Confirmado por el Gobierno: la reforma de la Ley de Telecomunicaciones obligará a las operadoras a aplicar descuentos del 25% en la factura de Internet a pensionistas, parados y familias vulnerables

Los canarios podrían beneficiarse de importantes descuentos en la factura de internet y teléfono gracias a una nueva normativa que el Gobierno quiere poner en marcha. Se trata de la reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, que impondrá nuevas obligaciones a las operadoras y reforzará los derechos de los consumidores en el acceso a la conexión a la red.

Según el Gobierno, tener acceso a internet ya no se considera únicamente un servicio comercial, sino un derecho básico garantizado por ley. La Ley General de Telecomunicaciones, aprobada en 2022, reconoce la conexión de banda ancha como parte del "servicio universal", lo que obliga a las operadoras a garantizar tarifas asequibles para los colectivos con menos recursos económicos.

El Gobierno quiere aprobar descuentos en las tarifas para las personas vulnerables

El El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha reformado la normativa actual para endurecer las obligaciones de las compañías telefónicas y establecer nuevos descuentos obligatorios para hogares vulnerables.

La medida beneficiará principalmente a perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pensionistas con ingresos reducidos y jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo o búsqueda activa de trabajo.

Su objetivo es evitar que el acceso a internet quede limitado por razones económicas en un contexto donde muchos trámites públicos, educativos y laborales dependen ya de páginas webs y certificados electrónicos.

Las nuevas condiciones deberán estar plenamente implantadas antes del 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027, las operadoras estarán obligadas a ofrecer un descuento mínimo del 25% sobre sus tarifas habituales de internet para determinados colectivos vulnerables.

Ya hay descuentos en la factura

Mientras para 2027 habrá ya un nuevo modelo obligatorio, varias operadoras tienen ya programas de ayuda propios para clientes vulnerables.

Por ejemplo, Movistar tiene un 'Abono Social' que permite reducir hasta un 95% la cuota fija de la línea telefónica y acceder a paquetes de fibra básica por importes reducidos a jubilados y pensionistas que cumplen los requisitos de renta.

También, Vodafone u Orange comercializan tarifas sociales que incluyen fibra e incluso líneas móviles por precios cercanos a los 15 euros mensuales.

La ley también mantiene bonificaciones relacionadas con la instalación y alta de la línea. Entre ellas figura una rebaja del 70% en el coste inicial de conexión y grandes descuentos en la cuota mensual del servicio fijo.

Conexiones más rápidas y tarifas obligatorias

La reforma no solo afecta al precio. También cambia la calidad mínima que deberán garantizar las compañías. Hasta ahora, algunas tarifas sociales estaban asociadas a conexiones muy limitadas o antiguas tecnologías de baja velocidad. Con el nuevo marco legal, la conexión subvencionada deberá garantizar al menos 100 Mbps de descarga y 5 Mbps de subida.

Además, las empresas tendrán que dar visibilidad a estas tarifas sociales dentro de sus catálogos comerciales y páginas web, evitando que queden ocultas entre promociones privadas o planes especiales difíciles de localizar.

Para acceder a la rebaja, el titular de la línea debe iniciar el trámite directamente con su compañía telefónica y acreditar documentalmente que cumple los requisitos económicos exigidos.

Una vez aprobada la petición, el descuento comienza a aplicarse automáticamente en las siguientes facturas mensuales.