Es oficial: el Gobierno aprueba una reforma de la Ley de Dependencia para reducir las listas de espera y mejorar las ayudas a las personas afectadas

El Gobierno hará una profunda reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Miles de personas dependientes y de familias que las tienen a su cargo se beneficiarán de esta decisión, que promete ser la "mayor inversión de la historia democrática" destinada a estos ciudadanos. El Consejo de Ministros ha aprobado que se den 6.200 millones de euros para que se amplíen las ayudas a este sector de la población y se actualice el sistema. De este modo, quienes necesiten un cuidador porque no pueden valerse por sí mismos, podrán acceder a estos cuidadores de manera más eficaz gracias a estas novedades.

Según las previsiones oficiales, la reforma beneficiará de forma directa a más de 1,8 millones de personas. Más allña de quienes ya reciben prestaciones, también se encuentran las personas que, pese a tener reconocido el derecho, continúan esperando una resolución definitiva.

El objetivo del Ejecutivo es doble. Por un lado, se pretende reducir las listas de espera; mientras que por el otro, se quieren mejorar tanto las prestaciones económicas como los servicios que reciben las personas dependientes y sus familias. La medida también pretende corregir uno de los principales desequilibrios del sistema.

Suben las ayudas según el grado de dependencia

Uno de los cambios más visibles será el incremento de las cuantías mínimas garantizadas para las personas con dependencia reconocida.

Según ha anunciado el Gobierno, así quedarían las ayudas tras la reforma:

• Grado I (dependencia moderada): suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.
• Grado II (dependencia severa): suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes.
• Grado III (gran dependencia): suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes.

A estas mejoras se suman aumentos en las prestaciones económicas vinculadas al cuidado familiar, la asistencia personal y la contratación de servicios privados cuando no exista plaza pública disponible.

Más ayuda a domicilio, teleasistencia y plazas residenciales

La inversión no se limitará a elevar las cuantías económicas. Una parte importante de los fondos irá destinada a reforzar los servicios que presta el sistema público.

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Entre las prioridades figura ampliar las horas de ayuda a domicilio, incrementar las plazas en centros de día y residencias, extender la teleasistencia y mejorar los programas destinados a fomentar la autonomía personal.

Además, el Ejecutivo quiere que se contraten más trabajadores sociales y profesionales de los cuidados, con el objetivo de agilizar los expedientes y reducir el "limbo de la dependencia", donde hay más de 265.000 personas que ya tienen reconocido el derecho pero todavía no reciben ninguna prestación.

Qué tipos de ayudas pueden solicitar los beneficiarios

El sistema de dependencia ofrece distintas modalidades de apoyo, adaptadas a las necesidades de cada persona.

Entre ellas destacan:

• Teleasistencia: con atención permanente mediante dispositivos conectados.
• Servicio de ayuda a domicilio: para tareas personales y del hogar.
• Centros de día y de noche: orientados a la rehabilitación y el apoyo familiar.
• Plazas en residencias públicas o concertadas: cuando ya no sea posible permanecer en casa.
• Prestaciones económicas para cuidados familiares: dirigidas a quienes reciben atención por parte de un familiar o allegado.
• Prestaciones vinculadas al servicio: que permiten financiar una plaza privada cuando no existe disponibilidad en la red pública.
• Asistencia personal: especialmente pensada para favorecer la autonomía de personas con discapacidad o dependencia.

El Gobierno también trabaja en una reforma administrativa que facilitará el reconocimiento automático entre determinados grados de discapacidad y dependencia, con el fin de reducir trámites y acelerar la concesión de las ayudas.

Las CC. AA. recibirán más dinero y tendrán menos gasto

Hasta ahora, las comunidades autónomas asumían más del 70% del gasto, pero con este plan el Estado recuperará progresivamente el compromiso de financiar el 50% del coste total de la dependencia.

La reforma también contempla aumentar los recursos para las administraciones autonómicas, responsables de gestionar la dependencia. Territorios como Canarias dispondrán de financiación adicional para reforzar sus servicios y reducir las listas de espera.

Los nuevos fondos estarán condicionados al cumplimiento de objetivos como la reducción de los tiempos de tramitación, la mejora de la atención y el mantenimiento de la inversión autonómica, con el propósito de garantizar que el incremento presupuestario tenga un impacto real sobre las personas que esperan una prestación.