La Ley de Vivienda cumple tres años en Canarias con alquileres un 32% más caros y una oferta a la baja

Alquilar una vivienda en Canarias es ahora un 32% más caro que hace tres años y encontrar una disponible es bastante más difícil porque la oferta se ha reducido un 21%. Estos son los números que deja el tercer el aniversario de la Ley de Vivienda (que entró en vigor el 24 de mayo de 2023), una de las normativas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, que quería favorecer el acceso a la vivienda en un momento en el que convertirse tanto en propietario como en inquilino era ya muy complicado. Para ello, la norma limita las subidas de los alquileres y establece medidas para proteger a los inquilinos vulnerables. Pero la situación no ha hecho otra cosa que agravarse, porque en estos tres años ha pasado justo lo contrario que lo que la ley pretendía.

Desde un primer momento, la normativa contó con la valoración en contra de multitud de expertos en el mercado inmobiliario que predijeron exactamente lo que ha ocurrido: que las restricciones impuestas, lejos de incrementar la oferta, lo que harían sería limitarla todavía más, en un contexto en el que ya resultaba difícil encontrar una vivienda en alquiler en el Archipiélago. Tres años después, el parque de inmuebles disponibles para arrendar se ha reducido hasta hacerse casi inexistente. Y encontrar una que sea asequible es casi misión imposible. Según las estimaciones de Idealista (que a falta de cifras oficiales fiables se ha convertido, junto con Fotocasa, en la referencia del sector), la oferta en la provincia de Las Palmas ha caído un 26% en los tres últimos años y un 16% en Santa Cruz de Tenerife.

Pero, ¿esto qué significa? No solo que los inmuebles sean cada vez más caros, sino que la competencia para acabar siendo el inquilino que termine ocupando las escasas opciones que salen al mercado sea feroz. Cada anuncio que se publica recibe una media de 108 contactos, es decir, 108 personas interesadas en vivir en la propiedad que se anuncia. Un auténtico aluvión de posibles inquilinos que en muchas ocasiones se convierte en una batalla campal llena de requisitos. Los caseros cada vez piden más, ya no basta con tener trabajo fijo, ahora se exigen años de duración, nóminas altas, avales o seguros de impago. Y aquellos que tengan menores a su cargo o mascotas lo tienen todavía más difícil para ser los escogidos. Los propietarios no solo responden a la ley de la oferta y la demanda (a menos disponibilidad más altos son los precios), sino que también intentan blindarse ante uno de los cambios que trajo la Ley de Vivienda: la protección a los inquilinos vulnerables. Una protección que complica a los arrendadores recuperar su propiedad en caso de situaciones de impago.

Los precios se han disparado

Por otro lado, los altos precios que se piden por los alquileres en Canarias, en los que la mayoría de la oferta está totalmente fuera de la capacidad adquisitiva media, lo único que han generado es complicar todavía más la situación precisamente a aquellas personas con menor capacidad económica, que ahora tienen menos posibilidades de encontrar una vivienda que puedan pagar. De nuevo, según los datos de Idealista, los precios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se han disparado un 36,4% desde 2023, mientras en Las Palmas de Gran Canaria la subida ha sido menor, pero igualmente disparatada: un 28,1% desde que se aprobó la Ley de Vivienda.

De esta manera, el precio medio que paga un inquilino por cada metro cuadrado de su vivienda asciende ya a 15,7 euros. O lo que es lo mismo, por un piso de 90 metros cuadrados hay que desembolsar 1.413 euros. Una cantidad que supone 297 euros más que en 2023, cuando el precio por metro cuadrado estaba en 12,4 euros.

La regulación nacional no logra poner más propiedades en el mercado a pesar de los incentivos fiscales

Cierto es que, al menos en Canarias, las armas de esta ley no se han desplegado en su totalidad, ya que en el Archipiélago no se ha declarado ninguna zona tensionada. Un mecanismo que permite topar los precios del alquiler en aquellas localidades que cumplan una serie de requisitos. En las Islas, a pesar de que municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Adeje, Granadilla o Mazo lo han solicitado o han iniciado los trámites para hacerlo, la comunidad autónoma no ha declarado ninguna. Y aunque sí que se ha registrado al menos una ralentización en la subida de los precios en algunos de los municipios que sí la han formalizado, en otras zonas de España también ha venido acompañada de un desplome de la oferta todavía más acentuado.

Porque este es quizá uno de los grandes batacazos de la ley, ya que se ha mostrado incapaz en estos tres años de movilizar a los propietarios para que pongan sus viviendas en el mercado a pesar de los incentivos fiscales. No ha propiciado la incorporación de segundas residencias, tampoco de aquellas que han sido heredadas, ni tampoco ha conseguido un gran trasvase de viviendas vacacionales al arrendamiento tradicional.

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