La construcción se para tras el golpe al plan de ordenación de Gran Canaria

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de anular el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria tras su revisión de 2022 ha provocado un parón en el sector de la construcción.

Los inversores no quieren seguir apostando por iniciativas que no saben si podrán ver la luz de manera definitiva, lo que a su vez tiene efecto sobre el empleo. Así lo advierte la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP), Salud Gil.

"Quedarse quietos"

Y lo constata su homóloga en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Olga Sanfiel. «Cuando saltan alarmas de este tipo, la tendencia lógica es a quedarse quietos», explica la presidenta de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción (Fepeco) de Santa Cruz de Tenerife.

Malas noticias para un sector que ha perdido 608 afiliados a la Seguridad Social en el último año, pero ha sido capaz de recuperar más de la mitad de ellos (378) en el mes de abril; 60.569 puestos de trabajo están hoy operativos en este ámbito económico.

Carteras en revisión

Tras el varapalo judicial sufrido por el instrumento principal del ordenamiento territorial insular, Gil adelanta que las carteras de los inversores van a ser sometidas a revisión. «Ellos todavía están a tiempo, ¿pero qué ocurre con quién ha esperado hasta diez años y ya tiene sus proyectos en marcha?», lamenta, para rematar: «Solo la tenacidad de los empresarios mantiene la maquinaria activa, porque esto es para echar el candado», asegura.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado en días pasados que el PIO mantiene su plena vigencia hasta que la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC adquiera firmeza. Esto es, la institución insular prepara un recurso de casación para intentar que el Tribunal Supremo –también el TSJC podría autoenmendarse– cambie el rumbo.

Insuficiente

Una realidad judicial que en opinión de Salud Gil es insuficiente para generar confianza entre los empresarios. La representante empresarial reclama un análisis detallado de la situación que permita «subsanar» cuantas cuestiones estén afectadas según la tesis en la que el TSJC basa sus sentencias; dos ya con la conocida esta semana en favor de un recurso interpuesto por Lopesan.

El máximo órgano judicial canario señala la improcedencia de adaptar el ordenamiento insular para adaptarlo a normas urbanísticas ya derogadas. Es en este punto en el que la presidenta de la AECP reclama un trabajo fino para «evitar el efecto de tierra quemada» que se llevará por delante todas la inversiones. Si finalmente no es así, sí al menos detendrá la anulación en cascada de todas las autorizaciones administrativas que se tramitan en la actualidad.

Contra la industria

Además, Salud Gil recordó la apuesta que hace la Unión Europea (UE) –estrategia Fit for 55– por la industria de los áridos, que queda fuera de juego en la nueva situación creada tras las sentencias. «Bruselas ha dicho que la industria vinculada a los áridos es estratégica y de interés general, y anima a fomentarla, porque considera la obtención de recursos mineros esencial para la economía y el bienestar social», detalla la presidenta de los constructores de la provincia oriental.

En ese mismo contexto, Gil denuncia la «brutal dependencia del exterior» que tiene el Archipiélago en este capítulo. Más grave aún cuando la emergencia habitacional por la escasez de viviendas demanda respuestas rápidas. Todo lo contrario que, en opinión de la AECP se va a producir tras conocerse la postura del TSJC. Precisamente la carencia de materiales en la comunidad autónoma es uno de los lastres a los que se enfrenta la necesaria dinamización de la oferta inmobiliaria canaria.

Más margen

Cierto es que la provincia de Santa Cruz de Tenerife no está afectada en esta ocasión –la decisión del TSJC solo atañe a Gran Canaria–, lo que permite a Fepeco un mayor margen para la calma, si bien Olga Sanfiel descarta que cualquier cuestión pueda aparcarse por afectar a otra isla. «Estamos acostumbrados a saltar vallas y, juntos, vamos a ser capaces de encontrar herramientas en las que apoyarnos», sostiene.

El optimismo de la presidenta de la patronal constructora de la provincia occidental se basa en la existencia de «unas necesidades que hay que cubrir». En el momento presente, la realidad judicial lleva a la paralización del sector pero Sanfiel está segura de que la madeja se desenredará.

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