Javier Burón, especialista en vivivenda: «Reducirlo todo a construir más es no entender el problema»

El especialista en políticas y mercados inmobiliarios habla sobre el modelo de vivienda colaborativa o coliving como una alternativa a medio y largo plazo para ampliar el acceso a un inmueble asequible. También es autor del libro El problema de la vivienda donde estudia la subida imparable de precios, la turistificación, la gentrificación, los inversores globales y las actuaciones públicas al mismo tiempo que se centra en soluciones concretas. El experto participa este viernes 23 de mayo en las Jornadas de vivienda cooperativa en cesión de uso en Canarias que se celebran en el Club LA PROVINCIA.

¿En qué consiste la vivienda colaborativa y qué modelo están impulsando desde la Administración?

Es un concepto algo abstracto, porque en cada comunidad autónoma se entiende de una manera distinta y, además, donde hay movimientos activistas fuertes también se le dan matices diferentes. Desde la Administración, y en concreto desde la experiencia que conozco en Navarra y previamente en Barcelona, hablamos sobre todo de cooperativas de vivienda en cesión de uso. Es un modelo en el que se cede suelo público en derecho de superficie durante un periodo largo, normalmente 75 o 90 años, a un grupo de cooperativistas. La clave es que esas personas actúan como promotor colectivo. Una cooperativa es una empresa, pero en este caso promueve vivienda protegida con una lógica colaborativa. Las casas tienen espacios privativos, pero también suelen incluir espacios comunes. Por ejemplo una cocina grande, una biblioteca, aparcamiento de bicicletas u otros servicios compartidos.

¿Qué garantías debe ofrecer este modelo de vivienda colaborativa?

Para nosotros, como Administración, lo importante es que esas viviendas se construyen o rehabilitan como vivienda protegida, se gestionan como vivienda protegida y nunca dejan de ser vivienda protegida. Son asequibles desde el inicio y deben seguir siéndolo durante toda su vida útil.

¿El, también denominado, 'coliving' puede aliviar la presión del mercado?

Ahora mismo este tipo de vivienda no tiene masa crítica suficiente para influir en el mercado. Ni siquiera en Barcelona, que es donde más se ha desarrollado. Mil viviendas en una ciudad con cientos de miles de viviendas no alteran de forma relevante el funcionamiento del mercado. Pero eso no significa que no sea importante.

En el mejor de los casos se controla alrededor del 3% del parque residencial. El 97% restante es vivienda de mercado.

Entonces, ¿qué papel puede jugar la vivienda colaborativa en el sector inmobiliario?

Hoy, entre administraciones públicas, tercer sector, fundaciones y empresas que colaboran con la Administración en vivienda asequible, en el mejor de los casos se controla alrededor del 3% del parque residencial. El 97% restante es vivienda de mercado. Por eso, además de preguntarnos cuánto se hace, hay que preguntarse qué se hace.

Lo importante es generar nuevos modelos de provisión y gestión de vivienda asequible a futuro. En muchos lugares, y Canarias es un ejemplo claro, existe una gran distancia entre dos extremos: por un lado, casi todo el parque está en el mercado; por otro, hay unas pocas viviendas públicas de alquiler social destinadas a evitar la exclusión. En medio prácticamente no hay nada. Ahí es donde modelos como la vivienda colaborativa pueden tener sentido. No porque vayan a resolver por sí solos el problema, sino porque permiten construir una vía intermedia.

¿Este modelo es una respuesta temporal o a largo plazo para paliar la crisis habitacional?

No es una solución a corto plazo, sino a medio y largo plazo. A corto plazo pueden hacerse pilotos, porque sirven para demostrar que estos edificios y comunidades son posibles, para ver cuánto cuestan, cómo se organizan, qué ayudas públicas reciben y qué acompañamiento necesitan. Pero el objetivo real no es solo hacer pilotos, sino crear operadores estables de vivienda asequible.

Ahora mismo tenemos principalmente dos grandes proveedores: el mercado, donde actúan particulares, empresas y fondos de inversión; y las administraciones públicas, con un peso muy desigual según la comunidad autónoma. Lo que falta es consolidar otro tipo de proveedores, cooperativas, fundaciones y empresas que trabajen de forma estable con la Administración y que generen vivienda asequible de forma permanente. No serán viviendas públicas en sentido estricto y, en principio, tampoco serán vivienda social. Pero sí pueden formar parte de una provisión sostenida de vivienda asequible a medio y largo plazo.

¿Qué frustración genera entre la población joven trabajar y aun así no poder acceder a una casa?

Lo que se ha roto es el contrato social. Durante décadas existía un acuerdo implícito: si una persona se formaba, terminaba sus estudios y entraba en el mercado laboral, podía aspirar a una vida independiente. Con dificultades, pero podía hacerlo. Para buena parte de las generaciones mayores, ese contrato se cumplió pues accedieron a una vivienda, muchas veces en propiedad, y todavía están pagando o ya han pagado su hipoteca.

Además, en muchos lugares la respuesta mayoritaria sigue siendo que el problema se resuelve construyendo más viviendas. Construir hace falta, pero si se construye más vivienda y acaba en manos de fondos de inversión, compradores de alto poder adquisitivo o usos no residenciales, el alivio para la población trabajadora será limitado. En una comunidad donde incluso trabajadores del sector turístico tienen dificultades gravísimas para vivir durante las campañas, reducirlo todo a construir más es no entender bien la complejidad del problema.

En Canarias se ha planteado como solución a la crisis el ‘prohibir la compra de vivienda a extranjeros’. ¿Qué opinión le merece?

Plantearlo como «prohibir comprar a extranjeros» me parece una barbaridad y, además, una medida injusta. Las personas pueden tener un proyecto de vida en muchos lugares. El problema no debería formularse en función de si alguien es extranjero o no, sino en función del uso que se va a dar al inmueble. Otra cosa distinta sería establecer mecanismos para que, en determinadas zonas y durante un tiempo concreto, solo puedan comprar quienes vayan a residir efectivamente allí o quienes colaboren con la Administración para alquilar la vivienda a largo plazo y a precios asequibles. Eso sí puede tener sentido.

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