La patronal de la construcción alerta: 322 obras públicas en Canarias quedaron desiertas por precios inasumibles

Un total de 322 obras públicas por un importe de 456,66 millones de euros quedaron desiertas en Canarias entre 2025 y junio de 2026, según los datos difundidos por la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP). La organización atribuye esta situación a que las administraciones licitan actuaciones por debajo de los precios de mercado y al aumento de los costes que soportan las empresas.

En 2025 quedaron desiertas 252 obras valoradas en 197,47 millones de euros, mientras que durante los seis primeros meses de 2026 fueron 70 actuaciones por 259,19 millones. La asociación destaca que el importe acumulado hasta junio de este año supera en un 32% al correspondiente a todo el ejercicio anterior.

«El año 2026 no ha persuadido a las Administraciones Públicas respecto de su comportamiento en cuanto a licitar obras por debajo del precio de mercado», afirma la AECP en un comunicado. Según la organización, las administraciones, «lejos de corregir su actitud», han mantenido esta forma de proceder durante el presente ejercicio.

Por administraciones, los cabildos concentran el mayor importe, con 55 obras desiertas por 212,89 millones de euros. De esa cantidad, 41,30 millones corresponden a 39 actuaciones de 2025 y 171,59 millones a 16 proyectos contabilizados hasta junio de 2026.

Obras municipales

Los ayuntamientos reúnen el mayor número de actuaciones: 142 obras por un importe conjunto de 102,25 millones de euros. En 2025 se contabilizaron 104 proyectos por 74,19 millones, mientras que durante el primer semestre de 2026 fueron 38 obras por 28,05 millones.

El Gobierno de Canarias suma 48 actuaciones desiertas por 105,34 millones de euros. De ellas, 34 obras por 46,74 millones corresponden a 2025 y 14 proyectos por 58,60 millones al periodo comprendido entre enero y junio de 2026.

Por su parte, el Estado acumula 32 obras desiertas por 8,77 millones de euros: 30 actuaciones por 7,82 millones en 2025 y dos por 947.781 euros durante la primera mitad de este año. El apartado correspondiente al resto de organismos recoge 45 proyectos por 27,42 millones, todos ellos registrados en 2025.

En conjunto, ayuntamientos y cabildos concentran más de 315 millones de euros del importe total. La AECP señala en su comunicado que las administraciones locales «se llevan la palma», seguidas por el Gobierno de Canarias, que por sí solo representa más de 105 millones de euros.

Por provincias

La distribución provincial refleja que Las Palmas suma 137 obras desiertas por 297,96 millones de euros. En 2025 fueron 101 actuaciones por 97,10 millones, mientras que durante los seis primeros meses de 2026 se contabilizaron 36 obras por 200,85 millones.

En Santa Cruz de Tenerife quedaron desiertas 185 actuaciones por 158,71 millones de euros. De ese total, 151 proyectos por 100,37 millones corresponden a 2025 y 34 obras por 58,34 millones al primer semestre de 2026.

La asociación asegura que el sector se enfrenta a un doble problema. Por un lado, las empresas no pueden acudir a determinadas licitaciones porque las obras salen a concurso «a unos precios inasumibles». Por otro, deben soportar el aumento de los costes de actuaciones ya contratadas, que, según la AECP, «se convierten en inviables ante la volatilidad de los precios».

La organización sostiene que esta situación coloca a las empresas «en la tesitura de tener que abandonar las obras al no revisarse los precios», al superar el riesgo y ventura natural de su actividad. También alerta de que en el 36% de las licitaciones se presenta un solo licitador, lo que, a su juicio, pone en riesgo la concurrencia competitiva y la fortaleza del tejido productivo.

Llamamiento a la cordura

«Lo lamentable es que las Administraciones Públicas, además, “se jacten” cuando esto último ocurre», afirma el comunicado. La AECP asegura que suele advertir por escrito a los organismos públicos de estas circunstancias, pero que «en la gran mayoría de los casos» mantienen los concursos. Según la asociación, estos procedimientos pueden terminar con la obra desierta, con un único licitador o con dificultades durante su ejecución.

La patronal también critica que algunas actuaciones terminen adjudicándose a una empresa pública, que, según afirma, «terminará cobrando unas tarifas por ella misma impuestas» y superiores al precio por el que se licitó inicialmente la obra.

«Hacemos un llamamiento a la cordura, hacemos un llamamiento a la conciencia y responsabilidad pública para que depongan su actitud», señala la AECP. La asociación reclama a las administraciones que aborden el problema «de manera urgente, técnicamente solvente y políticamente responsable».