La factura silenciosa del IRPF: los canarios pagan más de 300 millones de euros por la negativa del Gobierno de Sánchez a ajustar el impuesto a la inflación

El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles, a instancias del Partido Popular (PP), una proposición no de ley en la que exige al Gobierno central que deflacte el tramo estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Es decir, que ajuste tanto los mínimos como los tramos de renta al Índice de Precios de Consumo (IPC), o lo que es lo mismo: a la inflación. La iniciativa, que salió adelante gracias a los votos de los diputados de Coalición Canaria (CC), Agrupación Socialista Gomera (ASG), Agrupación Herreña de Independientes (AHI), Vox y el mismo PP, tiene una lectura política evidente, pero el fondo del asunto es ante todo económico: cuánto dinero han pagado de más los contribuyentes isleños a consecuencia de que el Ministerio de Hacienda no haya actualizado la tarifa y los mínimos del IRPF en consonancia con el avance de la inflación, esa que hace que los sueldos de los trabajadores pierdan capacidad o poder de compra, de ahí que resulte de 'justicia fiscal' que en el impuesto se tenga en cuenta esa devaluación. Máxime en períodos en los que, como ocurre sobre todo desde 2021, el coste de vida se dispara.

La respuesta, según se desprende de los datos del Banco de España (BdE), Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), es que el coste fiscal extra supera los 300 millones de euros desde 2019. En concreto, el impacto atribuible a la no deflactación del tramo estatal del IRPF en Canarias se sitúa en torno a los 310 millones. No se trata de una cifra oficial —no existe un desglose autonómico de este impacto—, sino de una aproximación a partir de los mismos criterios de reparto que permiten aislar la parte estatal del impuesto y asignarla por regiones en función de su peso real en la cuota general estatal del IRPF.

La 'progresividad en frío'

La llamada 'progresividad en frío' se produce cuando los salarios o los sueldos suben para compensar el encarecimiento de la vida pero los tramos, mínimos personales y familiares y otros parámetros del impuesto sobre la renta permanecen congelados. En este caso, el contribuyente puede acabar pagando más IRPF por más que su capacidad económica real no haya aumentado, toda vez que la subida salarial, cabe insistir, es para compensar la inflación, para que el trabajador no pierda poder adquisitivo, no para que gane capacidad de compra. En otras palabras: se incrementa el sueldo pero no alcanza para adquirir más productos en el supermercado de los que se compraban antes del aumento. Así que si el impuesto no se actualiza, una parte de esa compensación salarial acaba en Hacienda.

El BdE ha cuantificado esta circunstancia en su último informe anual. Según el regulador bancario, la 'progresividad en frío' del IRPF explica hasta 1,2 puntos del aumento de los ingresos públicos entre 2019 y 2025. Dicho de otro modo, de cada cien euros recaudados, un euro y 20 céntimos se deben a la no deflactación del impuesto sobre la renta. Una consecuencia que, en los bolsillos de los contribuyentes de todo el país, se calcula en alrededor de 17.000 millones de euros, de los que un 49,6% (casi la mitad, un total de 8.426 millones) corresponde al tramo estatal del IRPF (el tramo estatal es un 50% del impuesto, mientras que el otro 50% está cedido a las regiones, es el tramo autonómico).

Una factura impositiva extraordinaria en tiempos de crisis

Si se tiene en cuenta que Canarias representa un exacto 3,68% de la cuota íntegra general del tramo estatal del impuesto, la conclusión es que el 'no' del Gobierno de Pedro Sánchez a deflactar el IRPF les ha pasado a los isleños una factura impositiva extraordinaria (e indebida para no pocos expertos) de hasta 310 millones de euros.

La cifra es relevante, además, porque no incluye la parte autonómica del impuesto, ese otro 50% del IRPF. Canarias sí ha deflactado su tramo del tributo. De hecho, los presupuestos regionales para 2026 incorporan la deflactación de la tarifa autonómica en todos sus tramos. Por eso la cuantificación, esos 310 millones, se limita al tramo estatal, que es el que depende del Gobierno central y el que motiva la reclamación aprobada por el Parlamento de la región. No en vano, aunque la Comunidad Autónoma sí haya corregido su parte, el contribuyente canario sigue soportando esa factura extra por el efecto de la congelación de la tarifa estatal.

Más de 40 millones de euros en un solo ejercicio

Ese impacto también puede medirse en términos anuales. Solo en 2025, la no deflactación de la tarifa y los mínimos del IRPF (la gran fuente recaudatoria de la AEAT) aportó 1.137 millones adicionales a los ingresos del Estado. El sobrecoste para las Islas se acerca así a los 42 millones de euros en un solo ejercicio. En el conjunto del país, esa cifra, esos más de 1.130 millones, equivale a un 13,3% de todo el incremento de la recaudación estatal por IRPF en 2025, que ascendió a 8.531 millones de euros.

En definitiva, la no deflactación de los impuestos, en este caso del IRPF, no supone una subida de iure de los tipos que se aplican al tributo, pero sí incrementa, de facto, la presión fiscal efectiva. Y ese es justamente el rasgo que convierte esa subida, esa 'progresividad en frío', en una de las vías más silenciosas hacia el aumento de los ingresos públicos: no requiere aprobar una nueva escala ni elevar los porcentajes del impuesto, sino que basta con la inacción, es decir, con no mover los umbrales mientras precios y salarios avanzan. El resultado es que rentas que solo han mantenido parcialmente su poder adquisitivo pasan a soportar una tributación mayor. Una factura mayor.

Un debate de especial relevancia en el Archipiélago por una combinación de factores: el encarecimiento acumulado de los bienes y los servicios, los sobrecostes asociados a la insularidad y a la condición ultraperiférica y los eternos bajos sueldos que caracterizan el mercado laboral regional.

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