El Tribunal Supremo anula el registro del alquiler vacacional estatal que recurrió Canarias

El Tribunal Supremo ha tumbado parte del real decreto aprobado por el Gobierno central en la víspera de la Nochebuena de 2024. En concreto, la que obliga a los propietarios de inmuebles que opten por el alquiler de corto plazo -vacacional principalmente- a darse de alta en un registro estatal. El Alto Tribunal da la razón así a un recurso interpuesto por la Comunidad Valenciana.

Otras cuatro comunidades autónomas, incluida Canarias, tomaron idéntica decisión. Se esperan sendas respuestas judiciales en el mismo sentido de la fechada anteayer. Entre las cuestiones que condujeron a las Islas a recurrir el real decreto, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno regional, Miguel Ángel Rodríguez, ha señalado la "imposición de cargas y gravámenes a la ciudadanía" que estaban fuera de lugar.

Número de registro

El Archipiélago ya cuenta con su propio registro en el que deben estar dados de alta todos los inmuebles -más de 70.000- que operan en el mercado turístico. Solo de esa manera se garantizan la posibilidad de contar con un número de registro que les permita publicitarse a través de portales como Airbnb, por ejemplo.

Según ha relatado el vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), Javier Valentín, la inscripción en el registro estatal suponía un desembolso de 27 euros más impuestos. "Pero lo hay peor, porque también tenías que inmatricular el activo en el Registro de la Propiedad, que es muy recomendable pero no obligatorio, y en ese caso ya hablamos de entre 4.000 y 6.000 euros", ha continuado.

Reclamaciones

Valentín, abogado de profesión, ha añadido que también han sido numerosos los casos en los que los propietarios no han podido obtener el número por no poder afrontar los gastos del registro doble, estatal y autonómico. En ese tiempo no han podido rentabilizar mediante el alquiler vacacional sus propiedades, por lo que, siempre según el vicepresidente de Ascav, podrán reclamar al Estado la "responsabilidad patrimonial" por todo el dinero que no han podido ingresar.

La decisión del Supremo sí deja operativa la ventanilla única digital de arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. "Siempre defendimos la necesidad de intercambiar información entre administraciones", ha expuesto Rodríguez, dejando claro que en la motivación del recurso nunca estuvo la creación de esta herramienta. De hecho, Bruselas anima a que fluyan los datos entre los diferentes estamentos públicos en torno al alquiler vacacional.

Explicación del Poder Judicial

«La sentencia estima parcialmente el recurso, anulando únicamente aquellos preceptos por los que se crea el llamado ‘registro único de arrendamientos’ y, sin embargo, lo desestima en lo referente a las disposiciones que regulan la ventanilla única digital de arrendamientos, las obligaciones de transmisión de datos de las plataformas en línea y la transmisión de datos con fines estadísticos», explicó el propio Poder Judicial.

«El Consejo de Estado ya mostró objeciones», señaló el director general, por la invasión de competencias autónomicas en materia de turismo y vivienda. De esta manera, mostro al Archipiélago el camino a tomar. El resultado final es que tan solo es obligatoria la inscripción previa de los inmuebles dedicados al alquiler vacacional en el registro canario, que está operativo «desde el siglo pasado» (1995), como recordó Miguel Ángel Rodríguez.

Reacción de Vivienda

Por su parte, el Ministerio de Vivienda incidió en que desde la aplicación del registro único de alquileres –1 de julio de 2025–, más de 111.000 ilegalidades, la mayoría en el ámbito del negocio turístico, han salido a la luz en toda España. Además, el departamento que dirige la ministra Isabel Rodríguez instó a las comunidades autónomas a agilizar el proceso de comprobación de las información aportada por los proietarios para constatar que están dentro de las lindes legales.

«No puede ser lo que ha estado pasando en lugares como Andalucía: que baste una declaración responsable para inscribir un piso turístico y que luego nadie compruebe si se cumple la norma», señalaron desde el ministerio h recogió EP en alusión a la falta de personal para inspeccionar los inmuebles.

Suscríbete para seguir leyendo