Subsidio para mayores de 52 años: crece un 50% desde 2019 y el Banco de España alerta de sus efectos

El subsidio para mayores de 52 años no para de ganar peso. Esta ayuda, que pueden percibir aquellos desempleados que rebasen esa edad, hayan agotado su paro y cumplan los requisitos respecto a su nivel de ingresos, se ha disparado desde su modificación siete años atrás. En abril de este año –último dato publicado por el Servicio de Empleo Público Estatal (Sepe)– 28.040 personas en el Archipiélago eran beneficiarias de él. La cantidad de receptores ha crecido casi un 50% desde 2019, momento en el que el Gobierno central flexibilizó los requisitos para poder acceder a ella y mejoró sus prestaciones. Un subsidio que ahora es cuestionado por el Banco de España porque asegura que cobrarlo puede desincentivar la reincorporación laboral de quienes lo perciben.

El gobernador del órgano supervisor, José Luis Escrivá, cargó recientemente de manera muy dura contra esta prestación que, en el momento de su creación, se exhibió como una garantía de protección social. Su objetivo era amparar a uno de los colectivos de desempleados más vulnerables. A los que, habiéndose quedado en el paro con más de 50 años, y tras agotar su prestación, se quedasen sin recursos económicos para subsistir. Durante el cobro de esta ayuda –que puede extenderse hasta alcanzar la edad legal de jubilación– los beneficiarios perciben una cantidad equivalente al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), que actualmenterepresenta la cantidad modestísima de 480 euros al mes. Mientras, el Sepe sigue cotizando para la futura pensión del beneficiario, con una base equivalente al 125% del salario mínimo interprofesional (SMI), con el objetivo de que durante los años en los que lo cobre se siga contribuyendo y cuenten para su retiro laboral.

La reforma de 2019 revirtió algunos de los cambios que se habían introducido en años anteriores con el objetivo de facilitar el acceso al subsidio. Rebajó la edad mínima de acceso de los 55 a los 52 años y el cálculo de la renta mínima para poder percibirla pasó de ser familiar a individual, con lo que se amplió el espectro de posibles beneficiarios. Asimismo, también extendió el cobro de la ayuda hasta la edad ordinaria de jubilación e incrementó la base de cotización del 100% al 125% del SMI.

Crecimiento progresivo

Pero, ¿qué efecto ha tenido esta modificación? Lo que ha ocurrido en los siete años que lleva en vigor es que el colectivo ha ido creciendo de forma paulatina y cada vez representa un mayor porcentaje del conjunto de subsidios por desempleo que presta el Sepe. Si en 2019, el año de su modificación, los beneficiarios de la ayuda para mayores de 52 años era el 37% del total, en abril de este años el porcentaje había el peso de este colectivo había ascendido hasta el 58%

Y esto no es todo. Una vez se comienza a cobrar hay una serie de factores que complican dejar de hacerlo. La proximidad de la edad del retiro, las dificultades para reengancharse al mercado laboral una vez pasado la cincuentena y el endurecimiento de las condiciones para poder prejubilarse hacen que muchos beneficiarios permanezcan años vinculados a esta prestación antes de acceder a la jubilación y la ayuda se acabe prolongando durante largos periodos de tiempo.

Sobrecotización

El Banco de España en su informe anual señala que esta ayuda puede desincentivar la reinserción laboral e indicó como principal problema a la sobrecotización que se asocia a este subsidio. Es decir, aunque los beneficios perciban solo 480 euros, el Sepe cotiza por ellos en base a un 125% del SMI, una cantidad bastante superior. Algo que el organismo cree que afecta negativamente a los incentivos de reincorporación laboral de este colectivo, porque parece que les sale más a cuenta pasar unos años ajustándose el cinturón, mientras el Sepe cotiza por una cantidad más alta a la que verdaderamente están cobrando. Y sostiene que modificar este mecanismo elevaría las posibilidades de que volvieran al mercado de trabajo. Aunque, eso sí, el Banco de España detalla que estas predicciones deben interpretarse con cautela, ya que existen múltiples condicionantes familiares, personales y de salud que pueden llevar a muchas personas a no querer reengancharse.

De hecho, el organismo estatal ha constatado unos niveles de inserción menores en este colectivo respecto a otros que cobran otro tipo de subsidios. Únicamente un 8,9% de quienes lo cobraron en 2021 volvieron a encontrar empleo. Frente al casi 30% de los que cobran la prestación contributiva por desempleo.

Coste para las arcas públicas

Pero las modificaciones que se realizaron en este subsidio no tienen efecto solo en el mercado del trabajo, sino que también suponen un coste importante para las administraciones públicas. Así lo ha determinado también un informe de Fedea, que estima que los cambios favorecen que el total de beneficiarios en todo el país alcance las 529.880 personas en cuatro años. Lo que supondría un incremento del 14% hasta 2030. Si ese mismo porcentaje de incremento se aplicara en Canarias, el número de beneficiarios pasaría de los 28.000 actuales a rozar los 40.000.

Además, de acuerdo con el informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada –un think thank de carácter privado– la reforma que se aplicó en el año 2019 supondrá 17.935 millones de euros de coste para las arcas de la Seguridad Social hasta 2030, en forma del pago de las futuras pensiones, que serían bastante más modestas si no se hubiera mantenido la cotización de estas personas durante los años en los que han cobrado la ayuda. A esto habría que sumar otros 1.818 millones de euros entre 2019 y 2030 que tendrá que aportar el Sepe debido al incremento del número de beneficiarios de esta prestación.

Suscríbete para seguir leyendo