Lopesan reclama igualdad de trato en el concurso de Santana Cazorla

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado las solicitudes de aclaración, complemento y subsanación presentadas en torno al auto que adjudicó a División Turística Valle Taurito (DTVT) –Grupo Martinón– los principales activos de la concursada Mar Abierto (Santana Cazorla). Grupo Lopesan ha respondido con un comunicado en el que reivindica el cumplimiento estricto de las bases del concurso y reclama las mismas exigencias para todos los licitadores a la hora de depositar la suma que ofertaron.

Tras conocerse el auto, Grupo Lopesan señaló que sus sociedades Isla Marina y Lopesan Touristik cumplieron íntegramente las obligaciones tras obtener los lotes 2, 3, 4 y 7, aportando liquidez inmediata y asumiendo el pago de los créditos con privilegio especial. No reclama un trato diferenciado, sino que las mismas reglas y plazos aplicados a sus sociedades se exijan al resto de participantes. ¿Por qué? Porque entiende que al no hacerlo otras están retrasando la liquidación del concurso y perjudicando a los acreedores.

En la nota también hace referencia a los lotes 5 y 6. Sobre el primero, recuerda que, tras la renuncia de Servatur a adquirir la Cornisa de Arguineguín, Isla Marina ha solicitado al juzgado su adjudicación como siguiente mejor postor y mantiene su disposición a formalizar la compra. Respecto al 6, sostiene que la presentación de un recurso no suspende la obligación de consignar el importe ofertado, por lo que entiende que esa situación está prolongando innecesariamente la liquidación.

La resolución no pone fin al conflicto, ya que las partes aún pueden recurrir. Lopesan concluye reiterando su defensa del cumplimiento estricto de las bases del concurso y de la seguridad jurídica del procedimiento, al considerar que constituyen la mejor garantía para proteger los intereses de los acreedores, preservar la igualdad de trato entre los licitadores y culminar la liquidación de Mar Abierto con la mayor celeridad posible.

El auto tiene fecha del miércoles y en él el magistrado Alberto López Villarrubia desestima las pretensiones formuladas por DTVT, Isla Marina y Project Quail, y solo estima parcialmente una solicitud de 959 Oliva Inversión Internacional para aclarar que, si finalmente se activara la adjudicación subsidiaria a favor de Isla Marina, esta asumiría las mismas condiciones de la oferta presentada por DTVT. Es decir, abonaría 85 millones de euros, mil euros menos de los que ofertó sin éxito la empresa de Lopesan.

La resolución viene a ratificar el auto dictado el 16 de marzo, por el que el lote 1 (hoteles Costa Taurito, Valle Taurito, Lago Taurito y Las Tirajanas, entre otros) se adjudicó a DTVT pese a que Isla Marina había ofertado mil euros más. El juez insiste en que el procedimiento no constituye una subasta en sentido estricto y rechaza modificar el sistema de consignación del precio, que deberá realizarse en la cuenta del juzgado para garantizar los derechos de Isla Marina como adjudicataria subsidiaria si Martinón no formaliza el pago dentro del plazo previsto.

El magistrado también rechaza las solicitudes de Isla Marina para que se detallaran las modificaciones introducidas durante la tramitación del procedimiento o se aclarara el alcance de los pagos a los acreedores con privilegio especial, al entender que esas cuestiones exceden los límites de un incidente de aclaración y deberán plantearse, en su caso, mediante los recursos correspondientes. Del mismo modo, descarta las pretensiones de DTVT de alterar el sistema de pago previsto para la operación.