El Consejo de Seguridad Nuclear retrasa la aprobación del informe sobre la ampliación de la vida de la central de Almaraz

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) retrasa la aprobación del informe sobre la ampliación de la vida de la central nuclear de Almaraz. El pleno del regulador abordó en su reunión de ayer el documento elaborado por sus equipos técnicos sobre las condiciones de seguridad que exigirá a la planta cacereña para seguir funcionando hasta 2030. Pero los consejeros del CSN no llegaron a votar la aprobación del informe porque uno de ellos pidió un aplazamiento y el asunto volverá a abordarse la próxima semana, según confirman a EL PERIÓDICO varias fuentes vinculadas al proceso.

Los consejeros tienen derecho a pedir hasta dos aplazamientos en la votación de expedientes si tienen alguna duda técnica y para estudiar en profundidad su contenido. Agotado ya uno de ellos, la votación sobre el documento en el pleno del organismo podría retrasarse otra semana más. El CSN dispone formalmente hasta finales de agosto de 2027 para emitir su informe sobre la solicitud de las eléctricas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) para prorrogar el funcionamiento de la central cacereña, solo dos meses antes del cierre programado del primer reactor de Almaraz, según el reglamento vigente. Sin embargo, el CSN mantiene su objetivo de aprobar definitivamente el informe de Almaraz este mismo mes.

Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta cacereña, presentaron al Gobierno la petición formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y en 2028. El Ejecutivo reenvió la solicitud de las grandes eléctricas al CSN como responsable de analizar las exigencias de seguridad nuclear que debe cumplir la planta para seguir operando.

Las compañías eléctricas dan por hecho que el CSN no establecerá nuevas condiciones adicionales de seguridad para ampliar el funcionamiento de Almaraz ni les obligará a ejecutar grandes inversiones extra para continuar tres años más en marcha. Las dueñas de la central confían en que el dictamen ahora aplazado básicamente confirmará que la planta ya cumple con todos los requisitos para mantener la operación hasta 2030 (la última revisión periódica de seguridad para Almaraz, ejecutada por el CSN en 2020, ya extiende su vigencia precisamente hasta 2030).

Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear han cerrado ya el informe sobre la petición de ampliación de la autorización de Almaraz. Hace dos semanas la cúpula del CSN ya mantuvo una reunión técnica informativa sobre el expediente de la prórroga de la central cacereña, en la que los técnicos expusieron el contenido del esperado informe para que los consejeros lo conocieran de forma anticipada antes de tener que votar su aprobación. Pero uno de los consejeros del organismo finalmente pidió este lunes aplazar la votación para tener más tiempo para estudiar el expediente.

Los plazos se estrechan

Una vez que el Consejo de Seguridad Nuclear apruebe su informe, el Ministerio para la Transición Ecológica tendrá la última palabra para aprobar o no la ampliación de la prórroga. Pero la respuesta tendrá que ser rápida a riesgo de que se produzca un lío de plazos legales y administrativos por lo apretado de los tiempos de la solicitud de las eléctricas y del cierre programado para el reactor Almaraz I, cuya licencia actual establece que debe dejar de funcionar el 1 de noviembre de 2027 (en el caso de Almaraz II el plazo se extiende al 31 de octubre de 2028).

El embrollo de los tiempos es doble. Por un lado, con carácter general el Gobierno dispone de un plazo de seis meses para resolver procesos administrativos desde la presentación de la solicitud. Pero el Ministerio para la Transición Ecológica emitió una resolución para suspender el plazo de ejecución, y en principio dispondría ya de poco más de dos meses desde que el CSN le remita su dictamen. No obstante, el Ejecutivo puede volver a congelar los plazos si lo considera necesario y pide más información a las compañías.

Por otro lado, si el Gobierno no formaliza su ‘ok’ a prorrogar la licencia de Almaraz antes de que finalice el próximo mes de octubre, las eléctricas propietarias de Almaraz estarán obligadas a iniciar el proceso de cese del reactor I de Almaraz. El Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR) establece que los titulares de las centrales nucleares deben presentar la documentación de cese de explotación definitivo al menos con un año de antelación de que expire la autorización. Y en el caso de Almaraz I tendrían que hacerlo antes del 1 de noviembre.

Así que si el Ejecutivo no se pronuncia antes de ese plazo, se entraría en una fase en que de facto estarían de nuevo en marcha el análisis de la ampliación y también el proceso para preparar el cierre en la fecha actualmente prevista. Las eléctricas enviarían la documentación de cese de explotación al Gobierno, éste al CSN, y el supervisor puede acabar reactivando el expediente de cierre de Almaraz después de haberse pronunciado ya avalando su continuidad.

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