indemnización debe ser acorde al daño ocasionado y que tienen que establecerse sanciones claras y precisas para los responsables que incumplen los plazos dentro de la Administración. Es la única solución.

Volviendo a la jubilación. Con los trabajadores del baby boom se espera una salida masiva de casi la mitad del funcionariado. ¿Está preparada la Administración para este relevo?

Desde CSIF venimos denunciando desde hace años que la plantilla de las Administraciones está envejecida, con una franja de edad por encima de los 50 años, y que en los próximos años se van a jubilar miles de empleados públicos. Para afrontar ese relevo generacional haría falta un plan de recursos humanos, pero nos encontramos con una negociación en la que no se nos facilitan datos y, por tanto, no podemos analizar las necesidades reales de cada Administración ni saber hacia dónde deben ir las plazas. Hay servicios con más carencias que otros y que necesitan una respuesta más inmediata. Sin embargo, la oferta de empleo público aprobada solo aumenta en 217 plazas respecto al año anterior y reduce la promoción interna, por lo que la rechazamos. La Administración sigue improvisando y no aborda un problema que está a la vuelta de la esquina. Al final, ese déficit estructural repercute directamente en la ciudadanía, porque impide prestar un servicio público adecuado.

Se plantean como solución el agilizar y simplificar los procesos selectivos.

Sí. El pasado 27 de abril firmamos con el Gobierno un acuerdo para reforzar los servicios públicos, que incluye, entre otras cuestiones, medidas para mejorar los procesos selectivos. Nosotros no entendemos que en ámbitos como la educación una oposición pueda convocarse en junio, resolverse en julio y que en septiembre los aprobados estén ya dando clase, mientras que en otros sectores, como la sanidad, haya procesos que pueden prolongarse hasta cuatro años. Aspiramos a que se establezca un plazo máximo de un año para ejecutar un proceso selectivo. Es lo lógico, no solo por la necesidad de dotar de personal a las Administraciones públicas, sino también por los propios aspirantes.

Sobre la regularización de las personas migrantes, ¿qué valoración hace de la organización y los recursos destinados al proceso?

Cuando las cosas se improvisan, el resultado es malo. Nosotros criticamos que, cuando se toman ciertas decisiones, se mira más la rentabilidad política que la rentabilidad para el ciudadano, que al final es el beneficiario de todo esto. Cuando la regularización se puso en marcha, denunciamos esa falta de planificación. Hay muchísimos organismos implicados: Ministerio del Interior, Extranjería, Seguridad Social, Correos, Policía y Administración local. Había que hacer una planificación inicial y dotar de recursos en lo que fuese necesario para salvar esta situación. En Correos, para formar a la gente para acometer este proceso se han dado dos horas online al personal. Si llega esta sobrecarga de trabajo, eso se traduce en el cabreo de las personas afectadas, porque no reciben una atención adecuada, y en el colapso absoluto de los trabajadores que están allí horas y horas para sacar el trabajo.

¿Qué habría que mejorar?

Deberíamos haber empezado por formar a los trabajadores, sobre todo en aquellos ámbitos que no tienen un contacto directo con estos trámites. Además, tendríamos que hablar de compensaciones económicas por las horas extra. El resultado final debe ser que el ciudadano tenga una sensación positiva y no se vaya después de estar horas en una cola sin haber sido atendido.

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