El Sindicatos de Inquilinas quiere cambiar las normas: pide al Gobierno que se reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos para paralizar estos deshaucios
La organización reclama que el Congreso saque adelante una modificación de la normativa para limitar los abusos en los contratos temporales, el alquiler de habitaciones y el cobro de gastos adicionales

Agencia ATLAS / Foto: EFE
Miles de inquilinos están desprotegidos frente a los desahucios por las condiciones que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esta situación preocupa a quienes viven de alquiler, ya que pueden verse obligados a abandonar su vivienda cuando se cumplen estas circunstancias. Ante este escenario, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha pedido al Gobierno que impulse la reforma de una normativa que lleva dos años bloqueada en el Congreso.
La organización considera que esta modificación es clave para reforzar la protección de los arrendatarios y acabar con las prácticas que califican de "abusivas". La propuesta es conocida como "Ley Antiestafas Inquilinas" y se registró para cerrar los vacíos legales relacionados con los alquileres de temporada, el arrendamiento de habitaciones o la imposición de determinados costes a los inquilinos. Sin embargo, la iniciativa sigue sin haber sido debatida en sede parlamentaria.
La Confederación también reclama la recuperación del Real Decreto de prórrogas extraordinarias de los contratos de alquiler, con el fin de ofrecer una mayor estabilidad a los arrendatarios.
Estos son los cambios plantea la reforma impulsada por los sindicatos
Entre las principales medidas que defienden las organizaciones de inquilinos está la de una regulación más estricta del alquiler de temporada, de manera que solo pueda utilizarse cuando exista una causa temporal acreditada, como motivos laborales o de estudios. Si no se justifica esa circunstancia, el contrato pasaría a considerarse de vivienda habitual.

El sindicato de inquilinas reclama esta reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos / Sindicato de Inquilinas
La propuesta también pretende reforzar los derechos de quienes alquilan una habitación, dándoles mayores garantías contractuales y evitando que esta modalidad se utilice para esquivar los límites establecidos para el alquiler residencial.
Otro de los puntos que contempla la reforma es la limitación de determinados sobrecostes que se trasladan indebidamente a los inquilinos, que son quienes finalmente los acaban pagando. Entre ellos figuran gastos como el IBI, las cuotas de la comunidad, seguros de impago o servicios accesorios que consideran encubiertos.
El texto también contempla que si el propietario no atiende reparaciones necesarias en la vivienda, el arrendatario pueda ejecutarlas y descontar posteriormente su coste de la renta abonada.
Coincidiendo con el segundo aniversario del registro de la iniciativa, la Confederación ha puesto en marcha una campaña para reclamar que la reforma sea votada antes de que finalice la legislatura.
Desde el colectivo sostienen que la situación actual deja sin resolver problemas como el uso fraudulento de los contratos temporales, los conflictos relacionados con las fianzas o determinadas cláusulas que consideran abusivas, y defienden que una modificación de la LAU contribuiría a ofrecer mayor seguridad jurídica a millones de personas que residen en viviendas alquiladas.
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