Canarias encuentra una nueva vía para intentar limitar la compra de casas por parte de extranjeros

La esperanza es lo último que se pierde. El Gobierno de Canarias lleva un año peleando por colar en Europa la petición de limitar la compra de vivienda a extranjeros en las Islas para reducir la presión sobre el mercado inmobiliario y facilitar a los canarios el acceso a una casa. La hazaña es compleja, la solicitud va –a priori– en contra de los tratados comunitarios relativos a la libertad de circulación y residencia, pero desde el Ejecutivo canario defienden que la realidad del Archipiélago, y especialmente de las regiones ultraperiféricas, requiere de un tratamiento diferenciado. La última ventana de oportunidad para Canarias se ha presentado con la estrategia europea Derecho a quedarse, un programa que se plantea desde la Comisión Europea –precisamente– para garantizar el derecho de los ciudadanos europeos a vivir en sus lugares de origen.

El Gobierno autonómico considera que la iniciativa, presentada el pasado 6 de mayo, casa a la perfección con la propuesta canaria. Las declaraciones de los representantes comunitarios sobre el nuevo programa dan alas al Ejecutivo canario. «Marcharse debe ser siempre una elección libre y nunca una obligación causada por la falta de oportunidades», apuntó el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Raffaele Fitto, tras la presentación de la propuesta.

Indicadores sensibles

Canarias considera que esa futura estrategia representa una oportunidad para reforzar la dimensión territorial de las políticas europeas mediante indicadores más sensibles a factores como el acceso a la vivienda, la intensidad turística, la presión sobre infraestructuras y servicios públicos o la salida de población joven. «Es otra oportunidad para insistir en lo mismo. Es una realidad que la Comisión no puede obviar, tiene que mirarla de frente», afirma el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo.

Canarias ha enviado una contribución al texto –que se publicará en el último trimestre del año– en la que recoge las presiones añadidas que se registran en estos territorios ultraperiféricos y donde deja claro que la vivienda es la principal limitación del derecho a quedarse en el Archipiélago. «Muchos jóvenes no pueden desarrollarse en su propio territorio y se ven obligados a emigrar, y si la idea de la Comisión Europea es avanzar en esa dirección, tiene que tener en cuenta una realidad que no se puede discutir», defiende Caraballo, quien insiste en que la problemática no solo afecta a Canarias, sino a muchos territorios europeos.

No es la primera vez que el Gobierno de Canarias aprovecha un proceso abierto en las instituciones comunitarias para tratar de introducir esta reivindicación. El Ejecutivo ya incorporó esta propuesta a las aportaciones remitidas para la renovación de la estrategia europea de las regiones ultraperiféricas, un documento que la Comisión Europea prevé presentar en septiembre. De momento, Canarias no ha recibido ninguna indicación sobre si sus planteamientos formarán parte del texto definitivo.

Último intento

La estrategia «Derecho a quedarse» tampoco será el último intento. El Gobierno autonómico tiene previsto presentar nuevas alegaciones en la consulta pública abierta por la Comisión Europea sobre el paquete de simplificación de la vivienda, cuyo plazo concluye el 30 de septiembre.

La reivindicación canaria también ha encontrado respaldo en el Estado. El Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó el pasado mes de enero a la Comisión Europea la importancia de permitir que Canarias pueda establecer límites a la adquisición de viviendas que no estén destinadas a residencia habitual, una propuesta alineada con la posición que desde hace meses defiende el Ejecutivo autonómico.

Desde el Gobierno de Canarias admiten que el recorrido de esta petición será largo y que modificar el marco comunitario no resulta sencillo ya que la propuesta choca con principios consolidados de la Unión Europea, pero Caraballo insiste en que el contexto ha cambiado. Después de más de cuatro décadas de España en la UE, sostiene que la realidad social y económica de territorios como Canarias ya no es la misma que cuando se diseñó el actual marco normativo.

«Las normas se tienen que adaptar a los cambios que se producen en la sociedad», defiende el viceconsejero. En su opinión, la intensidad de la crisis de acceso a la vivienda, unida a las singularidades de las regiones ultraperiféricas, obliga a abrir el debate sobre la adopción de medidas excepcionales y a adaptar las leyes a problemas que hace años no tenían la dimensión actual, especialmente entre la población más joven.

La presión sobre el mercado inmobiliario es uno de los argumentos a los que se agarra el Gobierno canario. Según los datos que maneja el Ejecutivo, alrededor del 35% de las viviendas vendidas en Canarias el pasado año fueron adquiridas por compradores extranjeros y, en la última década, cerca de 90.000 inmuebles han pasado a manos de ciudadanos de otros países. A ello se suma la evolución demográfica. Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística reflejan que en 2026 residen en el extranjero 212.780 personas nacidas en Canarias o con nacionalidad española vinculada al Archipiélago, una cifra que equivale aproximadamente al 10% de la población actual de las Islas y que prácticamente duplica la registrada en 2010, cuando eran algo más de 104.000 los canarios residentes fuera del país.

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