La okupación de viviendas en Canarias: menos demandas civiles, pero el problema persiste

La okupación de viviendas ya no llena tantos procedimientos civiles como hace unos años, pero eso no significa que el problema haya desaparecido. Al contrario. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran una caída de las demandas relacionadas con la recuperación de inmuebles ocupados, una tendencia que también tiene reflejo en Canarias. Sin embargo, abogados, administradores de fincas y especialistas en el mercado inmobiliario coinciden en que las cifras oficiales solo cuentan una parte de la historia. Muchas situaciones conflictivas nunca llegan a registrarse porque terminan resolviéndose fuera de los tribunales o porque se tramitan por la vía penal, que no aparece en estas estadísticas.

En un territorio como Canarias, donde la presión sobre la vivienda no deja de crecer por el aumento de los precios, la escasez de alquileres y el peso del turismo, cualquier episodio de ocupación genera una enorme preocupación entre propietarios y comunidades de vecinos. Aunque los datos judiciales apuntan a un descenso de las demandas civiles, la percepción social sigue siendo que el fenómeno continúa presente y que recuperar una vivienda puede convertirse en un proceso largo y complicado.

Qué dicen realmente las cifras

Los datos publicados por el CGPJ reflejan una disminución de los procedimientos civiles relacionados con la recuperación de inmuebles ocupados. Estas estadísticas hacen referencia, principalmente, a los procedimientos verbales posesorios introducidos tras la reforma legal de 2018, pensados para agilizar la devolución de viviendas ocupadas ilegalmente cuando los propietarios son personas físicas, entidades sociales o administraciones públicas.

Sin embargo, el propio alcance de estas cifras tiene límites importantes. El CGPJ no contabiliza los procedimientos penales por delitos como la usurpación o el allanamiento de morada, que siguen otra tramitación judicial. Tampoco aparecen los numerosos acuerdos privados que muchos propietarios alcanzan con los ocupantes para evitar meses de litigios.

Ese detalle cambia por completo la lectura de los datos. Una reducción en las demandas civiles no implica necesariamente una caída proporcional de las ocupaciones ilegales, sino que puede reflejar un cambio en la forma en que se gestionan estos conflictos.

Canarias vive una realidad diferente

En Canarias, el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales. La oferta de alquiler residencial continúa siendo limitada mientras los precios mantienen una tendencia elevada en islas como Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura.

Ese contexto hace que cualquier vivienda vacía sea especialmente sensible. Los expertos recuerdan que la mayoría de las ocupaciones no afectan a la residencia habitual de las familias, sino a inmuebles vacíos, segundas residencias o propiedades de entidades financieras y grandes tenedores. No obstante, cada caso genera una importante sensación de inseguridad entre los propietarios afectados y en el entorno vecinal.

A ello se suma otro factor que tiene especial peso en el Archipiélago: muchas viviendas pertenecen a personas que residen fuera de Canarias o incluso fuera de España. Esa circunstancia dificulta detectar rápidamente una ocupación y puede complicar la recuperación del inmueble.

Por qué bajan las demandas si el problema continúa

Los especialistas manejan varias explicaciones para entender este aparente contraste entre las estadísticas y la realidad.

La primera tiene que ver con los acuerdos extrajudiciales. Cada vez son más los propietarios que negocian directamente con los ocupantes para recuperar la vivienda sin acudir a los tribunales. Aunque esta práctica genera un intenso debate jurídico y ético, evita procesos largos y costosos.

La segunda explicación está relacionada con la utilización de la vía penal. Cuando los hechos encajan en delitos como el allanamiento de morada o la usurpación, el procedimiento deja de formar parte de las estadísticas civiles del CGPJ, por lo que desaparece de esos registros aunque el conflicto siga existiendo.

También influye la mayor rapidez con la que algunos propietarios detectan determinadas ocupaciones gracias a sistemas de alarma, vigilancia o la actuación temprana de comunidades de vecinos. Cuanto antes se interviene, mayores son las posibilidades de resolver el problema sin que llegue a consolidarse una ocupación prolongada.

La nueva legislación cambia parte del escenario

En los últimos años también han entrado en vigor distintas reformas legales relacionadas con la ocupación ilegal y los procedimientos de desalojo. Además, en 2025 comenzó a aplicarse la Ley Orgánica 1/2025, que introduce cambios en la organización judicial y fomenta mecanismos alternativos de resolución de conflictos en determinados ámbitos, aunque los procedimientos relacionados con ocupaciones dependen del tipo de caso y de la vía utilizada.

Al mismo tiempo, el debate político sobre la okupación continúa siendo intenso en toda España. Mientras algunos partidos reclaman desalojos mucho más rápidos y penas más severas, otros ponen el foco en el acceso a la vivienda y en la necesidad de reforzar las políticas sociales para evitar situaciones de exclusión residencial.

La diferencia entre okupación y allanamiento

Uno de los aspectos que más confusión genera entre la ciudadanía es la diferencia entre los distintos delitos relacionados con una vivienda.

No es lo mismo ocupar una vivienda vacía que entrar en la residencia habitual de una persona. Cuando se trata de una morada, el Código Penal contempla el delito de allanamiento de morada, que tiene un tratamiento jurídico distinto y suele permitir una actuación policial mucho más rápida.

En cambio, cuando el inmueble no constituye la residencia habitual del propietario, normalmente se habla de un posible delito de usurpación, cuya respuesta judicial puede resultar más compleja dependiendo de las circunstancias concretas.

Los especialistas insisten en que esta diferencia jurídica es fundamental para entender por qué no todos los casos siguen el mismo procedimiento ni ofrecen la misma rapidez de resolución.

La preocupación sigue instalada entre los propietarios

En Canarias, las organizaciones de propietarios, administradores de fincas y agentes inmobiliarios coinciden en que la inquietud continúa siendo elevada. Aunque las demandas civiles hayan descendido, el temor a sufrir una ocupación sigue influyendo en muchas decisiones relacionadas con la compra, el alquiler o la gestión de inmuebles.

Cada vez es más frecuente que los propietarios instalen sistemas de seguridad, contraten seguros de vivienda que incluyen cobertura frente a ocupaciones o recurran a empresas especializadas para proteger inmuebles deshabitados durante largos periodos.

Al mismo tiempo, los profesionales del sector recuerdan que la enorme mayoría de las operaciones inmobiliarias y de los alquileres se desarrollan con total normalidad y que los casos de ocupación representan una parte reducida del conjunto del parque residencial.

Un problema que va más allá de los tribunales

El descenso de las demandas civiles refleja solo una parte de un fenómeno mucho más amplio. La realidad demuestra que la okupación de viviendas sigue siendo un asunto de enorme impacto social en Canarias, donde la escasez de vivienda disponible, el incremento de los precios y la elevada demanda residencial crean un escenario especialmente delicado.

Los datos oficiales ayudan a conocer la evolución de los procedimientos judiciales, pero no permiten medir todos los conflictos existentes. Los procedimientos penales, los acuerdos extrajudiciales y las soluciones negociadas quedan fuera de las estadísticas del CGPJ, lo que explica por qué las cifras pueden mostrar una caída mientras la preocupación social permanece prácticamente intacta.

En definitiva, los expertos coinciden en una idea: las demandas civiles bajan, pero eso no significa que la okupación haya dejado de ser un reto para los propietarios canarios. El fenómeno ha cambiado de forma, las estrategias para recuperar las viviendas también han evolucionado y las estadísticas, por sí solas, ya no bastan para entender toda la dimensión del problema.

Suscríbete para seguir leyendo