PP y PSOE sellan su primer pacto en vivienda de la legislatura con el objetivo de movilizar 7.000 millones de euros

Las comunidades autónomas —la mayoría gobernadas por el Partido Popular— y el Ministerio de Vivienda liderado por la socialista Isabel Rodríguez han sellado el primer gran acuerdo de la legislatura, la aprobación del reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, que aspira a movilizar en cinco ejercicios 7.000 millones de euros que se destinarán a la construcción de casas, rehabilitación de edificios y diferentes tipos de ayudas, entre ellas al bono alquiler joven.

La Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana de este jueves, en la que participaban todos los consejeros del ramo de las comunidades —que adelantaron su voto a favor al texto— y los representantes del Ministerio, ha dado su apoyo por unanimidad al texto y al reparto de los fondos, a pesar de que públicamente han mostrado su oposición. El plan definitivo sale adelante con cinco meses de retraso frente a lo previsto y después de haber incorporado 365 aportaciones y 28 reuniones entre Vivienda y Agenda Urbana y los diferentes ghobiernos regionales.

"Es un día muy importante. Tenemos claro el objetivo: es necesario construir más vivienda para ampliar el parque público. Queremos que cuanto antes estos 7.000 millones de euros sean una realidad. Esperamos que en el segundo semestre se pueda empezar a ejecutar. Para solucionar el problema necesitamos más inversión pública. Con este plan triplicamos la inversión de los anteriores. Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo. Este es el camino. A este problema solo se le da respuesta desde el acuerdo, dejando a un lado los planteamientos partidistas para irnos a respuestas eficaces en las que todos estemos de acuerdo", resumió la ministra Rodríguez en una rueda de prensa antes de la celebración del encuentro.

Hasta 7.000 millones de euros para invertir en vivienda

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará 7.000 millones de euros, de los cuales el 60% serán aportados por el Ministerio de Vivienda y el 40% restante por las comunidades autónomas, a excepción del primer año, en el que el Gobierno asumirá el total de los desembolsos, una de las principales exigencias de las regiones. El objetivo es que como mínimo —el destino final de los fondos lo pactará cada comunidad con el Ejecutivo— es que el 40% de los 7.000 millones vaya a ayudas a la construcción de viviendas, el 30% a rehabilitación y el 30% restante sean ayudas, principalmente al alquiler, al alquiler con opción a compra y a la adquisición de inmuebles en el medio rural.

La región que más fondos recibirá del Plan Estatal será Andalucía, 1.197 millones de euros, seguida de la Comunidad de Madrid y Cataluña, con 1.113 millones y 1.015 millones de euros, respectivamente. Por detrás destaca el volumen de la Comunidad Valenciana (798 millones). En el siguiente escalafón se sitúan Galicia (399 millones) Castilla y León (378), Canarias (371), Región de Murcia (308), Castilla-La Mancha (280), Aragón (266), Asturias (231), Extremadura (210), Baleares (168), Cantabria (133), País Vasco (119), Ceuta y Melilla (7 millones cada una).

El siguiente paso será que cada comunidad y el Gobierno firmen convenios para decidir cuantos fondos se asignarán a cada una de las partidas y con qué políticas concretas. Es decir, partiendo de las proporciones mínimas mencionadas, cada autonomía podrá decidir si los destinados a construcción la dedican solo a promoción pública o también privada o los importes de una u otra subvención, por ejemplo. Los primeros acuerdos bilaterales podrían llegar ya antes de verano, de forma que durante el segundo semestre del año comenzarán a desplegarse el capital del PEV.

El plan da carácter permanente a la VPO

Una de las novedades del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que no tenía sus predecesores, es la incorporación de cláusulas para evitar la desclasificación de viviendas de protección oficial (VPO en el argot). Normalmente, este tipo de casas, pasados varios años, perdían su carácter de piso protegido, que se traducía en una limitación en el precio de vivienda y en alquiler. Ahora, todos los edificios que cuenten con subvenciones o ayudas de este programa deberán blindar su protección permanente. Tal y como avanzó EL PERIÓDICO en febrero, varias comunidades del PP han retorcado en los últimos meses sus legislaciones autonómicas para adaptarlas a esta exigencia del Ejecutivo, entre ellas Madrid, Andalucía, Galicia y Asturias.

Adicionalmente, tras el escándalo que se produjo en Alicante en la venta de viviendas protegidas a cargos próximos al PP de la localidad, una investigación llevada a cabo por Información, periódico de Prensa Ibérica, el Ejecutivo ha incluido en el texto "cláusulas antifraude en las adjudicaciones". Es decir, según han explicado desde Vivienda y Agenda Urbana, todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del PEV se tendrán que adjudicar sí o sí "con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables". Por último, las comunidades autónomas empezarán a remitir al Ministerio la información de sus registros de fianzas para conocer en tiempo real sobre el número de contratos en vigor.

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